Golpeados con palos, cinturones y sujetos a otras formas de abusos, un grupo de trabajadores laboraban en una pequeña fábrica de ladrillos en el sur de India día tras día con la esperanza de escapar, de ser libres.
Tras una denuncia, oficiales del gobierno del estado de Tamil Nadu en India allanaron la fábrica. Lo que encontraron los sorprendió: más de 500 personas viviendo y trabajando bajo un sistema brutal y opresivo.
“Trabajábamos todo el tiempo. Sólo parábamos para comer”, dice Dambru Jani, de 20 años, quien fue rescatado. “Si intentábamos descansar ellos abusaban de nosotros y nos obligaban a trabajar”.
Saju Mathew es el director nacional de la Misión Internacional de Justicia, el grupo de derechos humanos que asistió al gobierno en la operación de allanamiento. Él dijo que aunque la India prohibió el trabajo forzado en 1976, la práctica de pagar un préstamo o un adelanto con trabajo previo, sin dinero, todavía existe.
“Lo primero que te preguntas es si son libres”, dice Mathew. “Te das cuenta que en el trabajo forzado el dueño decide cuándo comen, cuándo duermen, y si son libres de irse o no. Todos los términos de su vida son dictados por el dueño”.
A los trabajadores les dieron 10.000 rupias, o 225 dólares, como un adelanto a cada uno. Los llevaron a la fábrica de ladrillos a cientos de kilómetros de su hogar para que trabajaran ahí.
Ahí fue en donde el funcionario del gobierno, S. Kandaswamy, junto con autoridades policiales y la Misión Internacional de Justicia, allanó la fábrica y tomó al dueño por sorpresa. La gente del operativo también se sorprendió. Ellos esperaban encontrar a 200 personas adentro, pero hallaron a más de 500, incluyendo a mujeres y niños.
“Ellos trabajan por más de 14 horas al día”, dijo Kandaswamy. “A veces eran golpeados y algunos trabajadores se dijeron acosados. No tienen complejos médicos, el trabajo forzado es de lesa humanidad, así que debe terminarse”.
El dueño de la fábrica fue detenido y liberado. Las autoridades tienen tres meses para presentar cargos.
El gobierno organizó camiones para mandar a los trabajadores a una escuela cercana en donde se les dieron alimentos, protección policial, tratamiento médico y asistencia. También se les dio un certificado de libertad y 1.000 rupias, unos 25 dólares, que es la primera entrega de fondos rehabilitación que el gobierno proveerá.
También fueron organizados trenes especiales para regresar a la gente a su casa.