Tres de los presuntos secuestradores de la niña de 10 años, Nhora Valentina Muñoz, hija del alcalde del municipio colombiano de Fortul, fueron detenidos por la Policía Nacional, informó este miércoles la institución.
Los detenidos por este delito, que atrajo la atención de la comunidad internacional, pertenecen al Frente 54 de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), señalaron las fuerzas de seguridad en un comunicado.
Uno de ellos, sospechoso de aportar el vehículo con el que se realizó el secuestro, fue arrestado en un barrio del sur de Bogotá, la capital colombiana, y los otros dos, quienes presuntamente mantuvieron cautiva a la menor, fueron capturados en la localidad de Yospal, ubicada en el departamento de Casanare.
La policía solo identificó a uno de los detenidos con el sobrenombre de Richard.
Las autoridades afirman que una grabación difundida después de la liberación de la menor, el 17 de octubre, muestra que el secuestro causó tensiones entre el Frente 10 y el Frente 54 de las FARC.
“(En la grabación) el Décimo Frente advierte sobre el posible ajusticiamiento de los responsables de esa acción”, indicó la policía. “Se investiga precisamente si alias Richard y su cómplice capturado en Yopal fueron las personas retenidas por el Décimo Frente ante el reproche de esa facción terrorista por los hechos ocurridos en el departamento de Arauca”.
El secuestro de la niña y su madre, quien fue liberada posteriormente, ocurrió a finales de septiembre. Su padre, el alcalde Jorge Enrique Muñoz, declaró entonces que los secuestradores afirmaban que la estaban tratando “bien”.
Fortul, el municipio gobernado por Muñoz, se localiza en el departamento de Arauca.
Diecinueve días después, la niña fue liberada. Ella relató a periodistas que los captores la dejaron a la orilla de un camino, donde fue encontrada por campesinos que la llevaron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC).
La comunidad internacional condenó el secuestro. Una de las instituciones que exigió la liberación de la menor fue el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que calificó el delito como un “acto deplorable”.