MADRID (CNN) — El juez más conocido de España, Baltasar Garzón, fue este martes a juicio en Madrid, por segunda ocasión en dos semanas, acusado de abuso de su autoridad judicial durante su investigación sobre las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura de Francisco Franco.

Un panel de siete jueces del Tribunal Supremo de España escuchó su caso, una semana después de que en el mismo tribunal se llevara a cabo el primer juicio contra Garzón por presunto abuso de su autoridad judicial en un caso de corrupción financiera.

Garzón, de 56 años, fue suspendido de su cargo en 2010, en espera de los juicios. Si es declarado culpable, no iría a prisión, pero podría perder de forma permanente su derecho a ser juez en España.

Muchos observadores comentaron que el segundo juicio es el más importante en contra de Garzón, conocido internacionalmente desde 1998, cuando solicitó la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet, quien estaba en un hospital de Londres. Garzón lo acusó de asesinar a españoles en Chile y de crímenes de genocidio.

Reed Brody, de Human Rights Watchm, dijo que el juicio contra Garzón por su investigación de Franco “es la primera vez en una democracia consolidada” y en la Unión Europea en que un juez “es acusado de investigar abusos de los derechos humanos”.

“Garzón es juzgado por intentar aplicar en España los mismos principios que aplicó a nivel internacional. Una democracia necesita jueces que no tengan miedo”, dijo Brody en conferencia de prensa celebrada en Madrid el lunes, flanqueado por otros observadores internacionales que asisten al juicio.

En ambos casos, los fiscales estatales han solicitado retirar todos los cargos. Pero bajo la legislación española, también se permite una acusación particular, y es a través de este recurso que lo abogados de esas partes presionan para perseguir a Garzón.

El juicio de la semana pasada, por el denominado caso Gürtel, una trama de corrupción financiera y política, duró tres días, y ahora el panel de siete jueces debe dar el veredicto.

En el caso del martes, que involucra al régimen de Franco, un pequeño sindicato de servidores públicos llamado Manos Limpias, presentó una acusación contra Garzón, argumentando que él ignoró una ley de amnistía de 1977 aprobada por el Parlamento español, dos años después de la muerte de Franco.

“El Parlamento unánimemente aprobó la ley de amnistía. El juez Baltasar Garzón toma una postura como si estuvieran dementes. ¿En qué piensa?”, dijo Miguel Bernard, líder de Manos Limpias.

Bernard niega las acusaciones de los críticos de que su grupo es una pequeña tapadera de la extrema derecha, pero comentó a CNN que estaba orgulloso de recibir justo el mes pasado un reconocimiento por parte de la Fundación Francisco Franco.

Garzón dijo en mayo de 2010, cuando fue suspendido de su cargo como juez de instrucción en la Audiencia Nacional, que tomaba la deción “con calma, con la tranquilidad de saber que soy inocente de estos cargos”.

El alzamiento militar de Franco, en 1936, provocó tres años de Guerra Civil Española. El conflicto terminó cuando las fuerzas de Franco resultaron victoriosas sobre los combatientes republicanos y de izquierdas. La dictadura de Franco continuó hasta su muerte, en 1975. Aún siguen saliendo a luz las fosas comunes del régimen.

El martes, justo afuera de la corte, previo al inicio del juicio, Garzón dijo a CNN que estaba “bien”. Habló con sus abogados y partidarios, sonrió de oreja a oreja y parecía relajado. Afuera del juzgado, varios cientos de personas se manifestaron a favor de Garzón, mucho más gente de la que estuvo al inicio del juicio de la semana pasada.

Dentro del ornamentado edificio del sigo XVIII del Tribunal Supremo, varias personas, todavía en busca de los restos de sus familiares en las fosas comunes del régimen de Franco, entraron en la sala, justo al lado de Bernard de Manos Limpias. Pero los dos grupos opuestos al parecer no se reconocieron entre sí, y aparentemente no hubo intercambios de palabras.

El juicio inició con asuntos preliminares, en los que el abogado de Garzón pidió que el caso sea desechado. Entre las preguntas estuvieron el que, si un caso como éste podría continuar cuando sólo hay una acusación particular, y no es un fiscal estatal el que presenta los cargos.

En el caso de corrupción financiera que Garzón estaba investigando, y que todavía mantiene juicios vigentes en contra de los acusados ​​en diversas partes de España, Garzón ordenó vigilancia electrónica contra algunos acusados ​​que se encuentran en la cárcel, y algunas de sus conversaciones con sus abogados.

Estos abogados después presentaron una denuncia contra Garzón, al argumentar que él había excedido su competencia judicial al ordenar intervenciones telefónicas de sus conversaciones en prisión y que también violó sus garantías constitucionales.

Durante el juicio, Garzón dijo que sus órdenes no violaron sus privilegios de abogado-cliente y que la vigilancia electrónica fue respaldada por los fiscales. Se realizó, dijo Garzón, bajo la sospecha de que los acusados ​​en el escándalo de corrupción estaban inmiscuidos en lavado de dinero, incluso cuando estuvieron en prisión preventiva.

Los abogados de los acusados ​​de corrupción financiera exhortaron a la corte a delimitar claramente hasta dónde un juez puede ir al investigar presuntos delitos.

Garzón pasó 22 años como juez de instrucción en la Audiencia Nacional, la cual está a cargo de casos de terrorismo y otros casos delicados. Él ha investigado al más reciente líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden, al grupo terrorista vasco ETA, y a narcotraficantes.

En ocasiones anteriores, Garzón ha sido considerado un consentido de la derecha española o de la izquierda española, dependiendo de los casos que investigaba. Sus críticos dicen que es demasiado extravagante y que es demasiado presumido ante a las cámaras.

Desde su suspensión en 2010, Garzón ha trabajado como asesor jurídico fuera de España en casos referentes a los derechos humanos y asuntos judiciales, incluyendo América Latina.

Un tercer caso contra Garzón, por supuestas irregularidades judiciales vinculados a su organización de algunos cursos en la Universidad de Nueva York que tenían como patrocinadores a grandes empresas españolas, todavía está en fase de investigación y aún no se establece fecha para llevar a cabo el juicio.

También en este caso, los fiscales españoles no han presentado acusación, pero sí ha habido acusación particular.