Por Krupskaia Alís, CNN

Ayutla, Guerrero (CNNEspañol.com) – La Bienvenida a Ayutla, en el estado mexicano de Guerrero, no tendría nada de singular de no ser porque antes de poder entrar hay que pasar por la revisión de un retén vigilado por ciudadanos armados.

Es uno de los pueblos de la llamada Costa Chica, que ha decidido tomar la seguridad en sus propias manos porque, según aseguran, las autoridades han hecho poco para frenar a los grupos del crimen organizado que operan en la zona.

Una decisión de alto riesgo que ha tenido una respuesta. Dicen que los narcotraficantes los han amenazado para que desistan de este tipo de organización y, para demostrar que hablaban en serio, secuestraron a algunos de los integrantes de la Policía Comunitaria, como se les conoce.

Pero ellos contestaron: “Se le anunció que al tercer levantón, al tercer secuestro que nos hicieran con cualquier ciudadano de nuestro pueblo íbamos a hacer una limpieza total en el municipio de Ayutla o en toda la Costa Chica, si era necesario”, cuenta uno de los comandantes regionales.

Con el rostro cubierto y voz firme, señala que las amenazas no lo asustan, porque son muchos los que se han unido para ponerle un alto a la inseguridad.

“Yo creo que éstos quisieron medir fuerza y están viendo que aquí la fuerza la tiene el pueblo. No es un asunto de policía, es un asunto de pueblo ya. Porque pueblos enteros se han estado ya organizando y es a raíz de eso que surgió éste movimiento. Tenía que pasar porque nos estábamos cansando y ya mucha gente se cansó de esto”, afirma.

Y tan es personal que han definido con claridad lo que no van a permitir: “Ellos ofrecen lana (dinero), pero nosotros no nos prostituimos. Aquí el arreglo es no extorsiones, no mates, no levantones, no secuestros,, no violación sexual, de su porquería que vendan que está envenenado, estamos atacando al crimen organizado, que es de lo que estamos cansados”, agrega.

Siete comunidades de Guerrero, armadas y vigilantes, obligaron a una visita del gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero.
En una reunión en Ayutla con pobladores y autoridades locales, preguntó si la Policía Municipal estaba funcionando y los asistentes, al unísono, contestaron que no.

Aguirre Rivero les dijo que se debía de iniciar un proceso de depuración de las fuerzas municipales y estatales y a los que se demostrara un vínculo con el crimen organizado se tendrían que ir.

Pero fue más allá, además de ofrecer apoyo con el despliegue de fuerzas de seguridad, federales y estatales, no descartó ayudar a las policías comunitarias: “Si ustedes me ayudan como Policía Comunitaria a disminuir el delito y la delincuencia, pues yo no tengo inconveniente en apoyarlos económicamente, con mayor infraestructura y mejor equipo”, dijo el gobernador.

Para algunas organizaciones civiles, el asunto no es menor. Señalan que el hecho de que los pobladores se estén armando por cuenta propia evidencia la incapacidad del gobierno de brindarles seguridad o que en casos puntuales pareciera que el accionar de los cárteles los ha rebasado.

El antecedente inmediato a éste tipo de organizaciones se dio en algunos municipios de Michoacán, como Cherán, Urapicho y Paracho, donde por razones similares, los pobladores decidieron que, si no eran ellos, nadie brindaría seguridad a sus comunidades.

Y en eso están. Si no hay quien les ayude, afirman, pues serán ellos los que hagan frente al poder que los cárteles pretenden imponer.