Por Ben Brumfield, CNN
(CNN) – Esto puede sonar como todo un enigma legal: un jurado de Florida declaró no culpable a George Zimmerman por el asesinato de Trayvon Martin. Pero una corte todavía puede hacerlo responsable de la muerte.
La familia de Martin hasta ahora sólo ha comentado que quiere que el público respete el veredicto de la corte de Florida.
Dos opciones, no obstante, están disponibles: una demanda civil o una demanda de derechos civiles.
Aunque suenan similares, son muy diferentes.
Una demanda civil permite que una parte busque daños monetarios contra otra por causar daño físico o emocional, sin importar el resultado del juicio criminal.
Una demanda de derechos civiles implica cargos criminales por violar los derechos civiles de una persona, que están protegidos bajo la ley federal.
Demanda civil
Tomen por ejemplo lo que pasó con O.J. Simpson hace 17 años.
Después de que una corta criminal lo absolviera de los cargos por el asesinato en 1994 de su exesposa Nicole Brown Simpson, una corte civil lo hizo responsable en 1997 por su “homicidio culposo”.
Le ordenó pagarle a la familia de la mujer más de 33 millones de dólares por daños. Varias cortes luego le quitaron a Simpson cada bien que pudieron obtener.
Es más fácil probar un homicidio culposo que un homicidio calificado o un homicidio involuntario.
El acusado puede ser considerado responsable, incluso si no tenía la intención de causar la muerte de la víctima, según la ley de Florida.
Una simple negligencia es suficiente, si causa la muerte.
¿Actuó Zimmerman con negligencia cuando salió de su vehículo para perseguir a Martin mientras llevaba un arma, aunque el operador del 911 le dijo que no lo hiciera?
¡Estaría vivo el joven de 17 años si Zimmerman no lo hubiera hecho?
Esas son las preguntas que un abogado de la familia Martin seguramente preguntaría en una demanda de homicidio culposo.
La familia de Martin no ha dado indicios hasta ahora de querer presentar otra acción legal.
Pero sí lo han manifestado otras personas.
Demanda de derechos civiles
La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) busca que el Departamento de Justicia de estados Unidos presente una demanda de derechos civiles.
La asociación acusa a Zimmerman de discriminación racial que llevó a la muerte de Martin, una acusación que Zimmerman, su familia y sus seguidores han negado.
“El derecho civil fundamental —el derecho a la vida— fue violado en la noche en que George Zimmerman acosó y luego le quitó la vida a Trayvon Martin”, dijo el grupo.
El presidente de la NAACP, Benjamin Jealous le dijo a CNN el domingo que los comentarios hechos por Zimmerman y las personas que viven en su vecindario de Sanford, Florida, han generado preocupación dentro de la asociación.
“Cuando ves los comentarios (de Zimmerman), y cuando ves los comentarios hechos por jóvenes afroamericanos que vivían en ese vecindario sobre cómo se sintieron particularmente identificados como objetivos de ataque de Zimmerman, hay una razón para pensar que la raza fue un factor sobre por qué él atacó al joven Trayvon”, dijo Jealous.
Las acusaciones del líder de la NAACP generaron críticas el domingo de parte de Robert Zimmerman Jr., quien dijo que los interrogatorios del FBI ya demostraron que su hermano no es racista.
El reverendo Jesse Jackson le dijo a CNN el domingo que su grupo Rainbow PUSH Coalition también quiere que el Departamento de Justicia investigue posibles violaciones a los derechos civiles en este caso.
El Departamento de Justicia no ha respondido directamente a la solicitud de la NAACP. En este momento lleva a cabo una investigación federal paralela.
Es un camino legal que funcionó en el caso de Rodney King, a quien policías de Los Ángeles golpearon en 1991 tras una persecución vehicular.
La golpiza del afroamericano fue grabada en video y luego transmitida por noticieros.
Cuando una corte criminal no condenó a los policías blancos por el exceso, se presentaron revueltas en Los Ángeles por la presunta discriminación racial.
El Departamento de Justicia presentó una demanda de derechos civiles contra los oficiales, alegando discriminación racial , y dos fueron condenados en 1993.
Una corte los sentenció a 30 meses de reclusión en una prisión federal.
Catherine E. Shoichet contribuyó a este informe.