(CNN Español) – La ONG Human Rights Watch presentó un informe en el que vincula a altos mandos militares del Ejército de Colombia con casos de ejecuciones extrajudiciales generalizadas entre 2002 y 2008.
Según la ONG, “existen evidencias que indican que numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de ‘falsos positivos’, e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión”, por lo tanto, dice el informe, podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando.
“Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces”, indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, durante la presentación del informe en Bogotá este miércoles.
Vivanco agregó que muchos de los militares que estaban al mando durante ese periodo de tiempo “han conseguido eludir la acción de la justicia”.
Militares activos bajo investigación
Human Right Watch asegura haber obtenido grabaciones y transcripciones de testimonios prestados a la Fiscalía por militares implicados en falsos positivos que señalaron que sus superiores, incluidos generales y coroneles, presuntamente conocían, planificaron, ordenaron o facilitaron la comisión de estos crímenes.
HRW dice que la Fiscalía investiga al menos 3.000 de estos casos, en los cuales tropas del Ejército, presionadas para incrementar el número de bajas en la guerra contra grupos guerrilleros, asesinaron a civiles e informaron que se trataba de muertes en combate.
Dentro de los militares señalados de cometer estos crímenes se encuentra el general Jaime Lasprilla, actual comandante del Ejército colombiano, vinculado con 48 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Novena Brigada.
Así mismo, se vincula al General Juan Pablo Rodríguez, actual comandante general de las Fuerzas Militares, encargado de supervisar los tres cuerpos de las fuerzas militares de ese país, y está vinculado a 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada.
Así mismo, el general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército entre 2006 y 2008 es responsabilizado de 44 de estos casos; mientras que el general (r) Óscar González Peña, comandante de esa institución entre 2008 y 2010, es acusado de 113 ‘falsos positivos’, según el informe de 105 páginas publicado este miércoles.
Ejército responde
El Ejército Nacional de Colombia desestimó las declaraciones que se hacen en el informe y aseguró que los generales Rodríguez y Lasprilla no tienen antecedentes judiciales, según conoció CNN en Español.
Presentando documentos de oficiales expedidos por la Fiscalía y Procuraduría la institución castrense aseguró que apartado del informe referente a las investigaciones contra los dos militares activos “carece de veracidad”.
Sin embargo no se pronunció sobre el resto del informe y la responsabilidad del resto de los militares involucrados en los casos de ‘falsos positivos’.
Este miércoles, durante una ceremonia militar en la Escuela Miltiar José María Córdoba en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos rechazó el informe de la ONG y dijo que éste fue presentado sin “ninguna prueba documental”.
“Que no nos vengan a manchar la Institución. Escuchaba esta mañana que una ONG los señalaba sin ninguna documentación de soporte. Ellos están preocupados por su buen nombre y es apenas lógico, ellos le solicitaron a la Fiscalía y la Procuraduría el registro de sus antecedentes, que demuestran que no hay ni una sola investigación en su contra”, expresó Santos en Bogotá.
El periodo en el que se realizaron los asesinatos de civiles para ser reportados como guerrilleros muertos en combate, según el informe de HRW va desde 2002 hasta 2008, cuando fue presidente Álvaro Uribe Vélez. El actual presidente Juan Manuel Santos se desempeñó como ministro de Defensa de ese país entre 2006 y 2009.