(CNN) – Más de 40 doctores, enfermeras, profesores y otros trabajadores humanitarios han firmado una carta abierta dirigida al gobierno australiano, en la que desafían un nuevo proyecto de ley que pondría a los informantes en la cárcel por revelar las condiciones de los centros de detención de Australia.
La Australian Border Force Bill, la cual entró en vigor el miércoles, permite una sentencia de cárcel de hasta dos años para aquellos que hablen públicamente sobre los centros de detención sin el permiso del gobierno.
John Paul Sanggaran, un doctor que solía trabajar en un centro de inmigración en la Isla de Navidad —un territorio de Australia en el Océano Índico— está circulando una carta abierta dirigida al primer ministro Tony Abbott, en la que “desafía al departamento a que inicie un proceso judicial” contra él y otros por exponer el “deplorable estado de los derechos humanos” para quienes buscan asilo en los centros.
“Hemos defendido, y seguiremos defendiendo la salud de aquellos a quienes tenemos el deber de cuidar, a pesar de las amenazas de encarcelamiento, porque mantenerse al margen y observar una atención de calidad inferior y perjudicial, maltrato infantil y violaciones graves a los derechos humanos no es justificable desde el punto de vista ético”, indica la carta.
“Si somos testigos de maltrato infantil en Australia estamos legalmente obligados a informar al respecto a las autoridades de protección de menores. Si somos testigos de abuso de menores en centros de detención, podemos ir a la cárcel por intentar defenderles de manera efectiva”.
Establecer un límite
Sanggaran le dijo a CNN que los abusos a los derechos humanos que tienen lugar en los centros de detención han sido documentados durante aproximadamente una década.
“Existe una larga letanía de lo que está pasando en la detención de inmigrantes en Australia”, dijo por teléfono.
“Espero que esto establezca un límite en relación a que no seremos silenciados en favor de aquellos a quienes tenemos el deber de cuidar. Debemos seguir hablándole a aquellos que actualmente se encuentran dentro de la detención de inmigrantes y están preocupados por las cosas que ven, animarlos a dar un paso al frente (y brindar información), la cual debería estar disponible para el público australiano”.
Varias organizaciones, entre ellas la Asociación Médica Australiana, Royal Australasian College of Physicians, Australian College of Nursing, Australian Lawyers Alliance, junto a varios sindicatos de maestros, también han expresado su oposición.
“La nueva ley en esencia pone a los doctores en un dilema cuando tratan a los detenidos y a quienes buscan asilo si les preocupa la forma en la que se les brinda asistencia médica”, dijo Brian Owler, presidente de la Asociación Médica Australiana.
Él le dijo a CNN que el proyecto de ley se extiende a cualquier persona que haya sido contratada para trabajar en un centro de detención, como los trabajadores que brindan servicios de seguridad o alimentación.
“No existe un razonamiento evidente sobre por qué eso es necesario”, añadió.
Crisis de migrantes asiáticos
El nuevo proyecto de ley surge luego de la crisis de migrantes del Sudeste Asiático, en la que miles de refugiados —principalmente musulmanes rohingya de Birmania y Bangladesh— han quedado varados en el mar.
La administración de Abbott ha promulgado estrictas leyes para quienes buscan asilo a fin de frenar la afluencia de refugiados. Desde 2013, quienes ingresan a Australia por mar ya no pueden permanecer en el país mientras se procesan sus peticiones de asilo. En su lugar son trasladados a controvertidos centros de detención costa afuera en la Isla Manus en Papúa Nueva Guinea o en Nauru.
El mes pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que funcionarios de aduana australianos le pagaron a los traficantes de personas para que regresaran un bote a Indonesia, una medida que fue ampliamente condenada por muchos defensores de derechos humanos. El gobierno australiano no negó haber hecho el pago.
“Lo que hacemos es detener a los botes por cualquier medio posible, porque eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que hemos logrado hacer exitosamente”, dijo el primer ministro Abbott en una entrevista con los medios australianos el mes pasado.
‘Efecto disuasorio’
Una declaración de Peter Dutton, el ministro de Inmigración y Protección Fronteriza de Australia, se negó que el proyecto de ley suprimiría los informes de abusos a los derechos humanos.
“Este buscará investigar las filtraciones de información sensible desde el punto de vista operacional; sin embargo, el público puede estar seguro de que no impedirá que las personas se expresen acerca de las condiciones en los centros de detención de inmigrantes”, indicó la declaración.
También señaló que había “protecciones líder a nivel mundial para los informantes” en Australia.
Pero el vocero de la Asociación Australiana de Abogados no estuvo de acuerdo.
“Existen defensas muy limitadas disponibles”, dijo Barnes. “Una persona puede revelar información sin obtener autorización si la vida de una persona se ve amenazada, pero en la mayoría de los casos, si es más generalmente, ellos estarán propensos a que se inicie un proceso judicial bajo la nueva ley y no tendrán defensa”.
“No es tanto en caso de abuso para un individuo en particular, sino por ejemplo, un maestro que trabaja en la Isla Manus, quien concede una entrevista acerca de las terribles condiciones en las escuelas o el nivel de hambre en los niños. Esa persona podría sentir una fuerte obligación moral de alzar la voz, pero no estaría protegido bajo esta legislación”.
Barnes dijo que esto tendrá un efecto disuasorio e impedirá que las personas se expresen.
“Evidentemente está diseñado para hacer que el mundo no entienda la crueldad de los centros de detención australianos”.