(CNNExpansión) – La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó este lunes al Congreso de Coahuila quitarle el fuero a la diputada del PAN Lucero Sánchez López, quien es investigada por su relación con Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa.
De acuerdo con fuentes de la dependencia, la PGR consiguió la constancia de mayoría que acredita a Lucero Guadalupe Sánchez López como diputada local, con lo que inició el trámite para el desafuero de la legisladora.
La constancia de mayoría relativa es un documento expedido por el presidente del Consejo Local a los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos en las elecciones. Este requisito es el paso previo para reiniciar en los próximos días el juicio de declaración de procedencia con el que se buscará quitarle el fuero parlamentario a la legisladora para que enfrente cargos por delitos federales.
Sánchez López fue retenida el pasado 20 de enero en cumplimiento de una orden de localización y presentación, girada por el Ministerio Público de la Federación; la legisladora local estuvo 20 horas declarando en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
La procuradora general Arely Gómez dijo que tenían pruebas de que la diputada realizó visitas al narcotraficante el 31 de diciembre de 2014 en el penal del Altiplano usando credenciales falsas.
Ante la solicitud de desafuero de Sánchez López, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia.
El PAN informó en un comunicado que sus legisladores en el Congreso coahuilense votarán a favor del juicio de procedencia.
Insistió que evitar que el crimen organizado se infiltre en los órganos de gobierno es un asunto de la máxima importancia, que requiere de visión de Estado y de plena responsabilidad de todos y “(el PAN) no defenderá a persona involucrada en delito alguno”.
Los senadores y diputados mexicanos —así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución— tienen fuero que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen: Parlamento, Congreso o Asamblea.