(HLN) – Un juez federal en California le ordenó el martes a Apple que ayudara al gobierno en la recopilación de datos del teléfono de Syed Rizwan Farook, uno de los atacantes responsables de la muerte de 14 personas durante el tiroteo que hubo en San Bernardino, California en diciembre.
Parece bastante simple: una solicitud de ayuda para investigar un acto de terrorismo.
Sin embargo, según la carta abierta que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, le escribió a sus clientes, la solicitud es “sin precedentes”, es una “extralimitación” y tiene implicaciones “escalofriantes”.
Apple tiene los medios técnicos para ayudar en la investigación sobre lo ocurrido en San Bernardino, pero se ha negado a ayudar, según los fiscales federales. Cook dice que lo que el gobierno les está pidiendo actualmente no existe. De hecho, Apple específicamente diseñó su sistema operativo para cifrar datos, de modo que ni siquiera la compañía puede acceder a ellos.
Para tener acceso a los datos en el teléfono, el FBI quiere una forma de probar tantas claves como sea necesario, tan pronto como sea posible, sin que se borren los datos del teléfono. Para hacer esto, están solicitando un iOS modificado solo para ellos que funcione solo en este dispositivo, y están usando la ley All Writs Act de 1789, un amplio estatuto del siglo XVIII, para obligar a Apple a que lo haga.
“Generalmente, las compañías sí tratan de colaborar en las investigaciones. Sin embargo, el gobierno no está pidiendo información que Apple tenga”, dijo Irina Raicu, directora del programa de éticas de Internet en el Centro Markkula para la Ética Aplicada en la Universidad de Santa Clara. “Ellos están pidiendo un nuevo software que haría posible que Apple entrara a los teléfonos de sus clientes, algo que va en contra de las promesas que Apple le ha hecho a sus clientes sobre sus productos”.
Cook afirma que crear la función representa una puerta trasera de seguridad, o una forma de evitar las funciones de seguridad que pueden hacer que el software o el hardware sea vulnerable a los hackers,
Y esta es una pendiente resbalosa, advierte Marc Goodman, asesor de seguridad global y presidente de políticas y derecho en la Universidad de la Singularidad. “Al momento en el que Apple obedezca habrá cientos, si no es que miles de solicitudes. Este es un caso de terrorismo, pero luego vendrá un asesinato, un fraude fiscal, y luego demandas civiles como procedimientos de divorcio”.
Goodman también hizo referencia a lo siguiente: “¿Qué pasa cuando sea el gobierno chino, ruso o iraní el que presente los papeles?
Por la carta de Cook se sabe que es el gobierno de Estados Unidos el que busca la información. Él escribe que con esta solicitud bajo la ley All Writs Act de 1789, el gobierno podría tener el poder de acceder a tu información financiera, a tu información de salud, a la cámara e incluso al micrófono de tu teléfono sin que te des cuenta.
“Esto gira en torno a la confianza… entre las compañías y los clientes, los ciudadanos y el gobierno, Silicon Valley y Washington”, dijo Raicu, en referencia a las revelaciones del informante de la NSA, Edward Snowden, como el punto donde se perdió la confianza entre las compañías de tecnología como Apple y el gobierno de Estados Unidos.
Esta no es la primera pelea entre Apple y el gobierno bajo el disfraz de la ley All Writs Act.
En octubre de 2015, por ejemplo, el Tribunal de Distrito del Distrito Oriental de Nueva York le ordenó a Apple que ayudara a desbloquear un iPhone en el caso de Estados Unidos vs. Jun Fen, un caso en contra de un hombre acusado de poseer y distribuir metanfetaminas. La respuesta de Apple fue que hacerlo era una carga excesiva, que desviaba las horas de trabajo de sus operaciones de negocios, podía obligar a sus ingenieros a testificar en un juicio y perjudicaría la confianza que tienen con los clientes y por lo tanto, con la marca de Apple.
La respuesta de la corte detalló casos en los que Apple, de hecho, ya había ayudado a los investigadores a sobrepasar contraseñas: un caso de explotación infantil de 2008 en Nueva York y otro caso de explotación sexual en Washington, D.C.
Feng más adelante se declaró culpable, pero estuvo claro que esta no sería la última batalla entre la aplicación de la ley y las compañías privadas por el acceso a los datos de teléfonos inteligentes.
Tanto Raicu como Goodman dijeron que, por lo que ellos sabían, el gobierno tiene otras herramientas a su disposición para esta investigación. “Hace cincuenta años, no teníamos teléfonos inteligentes ni Internet, y la policía aun así podía hacer su trabajo”, dijo Goodman. “Existe información adicional en 47 sitios distintos. Ellos probablemente han analizado computadoras, han citado a la compañía que ofrece los servicios telefónicos, han entrevistado a sus amigos y familiares y han analizado sus viajes al extranjero. Una investigación no depende de una única pieza de información”.
Este desafío probablemente no será la última vez que el pueblo estadounidense tendrá la discusión acerca de sopesar los beneficios de la seguridad pública versus los costos de la privacidad personal. Nuestro marco legal actual tiene demasiadas lagunas como para ser útil. “Tenemos un conjunto de leyes de privacidad… algunas aplican al gobierno federal, pero no a los negocios, algunas solo aplican en un contexto de salud, algunas son para proteger a los niños menores de 13 años, pero no a otras personas. La mayoría de las leyes que vemos provienen de los estados”, dijo Raicu.
California, donde se encuentra Apple, está al frente de ese movimiento, dijo, e hizo énfasis que el artículo I de la Constitución de California menciona la protección de la privacidad como un derecho humano.
El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, quien sin duda enfrentará batallas similares, expresó su apoyo hacia la posición de Cook en Twitter.
“Tienes que admirar al director del FBI, James Comey, y a lo que está tratando de hacer por la seguridad pública y el pueblo estadounidense”, dijo Goodman. “Sin embargo, él también tiene la responsabilidad de apoyar y proteger a la Constitución, lo cual le da a las personas el derecho a estar seguras en nuestros papeles y efectos”.