Los peligros para un exguerrillero no terminan cuando se entrega o se fuga. Estando en la ciudad otros miembros de su grupo pueden vengarse por haber desertado o porque puede dar información; si fue de la guerrilla suele recibir intimidaciones de los paramilitares y viceversa, y está expuesto al estigma de ser excombatiente, a la presión de los grupos delincuenciales que quieren reclutarlos, y también está en riesgo de reincidir.
“A mí me buscan a cada rato para que me devuelva con ellos”, admite Vilma*, una desmovilizada de las autodefensas de Colombia que pidió que se protegiera su identidad por seguridad. “Yo les digo que ahora mismo tengo trabajo, que por el momento no. No les digo que no a secas porque me da miedo, pero así se van y no me molestan por un rato”.
Vilma se unió a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que se consolidó en Colombia hacia el final de la década de los 80 para combatir a los grupos ilegales de izquierda, porque las FARC asesinaron a su hijo y quiso buscar justicia por sus propias manos.
En las AUC era la encargada de atender a los heridos y un día encontró entre los cadáveres a la hija adolescente de una amiga de su pueblo. En ese momento supo que ya había sido suficiente. Hace más de 10 años se desmovilizó y tuvo que retomar su vida en otra ciudad distinta a la que nació porque constantemente recibía amenazas de la guerrilla.
“Tengo un familiar que lleva mucho tiempo enfermo y ya está en las últimas. Me gustaría ir al pueblo a visitarlo, pero no puedo… La última vez me mandaron una carta, que si no desaparecía en 24 horas de tal lugar me mataban. Tuve que escapar. Afortunadamente no le han hecho nada a mi familia”. Actualmente Vilma no tiene protección pues su caso se ha considerado como de riesgo leve y las amenazas suelen llegar a su pueblo natal, y no al lugar donde ahora reside.
Según cifras de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR), de las más de 48 mil personas que han empezado el proceso de reintegración, el 5,3% ha sido asesinado y el 9,3% enfrenta riesgos o amenazas a su seguridad.
“En una proporción importante son amenazas generadas por grupos al margen de la ley. Se trata de intimidaciones, atentados y persecuciones. Son tildados de traidores porque se fugan, y si los desmovilizados contribuyeron con información que permite operaciones militares o policiales, se incrementa ese riesgo”, dice William Armando Fonseca, asesor de seguridad de la ACR.
Fonseca explica que cada una de esas situaciones que se determinan como riesgosas ha sido evaluada individualmente por la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada también de brindarles ayuda y protección si fuera necesario.
Según un fallo de la Corte Constitucional de Colombia en 2003, los desmovilizados son clasificados como población vulnerable, por lo que el Estado debe prestarles asistencia para salir de esa situación. “Cuando llegan a ciertas comunidades normalmente tienen problemas de seguridad si allá operan las bandas criminales, las pandillas, las oficinas de negocios ilícitos que quieren reclutarlos. Y cuando les dicen que no porque están estudiando, por su familia, porque tienen empleo… entonces aparecen amenazas por parte de esos grupos”, añade Fonseca.
En los casos de riesgo leve, se les pide a los desmovilizados que practiquen la autoprotección: mantener un perfil bajo, no revelar su identidad a personas desconocidas, variar sus rutas de desplazamiento, ser reservados con su pasado y evitar las confrontaciones, entre otras. Además, la Policía Nacional les brinda vigilancia periódica.
En los casos más graves, a algunos desmovilizados se les han asignado vehículos blindados, chalecos antibalas y escoltas. Si el riesgo es extraordinario, se les presta un auxilio económico para que salgan de la ciudad donde habitan y se asienten en otra.
El estigma de ser exguerrillero o exparamilitar
Vilma recuerda el primer trabajo que tuvo después de desmovilizarse. Se sentía orgullosa y tranquila en ese lugar donde hizo buenas amigas. A una de sus más allegadas decidió contarle un día sobre su pasado.
“Uno no habla de eso porque la gente se asusta. Pero a ella le conté todo porque le tenía confianza. Le dije todo… . Ella se puso mal y le contó a todo el mundo indignada que por qué dejaban trabajar gente como yo en ese lugar”, recuerda Vilma. Al poco tiempo renunció pues sentía la incomodidad de las personas con ella.
Ser exguerrillero es cargar con un estigma social. Conseguir empleo, rentar un apartamento y hasta socializar con otras personas se vuelve un reto. Por eso muchos se esfuerzan por mantener su pasado oculto; hay desmovilizados que están casados y sus parejas no saben que fueron combatientes.
En la población colombiana hay un temor latente de que estas personas puedan reincidir, ser individuos violentos o más propensos a cometer crímenes; es común la percepción de que al dejar las armas los desmovilizados se vuelquen hacia otra forma de delinquir. Actualmente en Colombia hay unos 50.000 exguerrilleros y exparamilitares viviendo como cualquier ciudadano.
¿Es común que reincidan? Según la ACR, el 76% de los guerrilleros que entran al proceso de reintegración lo culminan y viven en la legalidad. Del porcentaje restante, el 10% se une a las bandas criminales emergentes de Colombia o regresa a las filas del grupo al que pertenecieron y un 14% es expulsado del programa por cometer un delito o no asistir a las citas programadas.
*Su nombre ha sido cambiado por seguridad