Nota del editor: Roberto Izurieta es analista político y profesor de la Universidad George Washington. Fue director de comunicación del presidente de Ecuador Jamil Mahuad del partido Democracia Popular entre 1998 y 2000; además fue asesor de los presidentes Alejandro Toledo en Perú, Álvaro Colom en Guatemala y Horacio Cartes en Paraguay y participó en la campaña de Enrique Peña Nieto en México. Es colaborador político de CNN en Español. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
Cuando analizamos la salida de un presidente elegido por las urnas, lo grave es que tendemos a juzgarlo conforme a nuestras simpatías o antipatías y no desde el punto de vista legal y constitucional. Por ejemplo, a la mayoría de gente que no le gusta Nicolás Maduro, no le importaría si llega a salir legal y constitucionalmente y así con todos de acuerdo a la simpatía partidista, ideológica o personal más que la base legal de tal o cual salida.
Por eso, es importante definir bien los criterios para calificar si la salida de un presidente es legal y en tal sentido democrática, y de esta manera para poder juzgar a todos por igual: con la misma vara de la legalidad constitucional. Otra opción más radical y profesional sería que cada caso sea analizado por abogados constitucionalistas de cada país; pero la realidad es que cuando un presidente se cae o afronta un proceso de destitución, es un proceso político y en tal sentido quiero dejar claro estos criterios, que en realidad pueden ser más políticos que constitucionalistas.
En los últimos años han sido destituidos Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez (estos tres de Ecuador en un lapso menor a 10 años), Fernando De la Rúa, Manuel Zelaya, Fernando Lugo, Otto Pérez Molina, Dilma Rousseff (por lo pronto suspendida) y se está discutiendo el futuro de Nicolás Maduro.
Para que un presidente o presidenta sea removido del poder hay que remitirse a las leyes internas de cada país. Veamos esos casos recientes en la región:
Paraguay es el país donde estas leyes son las más “ágiles” y “flexibles” y prácticamente todo depende de lo que decida el Congreso. En términos prácticos Paraguay es el único gobierno parlamentario de América Latina. Por eso fue que la destitución de Fernando Lugo en 2012 fue tan rápida. La destitución tuvo las 2/3 partes de la votación y en tal sentido fue legal y democrática.
Cabe recalcar que en casi todo sistema democrático, el poder legislativo es el primer poder del Estado y por lo tanto, en casos de crisis, irrupción legal u otros, puede ser (y en mi opinión debe ser) el poder legislativo y/o el poder judicial el que dirima si algo es legal o no.
Lastimosamente, en América Latina, la tradición legal, profesional y de independencia del poder judicial está muy en duda en casi todo nuestros países. Por el contrario, en Estados Unidos la Corte Suprema tiene enorme credibilidad y basada también en su marco constitucional, fue la Corte Suprema de Justicia la que en definitiva dirimió en la crisis política electoral del 2000, pues con su resolución pasó a ser elegido George W. Bush como presidente.
Vamos al caso de Ecuador, que ha destituido a tres presidentes desde los años 90. Abdalá Bucaram fue removido de su cargo en 1997 por mayoría simple cuando la ley establecía que debía ser por 2/3 partes de los votos. Luego que apareciera un triunvirato civil militar en enero del año 2000, el Congreso le aceptó a Jamil Mahuad una renuncia que nunca aceptó, firmó o presentó. A Lucio Gutiérrez, simplemente lo destituyó el Congreso en 2005 sin causal tipificada en la Constitución o la ley. O sea, estos tres presidentes fueron destituidos de manera ilegal y no lo considero democrático: pero por oportunismo (o conveniencia), tanto la comunidad internacional como los medios de comunicación, se hicieron de la vista gorda al respecto y callaron en su denuncia.
La destitución de Manuel Zelaya en Honduras en 2010 fue muy debatida, pues tenía causal y amplia mayoría legislativa pero cometieron el grave error de sacarlo a la fuerza del país primero y luego destituirlo mediante un juicio político. Y en la ley: “el orden de los factores, sí altera el producto”.
En Guatemala, el Congreso, con más de 2/3 partes votó en 2015 por quitarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina y en horas se le dictó la orden de prisión y fue del palacio a la cárcel. Todo conforme a la ley guatemalteca. Nadie cuestionó dicho proceso.
En el caso de Dilma Rousseff, aunque las razones del proceso en su contra para algunos pueden sonar irrisibles (como lo fue la rapidez del proceso de destitución de Lugo), el desarrollo para el juicio político en Brasil ha seguido su curso legal en el Congreso y el Senado. Por lo tanto, en mi opinión y siguiendo los criterios usados para analizar los procesos anteriores, la suspensión de Dilma fue legal y democrática.
Cuando en los años 70 Richard Nixon (y muchos otros líderes de naciones económicamente más desarrolladas) afrontó un proceso similar, tuvo la decencia de renunciar para evitar que el país pasara por un proceso legal y político que todos sabían cuál seria el resultado final y solo le haría más daño a sí mismo y al país.
¿Y que pasará con Maduro?
En primer lugar dejemos claro que un sistema democrático no se define por el simple hecho de que su gente vota: pues se vota en Cuba, se votó con Augusto Pinochet en Chile, con Alfredo Stroessner en Paraguay, con Francisco Franco en España, con Adolf Hitler en Alemania y con Rafael Trujillo en República Dominicana.
El sistema democrático está definido, desde los griegos, romanos, franceses, ingleses y norteamericanos por la división de los poderes del Estado para limitar el poder del líder (y evitar el autoritarismo) y balancear el poder entre otros poderes del Estado: principalmente el legislativo y judicial. El objetivo de este marco legal es claro: la defensa de los derechos de los ciudadanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales).
Excepto por la Asamblea Nacional, el Gobierno de Maduro concentra todo el poder del Estado y por eso le es tan fácil limitar el poder legislativo hasta volverlo irrelevante: sobre todo en lo que respecta a liderar cualquier proceso de destitución. No considero que el Gobierno de Maduro califique como un gobierno democrático. Y si vemos la historia, casi todas las tiranías y dictaduras cayeron por la fuerza (externas, militares, civiles, etc.).
Temo que cualquier proceso de revocatoria de su mandato será interrumpido, con cualquier razón en cualquiera de las instancias del Estado que el Gobierno de Maduro controla, o sea todas, menos la Asamblea. Lastimosamente, la historia nos dice que cuando se cierran las puertas de la democracia y la libertad, se abren las puertas de la protesta y la violencia.