Nota del editor: José Rafael Espinosa es abogado, politólogo y magister en Derecho de la Universidad de los Andes, magister en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago (EEUU). Ha sido investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), profesor universitario y actualmente es asesor en el Ministerio de Educación. Para la elaboración de este artículo no se hizo uso de recursos públicos. Síguelo en Twitter @joserespinosa
El acuerdo del gobierno de Colombia con las FARC es imperfecto, sí, pero voy a votar SÍ en el plebiscito el 2 de octubre. Veamos dos temas que percibo como los dos más controversiales y luego explico por qué a pesar de ellos voy a votar SÍ.
Primero, sobre si el acuerdo genera impunidad. El acuerdo dice que los delitos menos graves (como por ejemplo el delito de rebelión o de porte ilegal de armas) serán amnistiados, mientras que los más graves (delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, etc.) sí serán investigados, juzgados y sancionados.
Pero hay tres tipos de sanciones: aquellos que no colaboren con el sistema de justicia, y que después sean encontrados culpables deberán pagar una pena de cárcel de 10 a 20 años; aquellos que sí colaboren, pero lo hagan tarde, pagarán una pena de cárcel de 5 a 8 años; y quienes colaboren plena y oportunamente pagarán otro tipo de penas: una “restricción efectiva de la libertad” (por ejemplo, no poder salir de una vereda) y además un conjunto de medidas de reparación a las víctimas (como desminado de territorios o construcción de infraestructura para las víctimas).
Sí es cierto entonces que algunas personas no irán a la cárcel y que recibirán sanciones más suaves. Pero es falso que vaya a haber impunidad, pues todos los delitos sí serán investigados, juzgados y sancionados.
Segundo, la participación política de las FARC. Por dos periodos legislativos, el acuerdo les garantiza 5 curules en el Senado (donde hay 102 curules) y 5 en la Cámara (donde hay 166 representantes). Además, también durante dos periodos legislativos, se crean 16 curules en la Cámara de Representantes para que sean ocupadas por personas que habitan en territorios de conflicto o personas desplazadas que quieren retornar. No es cierto que estas 16 curules sean para las FARC, pero sí es cierto que es muy posible que quienes resulten elegidos sean sus simpatizantes.
Entre otras cosas, me habría gustado que el acuerdo incluyera sanciones más fuertes para quienes cometieron delitos graves y que el número de curules garantizadas fuera menor. También es cierto que la implementación será difícil, que seguramente no todos se desmovilizarán, que el narcotráfico no se acabará, que habrá desacuerdos en la interpretación de los acuerdos, en fin. Pero a pesar de eso, de la imperfección del acuerdo, de que no resolverá todos los problemas y de la dificultad de su implementación, votaré SÍ.
Primero, porque evitaremos víctimas. La violencia no terminará del todo, pues muy probablemente algunos integrantes seguirán en la criminalidad, pero las FARC como organización armada desaparecerá y el conflicto con ellas cesará. Lo esperanzador es que, aún durante la negociación, ya hemos podido tener una muestra de lo que esto significa. Según datos de CERAC, mientras que en 2013 hubo 452 muertos por el conflicto armado, en 2016 llevamos cuatro. Pensemos entonces en todas las víctimas —de asesinatos, secuestros, desapariciones, etc.— que gracias al acuerdo nunca lo serán.
Segundo, porque el acuerdo nos lleva a pagar deudas históricas. Infortunadamente tuvimos que necesitar de un acuerdo con la guerrilla para que el Estado se pusiera las pilas y ponga en marcha una serie de políticas públicas destinadas a fortalecer el sistema democrático y a cerrar brechas entre el campo y la ciudad. El acuerdo, entonces, traerá una mayor atención del Estado en educación rural, infraestructura rural, salud rural, etc., y además permitirá hacer más equitativo el sistema político (por ejemplo, a través de un estatuto de la oposición).
Tercero, porque si bien yo hubiera preferido sanciones más fuertes para quienes colaboren plena y oportunamente, el acuerdo adopta un enfoque que es novedoso. Antes de preguntarse qué se necesita para sancionar a los responsables, se pregunta qué es lo que necesitan las víctimas y trata de encontrar un balance entre esas diferentes necesidades. Por esa razón, incluye no solo un mecanismo judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz, sino además otros mecanismos para satisfacer derechos de las víctimas: la Comisión de la Verdad, una Unidad para Búsqueda de Personas Desaparecidas y medidas de reparación integral como por ejemplo los actos de reconocimiento de la responsabilidad colectiva. Estos componentes, además, están integrados: solo quienes reconozcan la verdad y la responsabilidad podrán ser beneficiarios de las penas alternativas.
Cuarto, lo más probable es que una renegociación de los acuerdos sea imposible. Si no se aprueba el plebiscito, tanto las FARC como el gobierno de Santos quedarán mal parados frente a la contraparte y frente a sus propias bases. Aunque las FARC hayan dicho que no se levantarán de la mesa, lo más probable es que se rompa el cese, pues la guerrilla buscará aumentar su fuerza en la mesa de negociación. Se necesitará otro gobierno, más tiempo y muy probablemente más guerra para poder volver a cerrar una negociación.
Y quinto, porque este voto tiene una dimensión empática. Las personas privilegiadas que no hemos vivido el conflicto desde las trincheras tenemos una gran responsabilidad y debemos ser empáticos y ponernos en el lugar de las personas que han tenido que vivir con esta violencia cotidianamente. Durante 52 años, quienes han estado en el poder han entregado a las siguientes generaciones, a los jóvenes, un país en guerra. Esta vez los mismos jóvenes tenemos la oportunidad de votar para evitar que esa herencia cruel continúe. Votar SÍ ayudaría a romper esa violencia cotidiana y permitiría que esa realidad se transforme.
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