(CNN) – La Corte Constitucional de Colombia aprobó por ocho votos contra uno la vía rápida para la implementación de los acuerdos de paz por parte del Congreso, conocida como ‘Fast-Track’.
La decisión, dada tras cuatro sesiones del alto estamento judicial, le permite ahora al Legislativo aprobar iniciativas y convocar sesiones extras para armar el marco legal para los acuerdos suscritos por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Congreso, según su presidente, Mauricio Lizcano, entrará desde este martes en sesión permanente.
Así reaccionan los guerrilleros de las FARC
Un guerrillero de las FARC en el campamento Nueva Colombia en las montañas del sur del país siguió con atención la noticia de la aprobación ‘fast-track’ para implementar acuerdo de paz. Exclusivo CNN en Español.
“La pelota la tenía la Corte (Constitucional). Si ellos quedaban en la historia como los malos del paseo no aprobando el proceso, ahí sí…. Ahora sí vamos derecho. El temor de nosotros es que si lo hacen en vía ordinaria, nos modifican las cosas. Ahí pasa derecho, yo sabía”, dice alias ‘Juan José’.
¿Qué tan importante es el ‘Fast-Track’ para el acuerdo de paz en Colombia?
Ese Acto Legislativo por la Paz o Fast-Track se aprobó en el Congreso en junio pasado y creó un procedimiento especial para tramitar las reformas legales y constitucionales que se deriven de los acuerdos, además de otorgarle facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para expedir decretos con fuerza de ley, exclusivamente relacionados con el desarrollo del acuerdo de paz. Esas facultades extraordinarias tienen una duración de 90 días, prorrogables por una sola vez, por 90 días más.
Como lo explica Andrea Celemín, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, se trata de un “acto legislativo sui géneris en el derecho constitucional colombiano” que plantea varias transformaciones importantes.
La primera es que “reduce el número de debates requeridos por el procedimiento legislativo ordinario” para aprobar proyectos de ley y proyectos de acto legislativo (los que modifican la Constitución).
Normalmente, los trámites de nuevas leyes en el Congreso necesitan cuatro debates (dos en Senado y dos en Cámara de Representantes), mientras las reformas constitucionales necesitan de ocho debates (cuatro y cuatro). El Fast-Track aceleraría ese proceso y estipula que su discusión y aprobación se daría en solo dos y cuatro debates, respectivamente.
Según Celemín, además, ese Acto Legislativo por la Paz determina que “el Congreso no puede introducir ninguna modificación ni enmienda a los proyectos de ley presentados para implementar los acuerdos de paz con las FARC que no tengan el aval del presidente; solo podría aprobarlos o no aprobarlos”.
Entre las reformas necesarias para hacer realidad lo pactado con las FARC están la ley de amnistía general, la ley de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la ley de creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la ley de creación del partido político que surja del desarme de la guerrilla y la ley de creación de la Comisión de la Verdad.
El problema del plebiscito
La dificultad radica en que al ser aprobado hace seis meses, el Acto Legislativo por la Paz quedó amarrado a la refrendación popular del acuerdo. Y dados los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, en el que por una diferencia muy estrecha el 51,2% de los votantes rechazaron el acuerdo de paz en las urnas, algunas voces plantean que el llamado fast track no puede ser activado.
“En condiciones normales u ordinarias es claro que el Fast-Track es un procedimiento que sí puede sustituir a la Constitución Política, porque el Congreso queda supeditado a todo lo que ordene el presidente, pero en un momento extraordinario como el que vive Colombia un procedimiento de ese tipo tiene una razón de ser”, argumenta Celemín.
Algo muy parecido a lo que opina la politóloga e internacionalista colombo-uruguaya Laura Gil, quien en una columna publicada en el periódico El Tiempo hace unos meses recordó primero cómo en “en Estados Unidos, el Congreso aprueba los tratados de libre comercio mediante la ley fast track (vía rápida)”, y luego aseguró que la paz en Colombia “no resiste tanta demora” y “momentos decisivos en la vida de un país requieren soluciones inéditas” y rápidas.
Durante las discusiones que se llevaron a cabo en el Congreso para aprobar el acuerdo de paz, el jefe de la delegación del Gobierno en las negociaciones con las FARC, Humberto de la Calle, afirmó que “el Fast-Track no es un capricho, no es un deseo de poner contra la pared a quienes se oponen, sino que es una necesidad” y fue enfático en que “la guerrilla no va a estar un año sentada esperando a ver qué pasa”.
El balón estuvo hasta este martes en la cancha de la Corte Constitucional, que en días pasados no pudo llegar a un consenso sobre el tema y aplazó la decisión, entre otras cosas porque varios magistrados del alto tribunal habían viajado al exterior.
Lo que realmente tenía divididos a los magistrados es si el llamado Fast-Track debe depender de una refrendación por vía popular, como quedó estipulado en uno de los artículos del Acto Legislativo por la Paz aprobado en junio del 2016. La magistrada ponente, María Victoria Calle, es favorable a la realización de otra consulta popular para activar el mecanismo.
“Cuando se discutió el Acto Legislativo por la Paz se decidió que se aprobaría con la condición de que el pueblo refrendara popularmente los acuerdos de paz. El problema es que ahora se quieran cambiar las reglas porque esa condición no se cumplió”, afirma Celemín. “No basta con que el Senado y la Cámara, en actos políticos como los de la semana pasada, aprueben el acuerdo a pesar de que esté claro que representan al pueblo. El mismo Congreso decidió que en este caso necesitaba de la aprobación del Constituyente primario y no puede cambiar ahora esa regla de juego. Eso enviaría el mensaje de que no existen límites en la ley. Las reformas a la Constitución hay que tomárselas muy en serio”.
Uno de los mayores críticos de que se active el Acto Legislativo por la Paz o Fast-Track es el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en declaraciones a los medios y a través de sus redes sociales ha dicho en repetidas ocasiones que “viola la Constitución e impide el debate”.
Mientras llegaba la decisión que se dio este martes, el Ministerio del Interior terminaba de preparar un paquete de normas “priorizadas” que radicará en el Congreso durante sesiones extraordinarias, relacionadas con aspectos claves del acuerdo de paz con las FARC. Dos de ellas, tal vez las más urgentes, son la ley de amnistía que daría vía libre para que comenzara de manera efectiva el traslado de los guerrilleros a las zonas de concentración pactadas en el acuerdo y la ley que permita que entre en vigencia el sistema de justicia transicional.
El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, convocó el pasado 5 de diciembre a sesiones extraordinarias en el Congreso precisamente para aprobar algunas de las normas que se requieren para implementar los acuerdos de paz.