(CNN Español) – Hace apenas cinco días, el lamentable crimen de Yuliana Samboní, la niña indígena de 7 años que fue violada y asesinada en Colombia el pasado 4 de diciembre, tuvo un giro inesperado.
El vigilante del edificio donde fue hallado el cuerpo de la menor, Fernando Merchán Murillo, apareció muerto el pasado viernes en Bogotá.
Las pesquisas para establecer la causa del deceso empezaron inmediatamente y este miércoles el Instituto de Medicina Legal concluyó que sí se trató de un suicidio.
Carlos Valdés, el director de dicho organismo, le confirmó a CNN en Español que la muerte ocurrió “como resultado de hipoxia severa, es decir falta de oxígeno”. Dicha circunstancia, sin embargo, se produjo a raíz de tres situaciones que ocurrieron en el cuerpo de Merchán:
- Anemia aguda: por el sangrado que provocaron las lesiones con elemento cortante. Valdés aclaró que “si bien esas lesiones no llevaron a la muerte por sí solas sí produjeron el estado de anemia aguda”.
- Depresión neurológica: se presenta como consecuencia de que el vigilante haya ingerido el antidepresivo Trazadona. Según Valdés, “los antidepresivos no es que maten, pero sí producen somnolencia y depresión del sistema nervioso central”. Y eso sumado a la anemia generan situaciones de hipoxia, añadió el director de Medicina Legal.
- Asfixia mecánica posicional: Valdés explicó que como Fernando Merchán estaba con depresión neurológico y somnoliento se acomodó “ en una posición difícil de respirar cuando está dormido”.
El director de Medicina Legal también reveló que, dados los resultados de la necropsia, “no hay signos de intervención de una tercera persona”. Por tanto, fue una muerte violenta suicida. Además, Valdés aclaró que Merchán no tomó el antidepresivo para suicidarse, pues la ingesta ocurrió unas horas antes. “Las dosis que encontramos son terapéuticas y mínimas, no es que tomó 20 aspirinas al mismo tiempo”, indicó.
En el lugar donde murió Merchán también se encontraron unos manuscritos que la Fiscalía, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), pudo determinar que son de él y corresponden a su letra. “Los documentos de una presunta despedida de este señor realmente corresponden a los rasgos de caligrafía que él tenía en vida”, confirmó en la rueda de prensa el pasado 12 de diciembre el general Luis Alberto Pérez, director de CTI Nacional.
Este martes el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, confirmó que Fernando Merchán Murillo “tenía conocimiento de lo que estaba pasando en ese momento en el piso donde ocurrió esta circunstancia”, haciendo referencia a la muerte y violación de Yuliana Samboní.
Según el funcionario, cuando empezó la investigación del caso, Merchán “no manifestó la verdad ante la Fiscalía” y las anotaciones que hizo en el libro de ingresos del edificio “no corresponden estrictamente a la verdad”. Por eso, Martínez concluyó que “había conocimiento y por supuesto había coparticipación por parte del vigilante del edificio”. Estas declaraciones coinciden con las que entregó este lunes en rueda de prensa el director nacional de Fiscalías, Luis González, quien se refirió a “presuntas inconsistencias” en el testimonio de Merchán.
La Fiscalía reveló que ha logrado reconstruir el minuto a minuto de lo que ocurrió “desde el secuestro de la niña hasta los ingresos a los dos apartamentos (en los que el principal sospechoso Rafael Uribe Noguera habría estado) y los movimientos de todas las personas que intervinieron”. En este sentido, Néstor Humberto Martínez añadió que en poder de la entidad hay “un video que nos permite apreciar en qué momento la niña se encontraba con vida y en qué momento la niña ya estaba inerme”.
Se espera que a más tardar este jueves, se presente el escrito de acusación contra Rafael Uribe Noguera, principal sospechoso del caso que está sindicado de los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, tortura y secuestro. Así podría empezar la etapa de juicio, pues Uribe Noguera se declaró “inocente” de los cargos que le imputaron en la última audiencia. De ser hallado culpable enfrentaría una pena de hasta 60 años.