(CNN) – Un niño de 6 años muerto en Manila mientras dormía es una de las víctimas de la continua violencia contra sospechosos de narcotráfico en Filipinas.
“Tocaron a la puerta”, dijo Elizabeth Navarro, una mujer de 29 años, embarazada y madre de cinco hijos. “Mi marido dijo ‘¿quién está ahí?’. Luego oí dos tiros”.
Cuando Navarro se dio cuenta de lo que estaba pasando, su esposo, Domingo Mañosca, y su hijo, Francis, estaban muertos. Los hombres armados ya se habían ido, en lo que parece ser una cacería abierta contra todo aquel que sea sospechoso de estar relacionado con el tráfico de drogas.
Desde que asumió el poder en junio, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha librado una brutal “guerra contra las drogas”. Más de 5.900 muertes están ligadas a esta campaña de represión.
El lunes, un día después de las últimas muertes, Duterte reveló que él personalmente había matado a sospechosos de narcotráfico mientras fue alcalde de su ciudad natal, Dávao.
Una opositora pide la destitución
Los comentarios del presidente equivalen a una admisión de “asesinato masivo”, le dijo este jueves a CNN la senadora Leila de Lima.
“Estos son asesinatos en masa”, aseguró. “Esta clase de crimen es causal de destitución, según la constitución”.
De este número de muertos, al menos dos tercios perecieron en ejecuciones extrajudiciales o a manos de cooperantes civiles conocidos como vigilantes. El resto ha muerto en operaciones policiales. Más de 40.000 personas han sido arrestadas.
En muchos de estos asesinatos por parte de los vigilantes se sospecha que hay vínculos policiales que han sido deliberadamente ocultados para evitar investigaciones. Duterte ha sido acusado durante mucho tiempo de haber usado su guerra contra las drogas para eliminar a sus oponentes políticos.
En un titular de un periódico del jueves se veía a Duterte advertirles a los “políticos corruptos” que aún se aferraban al poder que “renunciaran o enfrentarían la muerte”.
Duterte ha acusado públicamente a De Lima de ser beneficiaria de una red de narcotraficantes en el interior de una cárcel de Manila y también aseguró que la dirigente política grabó un video de contenido sexual y que tuvo un romance con su conductor, al que también lo señala de cómplice criminal.
Un pedido de ayuda en medio de la popularidad
Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de filipinos apoya la guerra contra las drogas de Duterte, al asegurar que esta hace más seguras sus comunidades. Pero en las tumultuosas calles de los barrios bajos de Manila nadie justifica este elevado número de muertes.
“Están matando a diestra y siniestra”, aseguró una mujer. “Algunas veces matan a unos diez o veinte al día. Estoy asustada. En estos días no se sabe quién es tu enemigo”.
En la calle en la que permanecían los féretros de Francis y Domingo Mañosca, algunos amigos jugaron a las cartas y trataron de recolectar 900 dólares para el funeral. Esa cantidad es tres veces mayor a lo que Domingo ganaba anualmente como conductor de bicitaxi.
Dos polluelos vivos en el ataúd del niño simbolizaron el deseo de la familia por obtener justicia.
La madre de Francis afirmó que él era un niño feliz y que iba a comenzar el colegio el próximo año. En Pasay, una barriada en la que a menudo los niños piden dinero, Francis era conocido por sonreír y bailar a cambio de un peso filipino, cerca de 20 centavos de dólar estadounidense.
María Musabia, madre de Domingo, aseguró que él había empezado a consumir shabu, o metanfetaminas, a la edad de 29 años. Es una droga muy popular entre los filipinos de menos recursos porque se constituye en una especie de vía para aumentar la energía y suprimir el hambre.
Hace seis meses, cuando Duterte lanzó su guerra contra las drogas, Domingo dejó de consumir las metanfetaminas y se entregó a las autoridades. La policía le tomó una declaración y lo dejó libre. Su familia dice que no había consumido drogas desde ese momento, mientras que Duterte asegura que habrá más muertes.
“Mi familia necesita ayuda”, asevera Musabia.