(CNN Español) – El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró este miércoles durante una conferencia de prensa en el marco del Informe Nacional que no veía por qué debía defender a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), atacada recientemente por detractores, si ni siquiera había defendido a su hijo.
“Como persona institucional que soy, si ni a mi hijo defendí, ¿por qué tengo que estar defendiendo a otras personas? Si alguien tiene algo qué decir en Guatemala, lo tiene que decir libremente. Guatemala tiene la libre expresión del pensamiento, y nosotros como personas institucionales respetamos a todas las instituciones todos tienen el derecho de poder decir lo que quieran decir con la libertad que lo quieran decir”, dijo el mandatario en el encuentro con los comunicadores.
Morales se refiere a los señalamientos que le ha hecho la opinión pública guatemalteca en días recientes por no defender públicamente la labor del Ministerio Público y de la CICIG, criticados por detractores en redes sociales.
El pasado 8 de febrero, la CICIG le salió al paso a críticas y acusaciones que se han vertido en redes, sobre todo en contra de su presidente, el magistrado colombiano Iván Velásquez. Las acusaciones se centran en una especie de afán mediático tanto de parte de la CICIG como del Ministerio Público.
La CICIG, que comenzó a operar tras el acuerdo firmado entre el gobierno guatemalteco y las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006, ratificado por el Congreso el 1 de agosto del 2007 tras un concepto favorable de la Corte de Constitucionalidad de mayo del 2007, publicó mensajes en sus redes sociales en los cuales defendía su labor y la de Velásquez.
José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario, se encuentra cobijado por una medida de arresto domiciliario, al igual que su tío, Samuel Morales Cabrera, tras pasar 34 días en prisión preventiva luego de ser detenidos por el caso Botín Registro Propiedad, un caso de corrupción según el cual se sustraían fondos del Estado guatemalteco (específicamente a través de la Registraduría General de la Propiedad) “por medio de la simulación de eventos” que nunca se hicieron, como se consta en el informe del Ministerio Público y la CICIG.
Al salir del juzgado que lleva el proceso, Samuel Morales dijo que “confía en la justicia y que la verdad los hará libres”. En el caso de José Manuel Morales, no habló con los medios de comunicación y su defensa se niega a brindar declaraciones según indica en resguardo a la integridad de su patrocinado.
El pasado 18 de enero, Morales Marroquín se presentó a una comisaría en Ciudad de Guatemala, ante la imposibilidad de capturarlo en el Palacio Presidencial.
Ese mismo día, el jefe de Estado, en su cuenta de Twitter, aseguró que “el imperio de la ley debe prevalecer sobre todas las cosas”.
En conversación con CNN en Español el 16 de febrero, Velásquez aseguró que la campaña de desprestigio contra la CICG: “Es una defensa equivocada que personas afectadas por las investigaciones asumen en lugar de concentrarse en desvirtuar los elementos probatorios que se han recogido en su contra. Entonces, por lo que optan es por hacer esta clase de señalamientos con los que tratan de deslegitimar a quien está en una coordinación de la actividad investigativa en la CICIG”.
Por su parte, la fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Thelma Aldana, le afirmó también a este medio el pasado 23 de febrero que las amenazas por las cuales se le han pedido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vienen de aquellos a quienes han afectado sus acciones en conjunto con la CICIG.
“Las medidas de la CIDH las pidió la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, y el Estado guatemalteco se pronunció a favor de que la comisión me las otorgara. A raíz de esa gestión es que yo mantengo las medidas de seguridad decretadas por la CIDH. ¿De dónde provienen las amenazas? De los casos que investigamos de manera conjunta entre el Ministerio Público y la CICIG. De ahí provienen. De las estructuras criminales, particularmente de los casos La Línea y Cooptación del Estado”, dijo Aldana.