(CNN Español) – El incendio duró apenas nueve minutos, pero alcanzó unos 300 grados centígrados de temperatura. Eso fue lo que le segó la vida a 41 niñas y dejó a 15 heridas en la tragedia del hogar seguro Virgen de la Asunción, ocurrida el pasado 8 de marzo en San José Pinula, a 21 kilómetros de Ciudad de Guatemala, según aseguró el Ministerio Público guatemalteco este miércoles, en el marco del segundo día de audiencias por el caso.
Pero el incendio fue el último capítulo de una serie de acontecimientos por los cuales están siendo imputados el exsecretario de Bienestar Social de la Presidencia de la República Carlos Rodas Mejía; la exsubsecretaria de Secretaría de Bienestar Social Anahí Keller Zavala y el exdirector del hogar Santos Torres Ramírez, y se está evaluando el papel que tuvieron entidades como la Policía Nacional Civil (PNC).
Los cargos por los cuales se acusa a los tres exfuncionarios son homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.
Rodas proclamó su inocencia en el momento de ser capturado el pasado 13 de marzo, mientras que Torres Ramírez, a pesar de haber admitido que no tenía experiencia ni especialización en el cuidado de niños, le endilgó responsabilidades al exfuncionario presidencial por haber tomado la decisión de encerrar a las menores una noche antes de la tragedia, durante una revuelta en la que ellas exigían un mejor trato. Keller Zavala, por su parte, se abstuvo de declarar.
FOTOS | La tragedia del hogar seguro Virgen de la Asunción conmociona a Guatemala
El testimonio de una sobreviviente, leído por la fiscal Berónica De León, da una versión sobre la actuación policial en los hechos.
“Una policía le puso la pistola en la cabeza, los policías que se encontraban frente al aula, les pedíamos permiso para ir al baño, pero no nos dejaron. Tuvieron que improvisar una letrina para hacer sus necesidades fisiológicas. Que los policías estaban enfrente, vieron el humo y se hicieron de los locos. Y les dijeron, como eran buenas para fugarse, que fueran buenas para aguantarse”.
Ante lo que leyó la fiscal, Michelle Mendoza, corresponsal de CNN En Español en Guatemala, habló con el director de la PNC, Nery Ramos, quien aseguró que los miembros de su fuerza no tuvieron acceso a la zona donde se encontraban las menores e indican que la policía resguardaba otras áreas del lugar.
En su exposición de motivaciones legales para las acusaciones, De León aseguró también que dentro del hogar seguro, cuyo manejo es responsabilidad directa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, se presentaba maltrato hacia las menores y no se cumplió con la atención mínima para atender la emergencia. El Ministerio presentó como pruebas fotografías y videos del lugar donde murieron quemadas inicialmente 19 de las niñas, su ropa, certificaciones, 41 necropsias y la declaración de las supervivientes”.
Futuro del caso
Se espera que este viernes el juez que lleva el caso, Carlos Guerra, decida si hay suficientes elementos para continuar el proceso. De ser así, Guerra le podría dar cerca de tres meses al Ministerio Público para que siga investigando. Después de ese tiempo, el juez debe dictaminar si se abre o no la etapa formal de juicio.
Según el Código Penal imperante actualmente en Guatemala, el homicidio culposo se castiga con una pena de tres a ocho años de prisión. El abuso de autoridad se penaliza con uno a tres años de cárcel, mientras que el mismo castigo se le da al incumplimiento de deberes. El maltrato contra personas menores de edad está penado con pérdida de la libertad de dos a cinco años.
Este caso, que conmovió a toda Guatemala, ha motivado incluso acusaciones contra el presidente Jimmy Morales.
El pasado 14 de marzo, los diputados Sandra Morán Reyes y Leocadio Juracán Salomé, del bloque legislativo del partido opositor Convergencia, acusaron al Jefe de Estado ante el Ministerio Público de los delitos de ejecución extrajudicial, tortura, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Los legisladores le pidieron al ente fiscal que se le levante la inmunidad a Morales para incorporarlo en la investigación de la tragedia.
Heinz Heimann, vocero presidencial guatemalteco, le dijo en su momento a CNN En Español que “cualquier persona, ya sea individual, jurídica o funcionario público está en su libertad de presentar cualquier tipo de denuncia ante los órganos correspondientes, y éstos son los encargados si estas denuncias tienen o no fundamento. Ese es un tema que deberá dilucidar el Ministerio Público”.
Con información de Michelle Mendoza desde Ciudad de Guatemala