(CNN Español) – Un tribunal venezolano ordenó al portal digital de noticias La Patilla que pague una indemnización de 1 millón de bolívares (cerca de 500.000 dólares, según el cambio oficial) al diputado oficialista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, por “daño moral”. Así lo dio a conocer este miércoles el también diputado de la Asamblea Nacional y también vicepresidente del PSUV Pedro Carreño, en su cuenta de Twitter.
Este jueves, el mismo Cabello presentó una demanda contra el diario El Nacional y aseguró que si la gana, “pasará a ser el periódico de los venezolanos y venezolanas y pasará a ser el periódico de la nación para que se diga la verdad”.
Los casos de La Patilla y El Nacional son las últimas batallas de una guerra que el gobierno venezolano ha declarado a los medios de comunicación independientes o que se muestran críticos de las políticas del oficialismo, durante el mandato de Nicolás Maduro y durante los 14 años que Hugo Chávez estuvo en la presidencia (de 1999 hasta su muerte, en 2013).
Hace 10 años fue la última emisión al aire de RCTV, un canal nacional de señal abierta conocido por sus telenovelas pero destacado también por sus noticieros, que en ese entonces ofrecían una visión crítica a la gestión del gobierno de Chávez. En mayo de 2007, el Gobierno decidió no renovar la concesión del canal para transmitir.
Durante la gestión de Chávez también salieron del aire 33 emisoras de radio, todas críticas con el Gobierno.
En el 2011 se promulgó en Venezuela la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión (Resorte), que delimita la responsabilidad de los medios según su formato, lenguaje, contenido y otros factores para “fomentar el equilibrio democrático”.
En febrero del 2014 el turno fue para NTN24, canal colombiano de noticias transmitido por cable. En ese momento, ya Nicolás Maduro era presidente. El argumento fue que no había hecho un adecuado cubrimiento de las protestas que ese año se desataron en Venezuela.
“Seríamos indolentes e ilegales si permitiéramos que se usara el espectro radioeléctrico de Venezuela para que un medio internacional, dirigiendo una política informativa agresiva contra nuestro país, abuse del derecho a la información”, dijo en se momento el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo.
En febrero de este año, el Gobierno decidió sacar del aire la señal de cable y satélite de CNN en Español, días después de que CNN emitió una investigación sobre la presunta emisión fraudulenta de pasaportes y visas venezolanas.
En los últimos años, además, varios medios que también se mostraban críticos de la gestión del Gobierno han cambiado de dueño. O directamente han decidido autocensurarse, como lo ha explicado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En mayo del 2013 se anunció la venta de Globovisión, canal conocido por ser un fuerte crítico del Gobierno en Venezuela, a un grupo de empresarios que prometieron informar de manera “muy sensata”.
“Somos inviables económicamente, porque nuestros ingresos ya no cubren nuestras necesidades de caja (…) Somos inviables políticamente porque estamos en un país totalmente polarizado y del lado contrario de un gobierno todopoderoso que quiere vernos fracasar”, dijo en el momento de la venta el fundador de la cadena, Guillermo Zuloaga, a través de una carta pública.
En julio del 2014, el reconocido diario El Universal fue vendido a un grupo español del que nunca se tuvo mayor información, tras estar durante 105 años en manos de la familia Mata.
Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela y las ONG Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), todas estas acciones representan medidas de censura contra los medios que publican o emiten información crítica con la gestión del Gobierno.
En su informe “Periodismo en estado de excepción”, sobre las libertades periodísticas en Venezuela durante el 2016, el IPYS señala cómo el año anterior fue de “marginación de la libre expresión y la información de interés público en un contexto de libertades restringidas, que sorteó los obstáculos del contexto que impuso el Estado de Excepción, decretado por el Gobierno Nacional el 13 de mayo”.
Según la ONG, “fueron constantes el ocultamiento de información oficial, las medidas de censura previa, los señalamientos discriminatorios, las acciones legales, las detenciones arbitrarias, los ataques a sedes de medios de comunicación e información y las agresiones en el entorno digital”.
¿Qué pasará con El Nacional y La Patilla?
Miguel Otero, presidente editor de El Nacional, aseguró que no le teme a Diosdado Cabello, tras su anuncio de que si gana la demanda que interpuso contra el periódico se lo entregará a los trabajadores.
“Escúchame, Diosdado: Yo no te tengo miedo ni El Nacional tampoco”, aseguró Otero. “Esta declaración es una más de las miles que el gobierno, a través de sus voceros, hacen permanentemente contra el periodismo y la prensa libre”.
Según Otero, la demanda ya tiene dos años y medio y fue presentada por la publicación de una noticia que previamente había salido en el diario ABC de España, en la que se informó sobre una investigación abierta contra Cabello en una corte de Nueva York, por cargos de narcotráfico.
“Quienes trabajamos en El Nacional no tenemos miedo. Es un periódico que enfrentó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y a todas las fuerzas que han querido destruirlo. Diosdado Cabello no es nadie para acabar con El Nacional”, afirmó.
A principios del 2015, cuando el ABC y también el diario estadounidense The Wall Street Journal publicaron que Cabello estaba siendo investigado en EE.UU., el diputado chavista rechazó las acusaciones, señaló que estas tenían “fines políticos” e invitó a presentar pruebas.
“Si mañana estos señores que me acusan presentan una prueba, condénenme”, dijo Cabello. Mientras tanto, aseguró, “seguiré al frente en el lugar que el comandante Chávez me dijo (…) en un juramento que se remonta al año 1985”.
Para Alberto Federico Ravell, director de La Patilla, la noticia del pago de la indemnización a Cabello es “una persecución más” al trabajo que realiza la prensa independiente en Venezuela. “Es otra persecución, como la que me tenían cuando estaba en Globovisión (canal del cual es cofundador y que dirigió por varios años). Hay que recordar que en Venezuela no hay división de poderes”, le dijo Ravell a CNN en Español.
Según Ravell, tan pronto les llegue la sentencia, que aún no conocen, apelarán la decisión “ante todas las instancias”. El director del medio digital también relacionó la orden judicial con que La Patilla retransmitió la misma noticia del diario ABC de España. “La noticia no decía que sea narcotraficante, sino que está siendo investigado por narcotráfico, lo cual es cierto”.
Ravell califica de muy grave la situación actual de la prensa en Venezuela, “no solo por la censura sino, sobre todo, por la autocensura. Son pocos los medios impresos que publican las noticias y los canales se parecen a Shakira, son ciegos, sordos y mudos”.
En Venezuela actualmente los reportes sobre las marchas y protestas que se llevan a cabo desde hace más de dos meses, y que hasta el momento han dejado más de 62 muertos y más de 1.000 heridos, solo se transmiten por internet.