(CNN) – El Ministerio Público de Venezuela libró este viernes una citación en calidad de imputado contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo Enrique González López, por violaciones a los derechos humanos. Su audiencia será el próximo 4 de julio.
Un día antes, la fiscal general de Venezuela anunció cargos contra el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), acusándolo de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, a veces letales, durante las protestas antigubernamentales que se llevan a cabo en ese país.
La noticia se dio a conocer en medio de nuevos enfrentamientos entre la policía y protestantes, en las calles empapadas por la lluvia de Caracas.
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Este miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió a Ortega salir del país y congeló sus cuentas bancarias.
Un diputado aliado del asediado presidente Nicolás Maduro pidió una investigación para determinar si Ortega cometió “graves errores (no especificados) mientras ha ejercido el cargo” y si hay suficiente evidencia para presentar acusaciones en su contra.
Ortega, quien se ha convertido en una de las voces de más alto perfil dentro del Gobierno que son críticas del mismo, podría ir a juicio.
Este jueves, en una declaración, la oficina de Ortega dijo que Antonio Benavides Torres, excomandante de la GNB, había sido acusado en conexión con “serias y sistemáticas violaciones de los derechos humanos” durante las protestas que se llevan a cabo en Venezuela.
En el 2015, la Casa Blanca sancionó a Benavides Torres de abusos a los derechos humanos. Y Human Rights Watch lo acusó a él y a otros altos oficiales de fallar en tomar medidas para prevenir o castigar las violaciones a los derechos humanos.
Benavides Torres fue destituido de su cargo en la GNB la semana pasada y fue nombrado como nuevo jefe del gobierno del Distrito Capital.
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La declaración de la fiscal general se refiere a supuestos abusos de las autoridades durante más de 80 días de manifestaciones. “En un gran número de esos incidentes, existe evidencia de uso excesivo de la fuerza en la represión de las protestas”, dice la declaración de la oficina de Ortega.
La turbulencia política que sacude a Venezuela tuvo un giro surrealista este martes en la noche, con el audaz ataque de un helicóptero de la policía a la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
El helicóptero fue encontrado este miércoles en una zona rural del país, pero las autoridades dicen que el piloto de la aeronave sigue prófugo.
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‘Terrorismo de Estado’
Hace poco, Ortega acusó al gobierno de Maduro de cometer “terrorismo de Estado” por quitarles a los ciudadanos su derecho a la protesta, juzgándolos en tribunales militares y llevando a cabo redadas sin consultar a las cortes. “Seguimos presenciando la ruptura del orden constitucional. La Constitución sigue siendo violada y las instituciones del gobierno están siendo desmanteladas”, dijo la fiscal.
Pedro Carreño, el diputado que citó a una audiencia previa a Ortega, le dijo a la prensa que cree que la fiscal general no está en sus cabales y convocó una junta médica para que evalúe su comportamiento reciente.
“Es claro que esta señora no es normal”, aseguró Carreño.
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Gran preocupación en la ONU
Este viernes, la ONU dijo que la decisión del alto tribunal de congelar los bienes y cuentas de Ortega y de prohibirle salir del país es “profundamente preocupante”.
También dijo que le preocupa que la Sala Constitucional del TSJ haya dicho que la designación por parte de Ortega del vicefiscal general es “nula y no tiene efecto”.
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“Desde marzo, la fiscal general ha tomado importantes medidas para defender los derechos humanos, documentando las muertes durante la ola de demostraciones, insistiendo en la necesidad del debido proceso y en la importancia de la separación de poderes, y pidiendo que las personas que han sido detenidas arbitrariamente sean liberadas de inmediato”, dijo Rupert Colville, vocero del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
“Nos preocupa que las decisiones del TSJ busquen despojar a su oficina de su mandato y responsabilidades, como está concebido en la Constitución, y que minen la independencia de la Fiscalía”.
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El ataque del helicóptero
El helicóptero involucrado en el ataque al TSJ fue supuestamente piloteado por Óscar Pérez, oficial de la policía científica del país.
Antes de que comenzara el ataque, un hombre que se identificó a sí mismo como Pérez apareció en un video en línea diciendo que había una operación en marcha para recuperar por la fuerza la democracia de las manos “del gobierno criminal” en Venezuela.
Flanqueado por un grupo de hombres armados vistiendo trajes militares y pasamontañas, Pérez afirmó estar hablando en nombre de una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles.
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Mientras el helicóptero ametralló el edificio del alto tribunal y del Ministerio del Interior, atacantes dispararon armas y lanzaron granadas, según las autoridades. No está claro cómo un helicóptero de la policía pudo haber rodeado edificios de tan alto perfil en la capital sin ser derribado. Testigos y periodistas locales dicen que el ataque duró cerca de dos horas.
Nadie salió herido, pero el ataque representó una escalada dramática de la larga crisis que envuelve al presidente Maduro, quien calificó el hecho como un intento de golpe de Estado.
Parece que ninguno de los involucrados en el ataque han sido localizados. Venezuela le pidió a la Interpol que emitiera una circular roja en contra de Pérez, según el ministro del Interior, Justicia y Paz Néstor Luis Reverol. Una circular roja sirve para alertar a las autoridades de otros países, incluyendo a agentes fronterizos, de que alguien es requerido por la justicia.
El helicóptero fue hallado más adelante en el estado costero de Vargas, según la estatal Agencia Venezolana de Noticias. Fotos publicadas en la cuenta verificada de Twitter del vicepresidente Tareck El Aissami muestran a la aeronave mientras está siendo limpiada.
Meses de caos
Venezuela está sumida en una profunda crisis política y humanitaria que ha llevado a miles de personas a las calles del país, en protestas en las que exigen un cambio de gobierno.
Este jueves, protestantes y autoridades chocaron de nuevo durante una marcha hacia la sede del poder electoral, con la policía disparando gases lacrimógenos y deteniendo a docenas de personas, según publicaciones en las redes sociales.
Una inflación galopante y la escasez generalizada de medicinas, alimentos y otros bienes básicos han enfurecido a muchos venezolanos, que están teniendo mucho problemas para cubrir sus necesidades básicas.
La renta petrolera alimentó la economía de Venezuela durante los mandatos del fallecido presidente Hugo Chávez, quien fue el mentor de Maduro, pero la caída de los precios del petróleo ha hecho que los subsidios estatales sean insostenibles.
Los protestantes que están en contra del Gobierno acusan a Maduro de erosionar la democracia y quieren que renuncie. Maduro ha enviado a las fuerzas militares a las calles para mantener el orden, lo que ha llevado a choques letales.
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Según la oficina de la fiscal general, al menos 80 civiles han muerto desde que comenzó esta última ola de protestas, incluyendo a un joven de 22 años que murió víctima de disparos a quemarropa propinados por un soldado.
El Gobierno intimida y restringe a los medios en Venezuela, sacando la señal de CNN en Español y de otros medios internacionales del aire. También ha vuelto más estricto el procedimiento para entregar visas de trabajo a periodistas internacionales, incluidos reporteros de CNN, y arresta a los que informan desde el país sin los permisos adecuados.
Osmary Hernández, Julia Jones, Natalie Gallón, Claudia Domínguez, Laura Smith-Spark, Steve Almasy, Lonzo Cook, Joshua Berlinger y Joe Sterling contribuyeron con este informe.