(Expansión) – Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, decidió este martes aceptar su extradición a México para enfrentar las acusaciones del gobierno federal por el presunto desvío de fondos públicos y lavado de dinero, y el juez ordenó su entrega inmediata.
“He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México con relación a los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la federación de mi país”, dijo Duarte durante una audiencia en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala.
La defensa de Duarte sostuvo que las pruebas en contra no aclaran la manera en la que Duarte estaría involucrado en una organización criminal para el desvío de fondos públicos. Además, aseguró que el exgobernador es víctima de una persecución política en México.
“La propia solicitud formal de extradición aclara que no aparece mi nombre el Registro Nacional de Ejidatarios. En ninguna de las pruebas que acaba de mencionar aparece mi nombre, ni ninguno del de mis familiares”, señaló Javier Duarte, tras escuchar las pruebas presentadas en su contra.
En la audiencia, que se retrasó más de una hora, pues estaba previsto que iniciara a las 9:30 de la mañana, hora del centro de México, Duarte presentó como prueba la solicitud formal de extradición.
El tribunal ordenó la entrega inmediata de Duarte al gobierno mexicano, por lo que comunicará la resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala para que coordine la entrega con el gobierno mexicano.
En la audiencia celebrada el 27 de junio pasado, Duarte había aceptado ser extraditado a México para enfrentar las acusaciones del gobierno de Veracruz. En ese encuentro calificó las acusaciones hechas por la administración estatal como vagas, imprecisas e irrisorias.
El 7 de junio, las autoridades guatemaltecas recibieron la solicitud formal de extradición por parte del gobierno de México.
Entre los medios de prueba presentados estaba la orden de aprehensión girada en contra de Duarte por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
También fue presentada fue la denuncia de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de Javier Duarte, José Manzur, José Juan Janeiro y otros.
Otra prueba presentada fueron las escrituras públicas de los bienes inmuebles asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR), como ranchos en Veracruz y terrenos en Morelos adquiridos por Moisés Manzur, además de departamentos en un condominio en Boca del Río, Veracruz. También se presentaron contratos de compra-venta de varios inmuebles en Guerrero.
Además, forman parte de la pruebas las entrevistas ministeriales con testigos sobre los hechos investigados.
El exmandatario ha declarado que los medios de comunicación se han llenado la boca de las presuntas acusaciones de “miles de millones de pesos” que él desvió.
En una primera audiencia, llevada a cabo el 20 de abril, Duarte se había reservado su derecho de aceptar la extradición a México para poder examinar la solicitud del gobierno federal.
Pidió licencia a su cargo en octubre pasado, un poco antes de concluir su gestión, argumentando que requería tiempo para enfrentar las acusaciones en su contra. Desde entonces se desconocía su paradero, hasta que fue detenido el 15 de abril.
La administración de Duarte enfrenta al menos 52 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la PGR, derivadas de la revisión de las cuentas públicas del sexenio hasta 2014.
Si se concretan las acusaciones en su contra, el exmandatario podría alcanzar una pena en prisión de hasta 55 años, de acuerdo con el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán.