(CNN Español) – Con 11 votos a favor y 2 en contra, la Corte Suprema de Justicia determinó que existen hechos que podrían dar lugar a formación de causa penal, por lo que decidió dar trámite a uno de los cuatro pedidos de antejuicio contra el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales.
La decisión se da luego que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala o CICIG, presentaran solicitud de antejuicio contra el Presidente Morales por presunto financiamiento electoral ilícito en 2015.
El expediente pasará a manos del congreso guatemalteco, quienes, mediante una votación, determinaran si se le remueve o no la inmunidad al mandatario para ser sometido a investigación formal ante los tribunales de ese país.
Según la Ley en Materia de Antejuicio, le corresponde al Congreso de la República, conocer de los antejuicios en contra del presidente, vicepresidente, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, de los ministros, viceministros, además del procurador de los Derechos Humanos, el procurador General de la Nación y el fiscal general de la República.
Para la aprobación del antejuicio, estos son los pasos a seguir:
1. La Corte Suprema de Justicia debe entregar el expediente aprobado a la directiva del pleno guatemalteco
2. La Junta Directiva tiene un plazo de ocho días para comunicar al pleno el tema en cuestión
3. En la sesión en la que se conozca el asunto, se conformara una comisión pesquisidora. Esta será integrada por cinco miembros electos mediante un sorteo en el que no participará el Presidente del legislativo.
4. La Comisión deberá escuchar al promotor del antejuicio y al funcionario en cuestión
5. Finalizada la investigación de la comisión, esta emitirá un informe que será sometido a debate y posteriormente a votación ante el Congreso
6. La decisión se adoptara por mayoría calificada, declarando si hay lugar o no ha formación de causa
7. Conforme a lo resuelto, el Pleno emite su resolución y con ella, envía el expediente de regreso a la Corte Suprema de Justicia para que proceda conforme corresponda.
¿Cómo se llegó a este punto?
El 30 de noviembre de 2016 El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala presenta denuncia ante el Ministerio Público contra el partido del presidente Jimmy Morales, Frente de Convergencia Nacional o FCN-Nación.
El 25 de agosto el Ministerio Público y la CICIG -como querellante- presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala solicitud de antejuicio contra el mandatario por presunto financiamiento electoral ilícito, cuando este fungía como Secretario General del Partido FCN-Nación.
De acuerdo a la investigación presentada por el Ministerio Publico, el ahora mandatario “pudo haber recibido contribuciones en forma anónima, además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política”, por lo que el Ministerio Público también argumenta que el Presidente “pudo haber impedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la realización de su función de control y fiscalización de los fondos públicos y privados, con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales.
El 27 de agosto
Mediante un anuncio publicado en redes sociales, el presidente Morales firma la expulsión y declara non grato al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. El mandatario argumenta que el Comisionado se extralimitó en sus funciones presionando a diputados para implementar reformas constitucionales
El 29 de agosto
La Corte de Constitucionalidad declara nula la orden de expulsión y remoción de la CICIG, firmada por el el presidente Jimmy Morales. Además, le otorga amparo definitivo a Velásquez para que permanezca en el país y frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
El 4 de septiembre Luego de revisar el contenido del pedido de antejuicio, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala admitió para trámite la solicitud de promovida por el MP y CICIG, en contra del presidente Jimmy Morales, por el delito de financiamiento electoral ilícito.