(CNN) – Una jueza federal le ordenó al gobierno de Estados Unidos permitir el aborto de una joven inmigrante indocumentada, que permanece detenida en Texas. La decisión se produce después de que el gobierno del presidente Donald Trump le negara a la adolescente la posibilidad de interrumpir el embarazo.
En una decisión de dos páginas, la jueza Tanya Chutkan le ordenó a los funcionarios del Departamento de Salud permitirle a la joven, identificada como Jane Doe, ser trasladada a un prestador de servicios de aborto para recibir la consejería obligatoria y, finalmente, para llevar a cabo el procedimiento. El fallo señala que la orden debe cumplirse “con prontitud y sin demora” y que la adolescente debe estar acompañada por un tutor o abogado.
El veredicto también les prohíbe a esos funcionarios de “interferir u obstaculizar” el acceso de la niña al servicio, de obligarla a revelarle su decisión a alguien y de “tomar represalias” contra ella y contra el lugar dónde tomó esta determinación.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a la joven, presentó una demanda contra el gobierno la semana pasada. Según el recurso, la adolescente de 17 años está viviendo en un refugio de Texas bajo la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud. Esta entidad se encarga de la custodia de los menores indocumentados que llegan a Estados Unidos sin la compañía de sus padres o tutores. Ella no puede irse de ahí, a menos de que sea para salir por completo de Estados Unidos.
Aunque la joven contaba con el permiso judicial –que en este caso reemplaza el consentimiento de los padres– y los recursos para obtener el aborto, los funcionarios se negaron a trasladarla o a permitir que alguien más la acompañara, de acuerdo a lo que señaló la ACLU. La demanda también alegó que la niña fue obligada a ir un centro “religioso, anti-aborto” y que su madre fue notificada por sus objeciones.
En un comunicado, la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud defendió el cuidado que ha tenido del adolescente y de su decisión. “No existe ningún derecho constitucional para que una menor embarazada que atravesó ilegalmente la frontera con EE.UU. obtenga un aborto electivo mientras se encuentra bajo custodia federal”, sostuvo el comunicado.
“La ley federal es muy clara al entregarle al director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados la responsabilidad legal de cuidar la salud y el bienestar de un menor en el programa de niños extranjeros no acompañados y, en este caso, de su bebé por nacer”, continuó el pronunciamiento. “No podemos ceder nuestra responsabilidad de cuidar a los menores y a sus bebés al entregárselos a los grupos de defensa ideológicos.
La ACLU elogió el fallo.
“Por fin, nuestro cliente podrá obtener la asistencia que necesita sin que los funcionarios federales se interpongan en el camino”, aseguró Brigitte Amiri, abogada del Proyecto de Libertad Reproductiva de la ACLU. “Su coraje y perseverancia son increíbles, pero nadie debería ir a la corte para obtener un aborto seguro y legal. Y nadie debe ser rehén de los puntos de vista extremos contra el aborto que tienen un puñado de funcionarios del gobierno”, añadió.
La jueza advirtió que si el gobierno no cumplía con la orden, los funcionarios podrían incurrir en desacato.
Laura Jarrett, Gregory Wallace, Eric Levenson y Tina Burnside contribuyeron a este informe.