(CNN Español) – En los últimos meses han salido a la luz decenas de casos de abuso sexual a menores en planteles educativos en Ecuador. Y a la gran preocupación que esto genera, se suman las denuncias de impunidad e ineficiencia atribuidas a las autoridades pertinentes, lo que ha colocado contra la pared al Ministerio de Educación de Ecuador.
La ola de denuncias de abuso sexual a menores en varias escuelas de Ecuador es desgarradora. Pero, más preocupante aún, es el bajo número de casos resueltos.
Por ejemplo, según un reporte de 2016 del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, en 2013 se registraron “634 denuncias de violencia sexual en el sistema educativo… Sin embargo, solo 33 casos terminaron en sentencias condenatorias, es decir, menos del 6%”. El documento señala que estas son “cifras que revelan la impunidad en que queda la mayoría de estos casos”.
Según el propio Ministerio de Educación, son al menos 107 los casos archivados desde 2015 por delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.
Esto sin contar con los más de 900 casos de violencia sexual registrados en centros educativos públicos y privados de Ecuador desde 2014. Según el Ministro de Educación, Fander Falconí, 561 de estos delitos están vinculados al sistema educativo. Esto quiere decir que el 64% de los casos denunciados tienen conexión con los planteles escolares del país.
Tan solo en 2015, 152 posibles casos de delitos sexuales ocurrieron en centros escolares, pero solo 24 fueron denunciados por las autoridades educativas, de acuerdo con el Informe del Comité Técnico del Convenio entre la Fiscalía, Ministerio de Educación y la Judicatura de Ecuador.
Pero, al parecer, el problema de acoso sexual a menores en centros educativos forma parte de un problema aún mayor.
Según un reporte del Ministerio de Educación, World Vision y UNICEF publicado en 2015, uno de cada cinco estudiantes de entre 11 y 18 años afirma haber sido víctima de acoso escolar.
Son cifras alineadas a un estudio realizado ese mismo año por la organización “Rescate Escolar”, en el Distrito Metropolitano de Quito, que afirma que el 35% de los estudiantes indica haber sido víctima, en al menos una ocasión, de algún maltrato por parte de sus profesores.
La organización además señala “que las instituciones educativas, en especial los colegios privados, se han afanado más en silenciar el padecimiento de las víctimas que en brindarles a ellos y sus familias, la protección eficaz a la que tienen derecho, actuando como pésimos agentes de protección, tomando partido a favor de los presuntos agresores e incluso minimizando, rehuyendo y hasta ocultando estos hechos”.
En respuesta, el Ministerio de Educación ha impulsado el Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, que establece protocolos frente a situaciones de violencia detectados o cometidos en planteles educativos. También, se unió a la campaña de UNICEF en Ecuador, #AhoraQueLoVes #DiNoMás.