(CNN Español) – La justicia venezolana llevó este jueves a prisión a Eulogio del Pino y Nelson Martínez, dos funcionarios venezolanos quienes hasta hace unos días eran presidente de estatal petrolera, PDVSA, y Ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, respectivamente.
Ambos hombres fueron señalados por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, de formar parte de un “cartel” de corrupción en la industria petrolera.
Martínez, quien también fue presidente de la filial petrolera CITGO, es acusado de estar vinculado con la firma de un contrato de refinanciamiento de deuda de esa empresa sin contar con la autorización del Ejecutivo venezolano. A Del Pino se le acusa de ser presuntamente responsable en las tramas de corrupción de otra filial de PDVSA, Petrozamora, en la que se habrían perdido unos 15 millones de barriles de crudo valorados en varios millones de dólares.
Aún no ha habido pronunciamiento del equipo legal de los acusados, sin embargo, la cuenta de Twitter de Eulogio del Pino publicó una grabación donde este exige su derecho a la defensa.
El fiscal Saab confirmó que con la detención de Del Pino y Martínez ya son 65 los gerentes arrestados, al menos 16 de ellos desempeñándose en altos cargos de la industria petrolera venezolana.
Este operativo es parte de “la gran limpieza de PDVSA” anunciada por el presidente Nicolás Maduro. Pero, por ahora, este programa de “limpieza” no ha mencionado a Rafael Ramírez, hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez, quién desde el 2004 hasta el 2014 se desempeñó como presidente de PDVSA y paralelamente como ministro de Petróleo.
Sin embargo, una fuente del gobierno venezolano consultada por CNN y con amplio conocimiento de las pesquisas que se llevan a cabo dentro la estatal petrolera asegura que la Fiscalía está tratando de construir un caso sustentado contra Ramírez y esperan que los testimonios de Del Pino y Martínez puedan aportar detalles.
Este miércoles informes de prensa internacional aseguraban que Ramírez había sido despedido de su cargo como embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, sin embargo, al ser contactado por CNN, Ramírez desmintió la información.
Las supuestas pesquisas contra Ramírez parecen enfocarse en contratos irregulares y supuestos sobornos. A esto se une una investigación presentada en la Asamblea Nacional de Venezuela en julio de 2016 por el diputado opositor Freddy Guevara y la Comisión de Contraloría, que acusa directamente a Ramírez de la malversación de fondos valorados en unos 11.000 millones de dólares. En el momento que el reporte fue publicado, esa cantidad era dinero era suficiente para cubrir por seis meses la canasta básica de 30 millones de venezolanos, así lo informó el Parlamento.
Ramírez no fue procesado o investigado por esta denuncia. Al contrario, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó investigar al diputado Guevara argumentando que la presentación de la investigación constituía una usurpación de funciones.
En EE.UU. también se ha mencionado casos de corrupción vinculados a Ramírez. En 2015, CNN reportó detalles de una investigación que agentes federales estadounidenses abrieron sobre desvió de dinero de PDVSA y dicha investigación apuntaba directamente a Ramírez por supuestamente recibir sobornos por parte de empresas extranjeras a cambio de la adjudicación de contratos en estatal petrolera. La investigación también buscaba determinar si las cuentas bancarias de PDVSA en el extranjero estaban siendo utilizadas para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. CNN no puede confirmar estos detalles de manera independiente. Ramírez negó la acusación y dijo que todo se trataba de una infamia.
En un artículo titulado “La Tormenta”, Ramírez dijo recientemente que siempre sostuvo conversaciones con Chávez y que ambos estaban claros de los problemas que enfrentaba PDVSA ante el reto del sistema cambiario venezolano. Pero advierte, que, a pesar de ello, pudieron mantener la producción al máximo nivel. Agrega que tras la llegada de Nicolás Maduro al poder las cosas empeoraron porque “…no se obtuvo el apoyo necesario para avanzar en un conjunto de medidas” dentro de la empresa y que en “algunos casos se impuso la desconfianza, prejuicios y desconocimiento que entorpecieron el trabajo”.
Varios sectores oficialistas rechazaron las críticas de Ramírez, a lo que este contestó lo siguiente vía Twitter:
“Quien me ataque a mi debe pensar un poquito, solo un poco, porque Chávez me tuvo 12 años a su lado. Pero, además, cuando estaba muriendo solo llamo a cuatro y yo estaba allí. Así es que ningún advenedizo me puede venir con cuentos a mí. ¡Viva Chávez! ¡Venceremos!”.
Varios expertos económicos y petroleros consultados por CNN advierten que la caída de la empresa no se dio en los últimos dos o tres años, sino que fue una caída progresiva mientras Rafael Ramírez estaba a cargo. Explican que actualmente la empresa está en cesación de pagos y que eso se debe no solo a la caída exponencial de los precios del petróleo, sino también a la incapacidad de la empresa para mantener su producción.
La única solución para mitigar el quiebre de PDVSA, dicen los expertos, es la reestructuración de la deuda venezolana y la privatización total del petróleo de Venezuela, pero para eso necesita el aval del Parlamento venezolano de mayoría opositora. El otro inconveniente para conseguir financiamiento es la notificación de la Red de Control de Crímenes Financieros, FINCEN, que alerta a las instituciones internacionales sobre corrupción pública generalizada en Venezuela y el riesgo de negociar con PDVSA. La otra piedra en el zapato son las sanciones impuestas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contras miembros claves del Ejecutivo venezolano encargados de la reestructuración de la deuda venezolana.
Este viernes se espera que el gobierno venezolano inicie un proceso de negociación con algunos representantes de la oposición en República Dominicana y en ese encuentro exigirán a la oposición que empuje ante la comunidad internacional el levantamiento de las sanciones de EE.UU. contra funcionarios venezolanos. Sin embargo, fuentes del Departamento del Tesoro de EE.UU. consultadas por CNN aseguran que “…estos son temas federales impuestos por cuenta propia y no por la exigencia de la oposición venezolana. Por tanto, el pedido de la oposición no podría remover las sanciones”.