(CNN Español) – Llegan huyendo de las balas, del cruce de disparos entre grupos que se disputan el control de zonas como Nariño, Chocó, Norte de Santander, Cauca, Putumayo y el Bajo Cauca antioqueño. Son, en su mayoría, gente del campo, trabajadores de la tierra y pequeños agricultores que han tenido que abandonar sus territorios y sus pertenencias para salvar sus vidas y las de sus familias.
Es un drama silencioso, casi invisible para el resto de los colombianos. Y así lo ha sido por décadas. Primero, por la violencia bipartidista de los años cuarenta y cincuenta; y luego por la confrontación armada entre las fuerzas de seguridad del Estado y las guerrillas del ELN y las FARC. Y con un protagonista determinante para el incremento brutal de la violencia: el narcotráfico.
Y cuando muchos en Colombia pensaron que con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y el ahora movimiento político FARC bajaría la intensidad del conflicto armado en las zonas más pobres sitiadas por el crimen organizado, la situación parece no mejorar.
Naciones Unidas, a través de su Oficina para los Derechos Humanos y la Agencia para los Refugiados, ACNUR, al igual que la Defensoría del Pueblo de Colombia, han advertido sobre el incremento en las cifras del desplazamiento forzado, de amenazas y de homicidios en Colombia en 2018. En algunas regiones como el Bajo Cauca antioqueño se ha registrado un aumento de estos delitos en un 255 por ciento en lo que va del año con respecto al mismo periodo de 2017.
Y el problema de fondo continúa siendo el narcotráfico. Según la Policía de Colombia, diferentes grupos armados ilegales se disputan los territorios que antes estaban bajo control de la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC. En los departamentos de Nariño, Putumayo y Norte de Santander, se vive una de las situaciones mas complejas. Solo en estas tres regiones, según cifras oficiales, están concentradas mas de 100 mil de las aproximadamente 200.000 hectáreas sembradas con hoja de coca en el país. Y eso ha traído consigo el aumento de la violencia.
Las masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales se han incrementado en Nariño y Chocó. En diciembre de 2017, trece personas fueron asesinadas en la población de Maguí Payan, Nariño, por guerrilleros del ELN, según información del Ejército. Dos meses antes, nueve recolectores de hoja de coca habían muerto en confusos hechos en zona rural de Tumaco. Según la Policía, murieron en medio del fuego cruzado con una disidencia de las FARC. Pero, según ONGs como Asominuma (Asociación de Juntas Comunitarias de Mira, Nulpe y Mataje), fueron asesinados por la fuerza pública.
Situaciones que motivaron un éxodo de decenas de campesinos hacia ciudades como Pasto y Tumaco, en el sur del país.
Pero también huyen de la violencia las comunidades indígenas y negrodescendientes en el departamento del Chocó donde, según la Diócesis de ese departamento, las cifras de homicidios son casi 5 veces más que el promedio nacional: 25 homicidios por cada cien mil habitantes. Y así lo ha ratificado también la Defensoría del Pueblo. Allí, la disputa entre el ELN, disidencias de las FARC y bandas criminales por el control de la minería ilegal, el contrabando de armas y el narcotráfico, tiene en jaque a la población civil.
A todo esto se suma la grave situación en zonas rurales como Cáceres y Tarazá en Antioquia. Según la ONU, unas 822 familias se han visto afectadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan copar los territorios que antes estaban bajo control de las FARC. Personas que ha tenido que salir huyendo en medio del estruendo de las ráfagas de fusil y ametralladoras de bandas criminales como el llamado “Clan del Golfo” y el ELN.
Según el Centro de Memoria Histórica, en la investigación “Colombia, una nación desplazada”, en el país el conflicto armado ha dejado cerca de 7 millones y medio de personas desplazadas en los últimos 50 años.
Otro fenómeno que está complicando la grave situación de vulneración de los derechos humanos en Colombia es el asesinato de líderes sociales. En el informe de Amnistía Internacional publicado este jueves, la organización no gubernamental alerta y manifiesta su preocupación por el aumento de los atentados selectivos que se han cobrado la vida de al menos 180 líderes en el último año. La mayoría de estos hechos han ocurrido en las zonas en disputa por los grupos armados ilegales. Otro ingrediente que se suma al cóctel explosivo de narcotráfico, ilegalidad y violencia que está expulsando de nuevo a miles de colombianos de sus territorios.
El Gobierno ha anunciado operativos militares como la llamada Operación Hércules, de combate al crimen organizado. Varios cabecillas del llamado “Clan del Golfo”, principal organización del narcotráfico en Colombia, han sido dados de baja. De igual manera, han sido abatidos y capturados guerrilleros del ELN y disidencias de las FARC. Pero no parece ser suficiente la acción de la fuerza pública.
Los campesinos piden garantías para volver a sus parcelas y atención humanitaria para sobrellevar su situación en albergues a los que han llegado con sus familias. Los niños son la población mayormente afectada por el desplazamiento forzado. Los recursos públicos no alcanzan y los alcaldes de municipios y ciudades intermedias sostienen que el escaso presupuesto es insuficiente para atender las necesidades de los desarraigados.
Muchos desplazados deambulan como zombies en las calles. Sin trabajo y sin un futuro claro. No saben si arriesgarse y volver o quedarse y sumarse a quienes tocan puertas en las ciudades capitales buscando oportunidades de trabajo o rebuscándose en los semáforos o pidiendo limosnas. Una historia que no parece tener fin en Colombia y que ha marcado a generaciones de familias, cuyo único pecado ha sido pertenecer a regiones ricas en minerales o invadidas por el flagelo del narcotráfico en medio de la mas extrema pobreza.