(CNN) – Han pasado seis meses desde que el presidente de EE.UU. Donald Trump decidió poner fin a un programa que protegía a los jóvenes inmigrantes indocumentados de la deportación, y Washington parece no estar más cerca de solución cuando llega el día en que se suponía que todo debía resolverse.
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El 5 de marzo fue concebido originalmente como una fecha límite para la acción. Cuando Trump puso fin al programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia en septiembre, creó un retraso de seis meses para darle tiempo al Congreso a presentar una versión legislativa de la política, que protegía a los jóvenes inmigrantes indocumentados que habían llegado a Estados Unidos cuando eran niños.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) iba a renovar los permisos DACA de dos años que expiraron antes del 5 de marzo, y este lunes sería el día posterior al cual esos permisos comenzarían a expirar definitivamente.
Pero varios jueces federales dictaminaron que la justificación que la administración Trump estaba utilizando para terminar el programa era, en el mejor de los casos, inestable, y le ordenaron al DHS reanudar la renovación de todos los permisos vigentes de DACA. Y la Corte Suprema rechazó la solicitud inusual del gobierno de adelantarse a los tribunales de apelación y considerar de inmediato si invalida esas decisiones.
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Esa intervención judicial efectivamente dejó sin sentido la fecha límite del 5 de marzo y, junto con un fracaso dramático en el Senado para aprobar una solución legislativa, el viento ha sido sobrepasado en su mayor parte por cualquier posible compromiso.
Los activistas marcaran la fecha con manifestaciones y campañas. Cientos de partidarios de DACA irán a Washington para presionar por la acción.
El 23 de marzo es la próxima fecha límite para el financiamiento del gobierno, y algunos legisladores han sugerido que pueden tratar de utilizarlo como punto de apoyo.
Pero fuentes cercanas al proceso dicen que es más probable que se hagan esfuerzos para evitar que se haga un mal acuerdo dentro vinculado al plan de financiamiento ya que ninguna solución tiene un camino claro para aprobarse y el liderazgo republicano de la Cámara se ha opuesto a unir cualquier asunto de inmigración a un acuerdo de gastos.