(CNN Español) – Laurie Cook estaba buscando un lugar para hacerse una mamografía cerca de su casa en New Hampshire, Estados Unidos. Fue al sitio de Internet de su aseguradora y escribió su código postal. En seguida apareció una lista de centros… cada uno de los cuales le ofrecía un incentivo en dinero para ser el elegido.
¿Pagarle? ¿Por hacerse una prueba? Ofrecer dinero en efectivo es parte de una controversial estrategia para controlar el gasto en atención médica, dirigiendo a los pacientes a proveedores más rentables para atenciones que no sean emergencias.
Los programas estatales de seguro de salud para empleados públicos fueron de los primeros en adoptar este enfoque. Ahora está creciendo.
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Revisando sus opciones, Cook, una enfermera escolar que tiene cobertura a través del plan para empleados estatales de New Hampshire, descubrió que, al elegir un determinado establecimiento, calificó para recibir un cheque de 50 dólares por correo.
Luego, utilizó el sitio web para buscar un lugar para una serie de pruebas de laboratorio. “Recibí cheques de 25 dólares por varias semanas”, contó Cook. Los cheques representaron una parte de su ahorro al elegir estos lugares.
Los legisladores en el cercano estado de Maine llevaron esta idea incluso más lejos, promulgando recientemente una legislación que requiere que algunas aseguradoras privadas ofrezcan incentivos en efectivo a los consumidores. Propuestas similares están pendientes en un puñado de otros estados, incluyendo Virginia, Virginia Occidental y Ohio.
“Si los planes de seguro fueran serios en ahorrar dinero, habrían empezado a hacer esto hace años”, dijo Josh Archambault, miembro senior de la Foundation for Government Accountability, un grupo de defensa de Naples, Florida, que promueve leyes sobre el “derecho a comprar”.
Aun así, algunos economistas advierten: si bien estas compras pueden marcar una diferencia, representan una pequeña gota de los 3,3 billones de dólares que se gastan en atención médica cada año en Estados Unidos.
“Estas no son ideas locas”, dijo David Asch, profesor de medicina, ética médica y política de salud en el Center for Health Care Innovation en Filadelfia. Pero es difícil lograr que los consumidores cambien sus costumbres, y reducir el gasto en atención médica es una tarea aún mayor. Los incentivos económicos, advirtió, “podrían ser menos efectivos de lo que se cree”.
Para Francois de Brantes, vicepresidente y director del Center for Value in Health Care en Altarum, lo esencial es generar transparencia en los precios. “Creo que esto podría ser un gran avance”, dijo.
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Sin embargo, entre los programas en uso, solo unos pocos muestran a los consumidores las diferencias de precios entre las instalaciones. Muchos, como el que usó Cook, simplemente muestran los incentivos financieros asociados a cada instalación.
Varios estados requieren que las aseguradoras o los proveedores de servicios médicos proporcionen estimaciones de costos a pedido de los pacientes, aunque estudios han encontrado que la información puede ser difícil de acceder.
Ahora, las empresas privadas están comercializando formas de hacer que esta información esté más disponible, incorporándola a los programas de incentivos.
Por ejemplo, Vitals, la compañía con sede en New Hampshire que administra el programa que usó Cook, y Healthcare Bluebook en Nashville, Tennessee, ofrece a los empleadores, por una tarifa, programas que comparan precios de mamografías, análisis de sangre y de orina, entre otros.
La ley de Maine, adoptada el año pasado y vigente a partir de 2019, exige que las aseguradoras que venden cobertura a pequeñas empresas ofrezcan incentivos financieros, como tarjetas de regalo, descuentos en deducibles o pagos directos, para alentar a los pacientes a elegirlos.
Comprar atención médica enfrenta otros desafíos. Por un lado, gran parte de la atención médica no es “comprable”, lo que significa que pertenece a la categoría de servicios de emergencia. Pero cosas como análisis de sangre, radiografías, pruebas de detección de cáncer y algunos medicamentos forman parte de este nuevo juego.
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Así y todo, un estudio de 2016 del Health Care Cost Institute muestra que menos de la mitad de los más de $500 mil millones que gastan los consumidores con cobertura a través de sus trabajos cae en esta categoría. El informe también señaló que debe haber una variación en el precio entre proveedores en una región para que estos programas tengan sentido.
“Las diferencias de precios son tan sustanciales que da miedo”, dijo Heyward Donigan, presidente ejecutivo de Vitals.
A pedido de Kaiser Health News, Healthcare Bluebook ejecutó algunos números de muestra para un código postal del norte de Virginia, descubriendo que el costo de una colonoscopía oscilaba entre 670 y 6.240 dólares, mientras que una artroscopía de rodilla varió de 1.959 a 20.241 dólares.
Otro desafío es la creencia de algunos consumidores que los precios más altos significan una mayor calidad, lo que los estudios no corroboran.
Incluso con incentivos, los programas se enfrentan a lo que puede ser su mayor desafío: simplemente lograr que las personas utilicen una herramienta de compra.
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La portavoz del estado de Kentucky, Jenny Goins, dijo que solo el 52% de los empleados elegibles miraron el sitio de compras el año pasado y, de ellos, poco más de la mitad eligió una opción menos costosa. “Eso no es tan alto como nos gustaría”, dijo.
Aun así, los trabajadores estatales en Kentucky se han embolsado más de 1,6 millones de dólares en incentivos, y el estado dijo que ha ahorrado 11 millones de dólares, desde que se lanzó el programa a mediados de 2013.
