(CNN) — Mientras la Casa Blanca y el Congreso se hunden más en el caos, la Corte Suprema de Estados Unidos muestra signos de fracturarse políticamente como el resto de Washington.
Las pocas decisiones emitidas hasta ahora y los alegatos orales pendientes en casos aún por juzgar sugieren que los cinco conservadores en el grupo de nueve miembros pueden estar listos para ejercer su poder de mayoría. Liderados por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y acompañados por el juez designado por el presidente Donald Trump, Neil Gorsuch, los cinco ya se han impuesto ideológicamente en los casos de derechos civiles de presos y de inmigrantes bajo custodia.
Las demoras históricas en la emisión de decisiones y los ataques entre los jueces de este tribunal también apuntan a la falta de armonía, en un momento en que la Corte Suprema podría tener un rol más importante en la vida estadounidense. El gobierno de Donald Trump se enfrenta a numerosas demandas judiciales sobre sus políticas, que incluyen el anuncio de que el censo incluirá una pregunta sobre la ciudadanía del individuo.
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Una pregunta que se dibuja desde enero de 2017 ha sido si los jueces controlarían a Trump, quien ha incumplido las normas legales, ha criticado a los jueces federales y ha mostrado desdén por el estado de derecho.
Desde que se abrió el período 2017-18 en octubre pasado, los jueces solo han emitido 17 decisiones firmadas. Ese es el número más bajo hasta finales de marzo para cualquier sesión desde que Roberts asumió el cargo en 2005, según Adam Feldman, cuyo blog Empirical SCOTUS examina las tendencias en la Corte Suprema de Estados Unidos. El máximo histórico de la tenencia de Roberts fue de 32 decisiones durante este período, el mínimo anterior fue de 19.
Es evidente que más casos están siendo discutidos entre bastidores.
Durante los alegatos públicos, los nueve miembros se han mostrado muy divididos en casos sobre distritos electorales políticamente manipulados; un panadero que se negó a hacer un pastel de bodas para una pareja gay, basado en sus creencias religiosas; y empleados del sector público que no quieren pagar aranceles sindicales.
Más allá de los casos que ya están sujetos a alegatos orales, los jueces han estado discutiendo durante tres meses sobre cómo responder a la solicitud del gobierno de Donald Trump de disolver una decisión judicial inferior que despejó el camino para que una adolescente embarazada centroamericana que ingresó en Estados Unidos irregularmente pueda acceder a un aborto. Los abogados del gobierno de Trump pidieron a los jueces que sancionen a los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, quienes defendían a la joven, por ayudarla a garantizar el aborto antes de que ellos apelaran la decisión del tribunal inferior.
Esta es la discordia que ya se cocina a fuego lento mientras los jueces se preparan para escuchar otro caso sobre distritos electorales políticamente manipulados —en Maryland, este miércoles— y sobre la prohibición emitida por Donald Trump de viajar a ciertos países de mayoría musulmana, emitida en abril.
Los jueces aún tienen que resolver un caso más de manipulación política, en Wisconsin, cuya audiencia fue el 3 de octubre de 2017.
Lo cierto es que los jueces podrían resolver las diferencias existentes entre ellos y comenzar a establecer un nuevo patrón de consenso. Pero las señales existentes hasta el momento no sugieren que la armonía esté cerca.
El suspense crece con la posible salida del moderado conservador Anthony Kennedy. Ahora con 81 años, en 2016 Kennedy comenzó a hablar en privado sobre su retiro. Esto, en medio de la campaña electoral presidencial.
Anthony Kennedy se ha quedado otro período completo y puede contentarse con continuar como el voto decisivo. Eso sí, siempre que su salud se mantenga. Los jueces que le siguen en antigüedad, Breyer, de 79 años, y Ruth Bader Ginsburg, de 85, son liberales que no han mostrado ningún interés en frenar o renunciar.