Nota del editor: Jorge Gómez Barata vive en Cuba. Es columnista, periodista y exfuncionario del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y exvicepresidente de la Agencia de noticias Prensa Latina. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.
(CNN Español) – La lucha armada, que tuvo siempre en contra el hándicap de la legalidad, sustentable cuando se amparó en el precepto liberal que legitima la rebelión contra la opresión y las dictaduras, es difícilmente justificable en las democracias, que por imperfectas que sean, dejan espacios para otras formas de participación política, en particular las contiendas electorales. Así, entre otros casos, ocurrió con en el IRA en Irlanda del Norte, ETA en España, y las FARC y el ELN en Colombia.
La dinámica es más compleja cuando los levantamientos armados, además de incurrir en la ruptura de la legalidad implícita en la sublevación contra el poder político y las instituciones del estado, suman el empleo de métodos y medios repudiables, como acciones terroristas y secuestros a cambio de los cuales se piden rescates, asaltos en busca de dinero, reclutamiento de menores, e involucramiento con el narcotráfico.
Entre las evidencias del lastre que representan estas asociaciones figura el auge de la violencia, el narcotráfico, el paramilitarismo y el delito en general en regiones fronterizas de Colombia con Ecuador y Venezuela tras el cese de la lucha armada acordado en La Habana.
Como muchos temían, elementos contrarios a lo pactado, presentes en las estructuras políticas colombianas, incluidos el parlamento, el poder judicial, los estamentos militares y policíacos, así como los reductos paramilitares, y algunos medios de difusión; estimulados por la insistencia del expresidente Álvaro Uribe, han saboteado la aplicación de los acuerdos de paz.
Las dramáticas circunstancias generadas por la actuación de un connotado criminal y narcotraficante, conocido como alias “Guacho” —formado en las filas de las FARC y actualmente cabecilla de una leva disidente de las mismas, y a quien se atribuye el reciente secuestro y asesinato de los tres integrantes de un equipo de prensa ecuatoriano— han revelado algunos pormenores presentes en la coyuntura política regional. Entre ellos se encuentran:
- El presidente Juan Manuel Santos, eficaz en la búsqueda de la paz, presenta dificultades para administrar el posconflicto y cumplir lo pactado con las FARC, especialmente lo relativo a la seguridad de los desmovilizados, y el mantenimiento del orden en las zonas desocupadas por la guerrilla.
- Impotencia de las FARC para controlar a todos sus efectivos, evitando fenómenos como la negativa a la dejación de armas y la constitución de “tropas disidentes” en diversos territorios.
- Ineptitud de los gobiernos de Colombia, Ecuador, y eventualmente Venezuela que no logran coordinar políticas y acometer acciones conjuntas para contener el paramilitarismo tradicional y la actividad de las formaciones “disidentes”.
De no controlarse las variables emanadas de la actuación de elementos de la catadura de “El Guacho”, los paramilitares, y algunos caciques locales, desprovistos de motivaciones ideológicas o políticas, y amparados en la violencia endémica en esas regiones, pueden retrotraer la situación a circunstancias vividas en los peores tiempos de la lucha armada en Colombia.