(CNN) – En un refugio de inmigrantes escasamente amoblado, a unos pocos kilómetros al sur de la frontera con McAllen, Texas, el pequeño Joan Flores corría por todos lados fingiendo llevar un chaleco antibalas.
El juego de fantasía comenzó en su natal El Salvador, después de que el niño de siete años hubiera visto a miembros de una pandilla conocida como “Exterminaciones” dispararle a un hombre a los ojos fuera de la casa de su familia, según su madre.
“Mi país no es un lugar para niños, no es un lugar para mi hijo”, dijo Patricia Flores, de 27 años, este miércoles. “No quiero que crezca así”.
Aquí, en el refugio Senda de Vida, muchos de los aproximadamente 50 inmigrantes que contemplan sus próximos movimientos no parecían intimidados por la política de tolerancia cero del gobierno de Trump que resultó en miles de separaciones familiares.
“Ha sido un viaje demasiado largo para darnos por vencidos ahora”, dijo Flores, quien ha estado en el refugio dos semanas después de haber sido rechazada dos veces en el puente fronterizo por las autoridades de inmigración de Estados Unidos.
“Todos tenemos un sueño y, si Dios quiere, lo haremos realidad”.
Los inmigrantes son muy conscientes de la política ampliamente condenada que ha resultado en la separación de al menos 2.000 niños de sus familias.
Algunos han decidido regresar a sus hogares después de sus peligrosos viajes al norte, a lugares como El Salvador, Honduras y Guatemala.
Aún así, muchos parecen no verse afectados por la decisión de la administración de referir a todas las personas atrapadas que cruzan la frontera ilegalmente para su enjuiciamiento, incluidas las que tienen niños. La política ha resultado en familias separadas cuando los adultos son detenidos para enfrentar cargos criminales, sin procedimientos claros para reunirlos con sus hijos después.
“No puedo volver a casa”, dijo Flores, sentada en una litera y cada vez más emocionada, con los brazos cruzados sobre el pecho. “No hay futuro para nuestros hijos allí”.
“Sólo tengo cicatrices para mostrarles
A pesar de que Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva que pone fin a las separaciones familiares al permitir que sean detenidos juntos, los migrantes en el refugio de Reynosa, a pocos pasos del Río Grande, esperaron en medio de la confusión y la incertidumbre.
Se sentaron juntos para el desayuno. Se turnaron para lavar los vasos y platos de plástico que usaban. Un niño con una camisa roja, pantalones cortos y sandalias empujó a un anciano en una silla de ruedas al fregadero. Otro niño jugó con un teléfono celular. Una niña con una camiseta de Hello Kitty corrió sonriendo. Un grupo de muchachos garabateaba en hojas de papel.
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Para muchos inmigrantes, como Christian Ortiz, de 26 años, regresar a casa (en su caso, a Honduras), no es una opción.
Ortiz dijo que huyó de su tierra natal meses atrás, expulsado por un ultimátum de una pandilla callejera despiadada.
“O les pertenezco o matan a mi familia”, dijo en una sala del refugio donde los colchones se colocan uno encima del otro durante el día.
Mientras caía una lluvia torrencial, Ortiz se levantó la camisa para mostrar las cicatrices que tenía en la espalda por los látigos de los miembros de pandillas que trataban de reclutarlo. Decidió dejar atrás a sus hijos pequeños y dirigirse a la frontera con Estados Unidos. Dijo que vio a dos hombres asesinados mientras viajaban en un tren hacia el norte a través de México. Él espera finalmente encontrar a familiares en Houston.
Además de las cicatrices, Ortiz dijo que tiene poca evidencia de los peligros que enfrenta en su país para presentarse como un caso de asilo.
“No tengo pruebas ni documentación”, dijo. “Solo tengo cicatrices para mostrarles”.
“La necesidad es mayor que el miedo”
Su única esperanza ahora, dijo, es cruzar la frontera. Su familia le ha estado pidiendo dinero, contó.
“Espero que Donald Trump tenga un cambio de opinión”, dijo. “Espero que pueda mostrar algo de compasión… No sé si tiene un corazón de piedra con todas las cosas que ha dicho, pero todos somos humanos con corazones de carne. Tal vez si escucha nuestras historias, cambiará”.
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Dolores Contreras Alarcón, de 40 años, dijo que fue separada de sus tres hijos luego de ser detenida por las autoridades de inmigración de Estados Unidos en Texas el mes pasado. Ella y sus hijos fueron deportados después de unos cuatro días, pero su esposo permanece bajo custodia estadounidense.
Nativa de la ciudad mexicana de Veracruz, Contreras contó que le dijo a un agente que tenía medicamentos que uno de sus hijos necesitaba para la epilepsia.
“No nos importa”, relató, y el agente le dijo que le ordenara tirar las píldoras. “No deberías haber venido a este país”.
En su primer cruce fronterizo, dijo Contreras, tomó un bote al otro lado del Río Grande y atravesó un terreno montañoso en las horas previas al amanecer antes de encontrarse con la patrulla fronteriza. Ella juró intentarlo de nuevo.
“Sí, tengo miedo, pero la necesidad es mayor que el miedo”, dijo. “Conocemos los riesgos”.
– Ed Lavandera y Jason Morris de CNN informaron desde México, Ray Sanchez informó y escribió en Nueva York.