Nota del editor: Joshua A. Geltzer es director ejecutivo y profesor visitante de Derecho en el Instituto de Leyes y Protección Constitucional del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y miembro de New America. Anteriormente fue director principal de Contraterrorismo y asesor jurídico adjunto en el Consejo de Seguridad Nacional. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas.
(CNN) – Por fin, la Corte Suprema ha hablado. Después de 17 meses, cientos de páginas de fallos de tribunales inferiores y tres versiones de las restricciones de ingreso a Estados Unidos impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump, el alto tribunal se ha pronunciado sobre la prohibición, manteniendo la promesa de la campaña de Trump. Desde ya los expertos se centran en lo que decidió la corte y cómo los diferentes jueces llegaron a sus diversas conclusiones. Pero, independientemente de la decisión, el verdadero ganador aquí es el estado de derecho.
Específicamente, es el proceso que condujo a este momento el que reivindica el estado de derecho. Cuando esta saga comenzó con la emisión de la primera restricción de ingreso de Trump, una semana después de su toma de posesión, el presidente de Estados Unidos invocó la seguridad nacional y la amenaza del terrorismo, en particular, para justificar una decisión que afirmó era necesaria para proteger a Estados Unidos. Además, sus abogados argumentaron que los tribunales no tenían nada que ver en el escrutinio de la legalidad de la rotunda revisión de la política de inmigración de Estados Unidos, ni siquiera si entraba en conflicto con la Constitución.
Pero los tribunales federales se negaron a ser intimidados por los abogados de Trump. Por el contrario, los tribunales de todo el país anularon el primer veto inmigratorio de Trump y el segunda también. Esto forzó al presidente a apartarse de las restricciones que realmente deseaba y reemplazarla, dos veces, con prohibiciones que se acercaban, al menos en ciertos aspectos, a la marca constitucional, como al aclarar que no se aplicaban a los residentes legales en EE.UU. y proporcionando más de una descripción del razonamiento detrás de ellos.
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Cuando los tribunales evaluaron la primera, la segunda y finalmente la tercera, los jueces se negaron rotundamente a aceptar que no tenían ningún papel que desempeñar al evaluar la legalidad de las medidas. También se negaron a ceder a la mera invocación de seguridad nacional de Trump para justificar sus acciones. En cambio, examinaron cuidadosamente si la administración de Trump tenía los argumentos necesarios para justificar su afirmación sin precedentes de un amplio poder ejecutivo sobre la inmigración.
Incluso en la Corte Suprema, tradicionalmente dispuesto, incluso ansioso, de aplazar a un presidente cuando invoca la seguridad nacional, los abogados de Trump se enfrentaron a preguntas difíciles y una negativa por parte de los jueces para acceder a las exigencias del Gobierno sobre las necesidades de seguridad nacional. La corte no sería ni dejada de lado ni silenciada; más bien, jugó su rol constitucional crítico de escrutinio del Poder Ejecutivo, y se negó a considerar las afirmaciones de Trump sobre la seguridad nacional como suficientes para que ceder ante el presidente.
Así, cuando se trata de la salud de nuestro sistema constitucional, lo que más importa no es la decisión del tribunal sobre el veto inmigratorio, sino el proceso que llevó a esa decisión. Es un proceso que ha justificado, en primer lugar, un sistema legal en el que los ciudadanos comunes pueden demandar al presidente y desafiar sus acciones en el tribunal; segundo, un poder judicial federal cuyo papel en la defensa de la Constitución nunca ha sido más vital de lo que está demostrando hoy; y, tercero, el estado de derecho en sí mismo.
Todo eso es un buen augurio para el futuro. Este drama de 17 meses sugiere que, donde sea que el presidente intente ir después con su veto inmigratorio y otras políticas, aunque dudosamente, justificadas en nombre de la seguridad nacional, tendrá que contar con los tribunales federales.
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Esa es una conclusión particularmente importante dada la creciente insistencia de Trump en invocar la seguridad nacional para justificar muchas de sus políticas.
El proceso que condujo a la decisión de la Corte demuestra que, dado que estas políticas continúan enfrentando desafíos legales importantes, los tribunales no le darán a Trump un pase libre simplemente porque insiste en excusar cada acción con el lenguaje de seguridad nacional.
Eso hace que los verdaderos ganadores del litigio de las restricciones de ingreso al país sean los estadounidenses. Eso es porque, cuando el estado de derecho triunfa, nosotros y la Constitución valoramos que todos estamos más seguros.
