Nota del editor: Roberto Rave es politólogo con posgrado en negocios internacionales y comercio exterior por la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Columbia de Nueva York. Con estudios en Gerencia de la Universidad IESE de España y candidato a MBA de la Universidad de Miami. Es columnista del diario económico colombiano La República. Fue escogido por el Instituto Internacional Republicano como uno de los 40 jóvenes líderes más influyentes del continente. Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas del autor.
(CNN Español) – Con frecuencia se dice que la economía informal es la causa de los grandes problemas sociales que padece América Latina. Esta percepción es equivocada, pues surge de una mala comprensión de este fenómeno. Porque la informalidad no es más que un escape o una salida, espontánea y popular, a las costosas, asfixiantes y a veces absurdas regulaciones, y trámites de todo tipo impuestas por los estados a los negocios privados. Es decir, la informalidad económica, bien entendida, es solo el síntoma y no es la enfermedad. El verdadero problema es la burocracia estatal, con sus innumerables trabas y limitaciones al comercio, la industria, el agro y el empleo.
Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), “el sector informal sigue teniendo una gran representación en la región donde, para algunos países, el mercado laboral informal es ahora de mucho mayor tamaño que el de la economía formal. Comprendiendo casi 60% del mercado de trabajo”. En América Latina y el Caribe hay al menos 130 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad de las cuales más o menos 27 millones son jóvenes.
La economía del rebusque crece a pasos agigantados y el Estado pierde fuerza ante la imposibilidad de construir un sistema viable y atractivo. Los jóvenes se ven afectados y muchos pierden la esperanza de un empleo digno que traiga calidad de vida a sus familias. Optando así por la informalidad, siendo esta la mejor opción para tener lo mínimo.
La informalidad laboral ha sido una constante en los países de la región, en donde se han ido construyendo sistemas paralelos al formal, que facilitan a los ciudadanos la posibilidad de trabajar informalmente. Esto sin cumplir con las bienintencionadas, pero onerosas normas laborales para poder sobrevivir. Los avances efectivos en políticas públicas han sido lánguidos y lentos. Este fenómeno es producido por un sistema regulatorio complejo, sustentado en la coacción y no en el incentivo para entrar al sistema.
Ahora bien, otra causa de los altos índices de informalidad que padecemos en América Latina son los impuestos. No solo porque son altos, sino que, en general, resultan muy difíciles de pagar. En Colombia, por ejemplo, entre lo nacional, departamental y municipal, se suman una enorme carga tributaria para las empresas. Esto incentiva la evasión. Según cifras de la CEPAL, la evasión fiscal en América Latina llega a US$ 340.000 millones y representa 6,7% del PIB regional. Más que el PIB de Colombia.
Hernando de Soto, un prestigioso economista y académico peruano, ha dedicado varios libros e investigaciones a este fenómeno. De Soto propone que la estrategia debe ser la de informalizar la formalidad. Es decir, hacer más viable, atractiva y simple la incursión en la formalidad. En su libro “El Otro Sendero”, escrito junto al reconocido jurista peruano Enrique Ghersi, otro gran especialista en la materia, definen la informalidad como “la respuesta popular, espontánea y creativa ante la incapacidad estatal para favorecer las aspiraciones de los más pobres”. Es decir, el problema no es la economía informal sino el Estado. También afirman que “cuando la legalidad es un privilegio al que solo se accede mediante el poder económico y político, a las clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad”.
Existen diferentes maneras de abordar este fenómeno socioeconómico. Se puede continuar por el camino actual, agudizado en los países del llamado socialismo del siglo XXI, de seguir aumentando el tamaño de Estado y su maraña regulatoria. Confiriéndole cada vez más poder a los burócratas y a los políticos. Creando más trámites, permisos y licencias, al tiempo que se siguen aumentando los impuestos, tanto en sus tarifas como en su cantidad. La experiencia enseña que el resultado seguirá siendo la pérdida de legitimidad del Estado y una estampida social, cada vez mayor, hacia informalidad. Si la formalidad fuese tan atractiva, ¿por qué los emprendedores pobres no la buscan?
El otro enfoque es el de reducir el peso del Estado en la economía. En esta línea se encuentra la propuesta, seria y realista, del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque. Quien llega al Gobierno con una política de fuertes incentivos para los nuevos emprendimientos, entre los que se encuentran la reducción de los impuestos y la simplificación de trámites y regulaciones que tanto daño le han hecho a la economía colombiana. Duque tiene claro que la formalización de la economía informal, a través de los incentivos para el emprendimiento, el empleo y la inversión, es un camino seguro y probado para disminuir la pobreza. Ojalá que Colombia marque el rumbo para que América Latina empiece a superar la informalidad de una vez por todas.