Nota del Editor: Hope Frye, Directora Ejecutiva de Project Lifeline, un programa que ayuda a jóvenes con delitos a recibir educación y brinda apoyo para su desarrollo académico.Es ex presidenta de la Mesa Directiva de CHRCL y ex presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
(CNN Español) – Recientemente, la administración Trump propuso una regulación de 200 páginas para controlar la detención de los niños y las familias detenidas por las autoridades de inmigración. Estas regulaciones están generalizando, aplicando nuevas restricciones y buscando legalizar las prácticas punitivas que la administración Trump utiliza en contra de los inmigrantes detenidos. Ellos se encuentran en violación directa y flagrante de las órdenes de la corte.
Para comprender qué tan oneroso es este paquete, aquí presentamos un antecedente útil.
En 1985, Jenny Flores, de 15 años, fue detenida por Inmigración en un hotel en ruinas, al este de Los Ángeles. Este lugar no era apropiado para albergar a nadie, mucho menos a niños. La tía de Jenny la quería llevar con ella, pero las reglas de inmigración sólo permitían entregarla a sus padres. Afortunadamente, un abogado de derechos humanos defendió a Jenny y a todos los demás niños en detención e interpuso una demanda. El Gobierno luchó con uñas y dientes el caso durante 12 años.
Fue una guerra total contra los niños.
Finalmente en 1997, el gobierno cedió y entró en un acuerdo que estableció los estándares nacionales para la detención, liberación y el trato de los niños en custodia migratoria. El acuerdo, llamado el “Acuerdo Flores”, está escrito con un “lenguaje claro e inequívoco”, dijo la Juez Federal Dolly Gee, frente a la cual todavía se encuentra activa una moción para hacer cumplir el Acuerdo Flores.
El Acuerdo Flores dice que, dentro de un plazo de 120 días, el Gobierno emitirá regulaciones consistentes con el Acuerdo. En otras palabras, dijeron que lo harían ley. Eso fue hace 21 años. Desde entonces, el gobierno a través de sucesivas administraciones no ha hecho nada más que violar consistentemente sus términos.
En julio, la administración Trump acudió a la corte y le pidió a la Juez Gee que cambiará los términos del Acuerdo Flores. Específicamente, ellos querían cambiar las reglas para poder detener a las personas indefinidamente. La Juez Gee dijo que no, encontró inadecuada su solicitud. Dijo que su interpretación del acuerdo Flores era “distorsionada” y su presentación “cínica”.
Y, el pasado jueves, emitieron estas nuevas regulaciones para realmente “distorsionar” el Acuerdo Flores y demostrar el mismo desdén que tienen por los inmigrantes mediante la fabricación masiva de procedimientos federales por entrada ilegal, acusando a padres de reclamar a sus hijos falsamente como suyos y quitándoles los pasaportes a ciudadanos estadounidenses de herencia mexicana principalmente.
En el mejor de los casos, el Gobierno no está siendo sincero al explicar su justificación para la regla. Las mismas personas que arrancaron bebés de los brazos de sus madres ahora afirman que mantener a las familias unidas es su principal prioridad. Sí, las familias permanecerán unidas, mantenidas en detención obligatoria hasta que sus casos migratorios se definan. Lo mismo pasará con los niños que no vengan acompañados.
¿Qué es lo que sucede en estos lugares? Yo he estado dentro de estos centros de detención. He entrevistado a niños que fueron detenidos por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Lo que comentan sobre las condiciones en las que viven es desgarrador.
Sobre los CBP, los niños dicen que no hay comida y agua adecuada. Las temperaturas son muy bajas y no hay atención médica. La Juez Dolly Gee los escuchó, estuvo de acuerdo con ellos y nombró a un Maestro Especial para investigar.
La conducta que el Gobierno pretende proteger mediante estas reglas es una violación directa a cada promesa realizada cuando se aceptó el Acuerdo Flores. Ellos están violando consistente y rutinariamente los derechos humanos de los niños. Estas violaciones han estado sucediendo por más de 20 años. Ahora, el Gobierno ha decidido emitir regulaciones que dejarán de lado el Acuerdo Flores para poder hacer legalmente lo que han estado haciendo de manera ilegal.
¿Quiénes estarán a cargo de tener a los niños? Las mismas compañías a las que el gobierno ha estado enriqueciendo proporcionando servicios inadecuados a un alto costo y grandes ganancias, haciendo que los contribuyentes paguen por ello. Estos contratos acogen la oportunidad al gobierno de distanciarse a sí mismos de una responsabilidad directa y de culpa.
Un nuevo esquema eliminaría el requisito de contar con licencia estatal, dependiendo en la mayoría de los casos en compañías privadas contratadas por las mismas agencias que están siendo auditadas para certificar que el gobierno cumple con sus propios estándares, al mismo tiempo que están obteniendo ganancias generosas a cambio.
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Notablemente ausente de las regulaciones propuestas se encuentran los cálculos de lo que estas propuestas costarían. Por ejemplo, “DHS no puede proporcionar una estimación de ningún aumento al costo de los FRC (centros residenciales familiares) o realizar una estimación del costo de ningún aumento en la detención”. Cuesta más pagar a un contratista que hacerlo uno mismo. Y siempre puedes culparles si las cosas salen mal.
Pero, antes de que se finalicen las reglas propuestas, hay un período de 60 días durante el cual cualquier persona puede realizar comentarios sobre la regla propuesta. Yo haré mis comentarios. Muchos comentarios. Y creo que muchos otros se unirán también.
Y aquellos que han defendido los derechos de los niños y han exigido cuentas al gobierno por sus flagrantes violaciones al Acuerdo Flores continuarán con la acción legal. Y mientras que el gobierno despilfarra nuestro dinero defendiendo lo indefendible, las reglas propuestas morirán lentamente en las cortes.
