Nota del editor: Fernando Berckemeyer es un periodista peruano egresado de la Pontificia Universidad Católica de Perú con maestría en leyes de Harvard. Es el vicepresidente regional de la Comisión de la Libertad de de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Fue director del periódico El Comercio (2014-2018).
(CNN Español) – La detención de Keiko Fujimori ha sido ampliamente celebrada por los cada vez más grandes sectores antifujimoristas que hay en el Perú. Sin embargo, al margen de todo lo que ella y el grupo que dirige puedan ser culpables -y me cuento entre quienes creen que es bastante-, no creo que pueda decirse que en este caso se esté haciendo justicia con ella. Más bien lo contrario.
Keiko Fujimori es víctima de una injusticia. Primero, porque está siendo juzgada penalmente por una conducta que, al menos bajo la ley peruana, solo es una falta administrativa. A saber, liderar un partido que recibió más financiamiento electoral de un solo donante que el permitido y hacer que parezca como procedente de varios otros financistas (simulados). En particular, presuntamente recibió financiamiento de Odebrecht, por esos días la más importante constructora latinoamericana y cuyos modos de hacer negocios eran, según se probaría luego, extensamente corruptos. (Keiko Fujimori ha indicado que fue arrestada “sin argumentos jurídicos” y que esto es parte de una “persecución política”)
Procesar a Keiko como la “cabecilla” de “una organización criminal” dedicada al “lavado de activos” es jalar al derecho de los pelos. Como lo es también -esta es la segunda injusticia- darle prisión preliminar a quien dirige el que aún es el partido más importante del Perú bajo el argumento de que no tiene “trabajo conocido” y por lo tanto arraigo en el país.
Por otra parte, tampoco tiene asidero racional considerar que “finalmente” se le ha hecho justicia a Keiko Fujimori. Al menos no el sentido en el que se le haga pagar por alguna corrupción que la singularice.
La verdad es que, bajo los argumentos del juez que la ha encarcelado, son también “cabecillas” de “organizaciones criminales” dedicadas al “lavado de activos” todos los principales candidatos a la presidencia del Perú de los últimos tiempos. De hecho, al expresidente Ollanta Humala y y su esposa, Nadine Heredia, se les dio prisión preventiva por un argumento semejante, si bien, según las fiscalía, ellos tuvieron la particularidad de recibir dinero desviado de las arcas públicas venezolanas, lo que ha negado el matrimonio Humala.
Se puede tener un juicio duro sobre Keiko Fujimori y el grupo que lidera. Pero no es la justicia la que la he llevado a prisión hace unos días.