(CNN Español) – La Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó todos los recursos legales solicitados por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Gobernación, según Santiago Palomo, vocero de la corte.
Todos estos amparos buscaban impedir el ingreso del comisionado Iván Velásquez al país, decisión que anunció el presidente Morales hace tres meses, porque, según asegura el mandatario, Velásquez, quien preside la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), se extralimitó en sus funciones.
Esta decisión de Morales fue rechazada por amplios sectores de la población guatemalteca, así como por diversos organismos internacionales. .
El gobierno de Morales no se ha pronunciado. Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, dijo a CNN que esperarán la notificación de la corte para opinar.
Sin embargo, en los últimos meses Morales se ha referido al tema en sus discursos y ha reiterado que no está dispuesto a obedecer lo que llama “resoluciones ilegales”. Este viernes por la mañana el mandatario reiteró: “Aprovecho a saludar a los que quieren entrar y no van a poder”.
El 31 de agosto anunció que no renovaría el mandato de la comisión. Cuatro días después ordenó a las autoridades de migración que impidiera el ingreso a Iván Velásquez al país. El comisionado permanece en el exterior desde el 3 de septiembre.
Durante su campaña electoral Morales aseguró en múltiples ocasiones que extendería el mandato de la Cicig. Esta entidad fue creada y avalada por varios gobiernos de Guatemala desde 2006, con el propósito de contrarrestar las redes criminales incrustadas en el Estado. Según los expertos, la corrupción tiene a Guatemala sumida en la pobreza extrema, desnutrición crónica y una fuerte crisis de seguridad social.
Al iniciar su mandato Morales aparecía en las conferencias de prensa junto a la entonces fiscal general, Thelma Aldana, y a Velásquez. Sin embargo, todo cambió cuando a comienzos de 2017 las autoridades descubrieron un caso de corrupción que involucraría a familiares del gobernante. Estas acusaciones se sumaron a otros dos señalamientos del Ministerio Público hacia el propio mandatario, por presunto financiamiento electoral ilícito.
Ambos expedientes no prosperaron por la negativa del Congreso de Guatemala, que no ha levantado la inmunidad de Morales. En todo momento el presidente, al igual que sus familiares, han asegurado, ser inocentes de los cargos.