(CNN) – Dos presos condenados a muerte fueron ahorcados en Japón, elevando el número de ejecuciones a 15 en 2018, el número más alto desde 2008.
Keizo Okamoto, de 60 años, antiguo miembro de una organización delictiva, y Hiroya Suemori, de 67 años, exasesora de inversiones, habían sido condenada a muerte en 2004 por un robo y asesinato.
Ellos robaron unos 900 millones de yenes (900.800 dólares) al presidente de una empresa de asesoría de inversiones en 1988, antes de matarlo a él y a otro empleado. Luego empacaron los cuerpos en concreto.
“Es un caso extremadamente brutal en el que robaron la preciosa vida de las víctimas, de hecho, por razones egoístas”, dijo el jueves el ministro de Justicia, Takashi Yamashita.
Yamashita firmó la orden de ejecución el martes.
Ejecuciones secretas
Las ejecuciones se llevan a cabo en secreto en Japón, sin previo aviso al prisionero, a sus familiares o representantes legales, según Amnistía Internacional.
Los prisioneros a menudo solo se enteran de su inminente ejecución unas horas antes de que se lleve a cabo.
La pena capital suele reservarse para quienes hayan cometido múltiples asesinatos. Todas las ejecuciones se realizan colgando al prisionero.
El Código de Procedimiento Penal de Japón establece que la pena de muerte debe aplicarse dentro de los seis meses de la emisión de la pena, pero de hecho casi nunca es así.
El polémico sistema saltó a los titulares internacionales en julio cuando fueron ejecutados 13 miembros del culto Aum Shinrikyo, que perpetraron el mortífero ataque con gas sarín de 1995 en el metro de Tokio.
Un total de 36 presos han sido ejecutados desde que el primer ministro Shinzo Abe asumió el cargo en diciembre de 2012. La práctica pone a Japón en desacuerdo con la creciente tendencia internacional hacia la abolición de la pena de muerte.
Japón y Estados Unidos son las dos únicas democracias desarrolladas que tienen establecida la pena de muerte. Cerca de 170 estados han abolido o suspendido las ejecuciones desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió la suspensión universal de la pena de muerte en 2007.