Nota del editor: David M. Perry es periodista e historiador. Es un asesor académico sénior del departamento de historia en la Universidad de Minnesota. Sígalo en Twitter. Las opiniones expresadas en el artículo son propias del autor.
(CNN) – “No estamos hablando de donar un edificio, estamos hablando de fraude”, dijo Andrew Lelling, el fiscal estadounidense de Massachusetts, cuando anunciaba las acusaciones formales en un supuesto esquema masivo mediante el cual celebridades y otros individuos adinerados se valieron de trampas, sobornos y mentiras para hacer que sus hijos ingresaran a las universidades más prestigiosas de EE.UU.
La conducta descrita en este supuesto fraude debería ser castigada. Pero, en un nivel más amplio y básico, el caso también revela las más profundas inequidades en nuestro sistema de admisión universitario. Porque si alguien puede hacer que su hijo ingrese a Harvard comprando un edificio, ni hablar de cometer algunos de los supuestos actos que se han conocido en este caso, el escándalo no es solo lo que es ilegal, sino también lo que es legal.
Las acusaciones son más que impactantes. Las actrices Felicity Huffman y Lori Loughlin, entre decenas de otros pudientes (aunque no necesariamente famosos) padres, supuestamente participaron en dos tipos de esquemas: uno basado en trampas en los exámenes y el otro en simular talento deportivo.
En cuanto a lo deportivo, los clientes le pagaban a William Rick Singer, quien dirigía consultoras educativas, una con fines de lucro y otra sin fines de lucro (supuestamente fraudulenta) y ahora es testigo colaborador, para crear historiales falsos de logros deportivos en la escuela secundaria. Luego, persuadía o sobornaba a los entrenadores para que aumentaran las probabilidades de admisión del estudiante.
CNN se comunicó con varios acusados para obtener sus comentarios. Yale, Wake Forest, UCLA, USC, y la Universidad de Texas y Georgetown publicaron declaraciones que van desde identificarse como víctimas de los supuestos esquemas delictivos a, en algunos casos, anunciar investigaciones internas y despidos. Singer se declaró culpable el martes y su abogado les dijo a los medios que su cliente está “muy arrepentido”.
Uno de los elementos más desconcertantes de este caso es, por supuesto, lo fácil que es para los ricos ingresar a las universidades de élite sin cometer fraude.
La mayoría de las mejores 100 universidades de Estados Unidos estimulan las admisiones de estudiantes cuyos ancestros hayan estudiado en la institución. Con esa política los estudiantes universitarios de primera generación corren con desventaja. Century Foundation lo llama “acción afirmativa para los ricos”. Las personas pudientes también pueden realzar las probabilidades de admisión de sus hijos mediante donaciones, como muchos han sugerido sobre la aceptación a Harvard del yerno del presidente, Jared Kushner, una versión que ha sido negada por los voceros de la familia de Kushner.
Depender de exámenes estandarizados favorece incluso a los estudiantes pudientes que no hacen trampa, porque tienen mayor acceso a tutores, a clases especializadas y a cursos preuniversitarios en escuelas secundarias privadas de élite. Como argumentan los autores de “Class Warfare: Class, Race, and College Admissions in Top-Tier Secondary Schools”, las admisiones universitarias ya son “un laboratorio de pruebas para la transferencia de ventajas sociales”.
El otro costado de la defraudación actual es incluso más pernicioso y está más concentrado en los exámenes. Por medio de Singer, los padres supuestamente sobornaron a funcionarios que administraban los exámenes estandarizados de varias formas. Algunos solo brindaban respuestas. Otros permitían sustituciones, para que un estudiante académicamente más talentoso tomara el examen en lugar del hijo del acusado.
Lo peor de todo, según los documentos de la acusación, es que algunos padres trabajaron con Singer para que su hijo fuera falsamente diagnosticado con una dificultad de aprendizaje. Con ello les brindaban más tiempo para responder las preguntas, les garantizaban un espacio tranquilo para tomar el examen y Singer cambiaba al examinador oficial con alguien de su nómina.
Por ejemplo, la querella incluye una supuesta conversación entre Singer y Gordon Caplan, el copresidente de una enorme firma legal internacional, Wilkie Farr & Gallagher. Singer le explicaba que la hija de Caplan se reuniría con un psicólogo de su nómina, pero que ella debía “ser estúpida” para ser diagnosticada con discapacidades de aprendizaje. Luego podría viajar a Los Ángeles a tomar la prueba con el examinador corrupto de Singer. Lo mejor de todo era que Singer supuestamente prometía que la hija de Caplan podría usar su diagnóstico falso para poder completar su carrera universitaria durante mucho más tiempo.
Según la transcripción publicada por el Departamento de Justicia, Singer le dijo a Caplan: “Lo que ha ocurrido es que todas las familias adineradas se han dado cuenta de que, si hago examinar a mi hijo y le dan más tiempo, le va mejor en el examen. Entonces la mayoría de estos niños ni siquiera tienen problemas, pero están consiguiendo más tiempo. El terreno de juego no está nivelado”.
Yo sé que el campo de juego no está nivelado. Soy el padre de un hijo con discapacidad. Tengo dislexia, pero nunca recibí un diagnóstico cuando estaba en la escuela. Enseñé durante 10 años en una escuela dedicada a educar a estudiantes universitarios de primera generación, que en su mayoría eran latinos.
Ahora asesoro a un grupo de 300 estudiantes de historia en una gran universidad pública. Trabajan mucho y son brillantes. Merecen mucha más confianza y apoyo de parte de nuestro sistema educativo. En cambio, he visto a demasiados estudiantes con un contexto mucho menos privilegiado que luchan por obtener el diagnóstico que necesitan, que se debaten con su propia sensación de estigmatización sobre si pedir ayuda y luego se enfrentan a maestros que sospechan de que están tratando de aprovecharse del sistema.
Gracias a supuestos criminales como estos, los cursos pueden convertirse una batalla entre estudiante y profesor sospechoso, en lugar de ser un proceso de construcción comunitaria e inclusión.
En su conferencia de prensa, Lelling dijo: “No puede haber un sistema de admisión distinto para los ricos”. Y agregó: “Tampoco habrá un sistema de justicia penal distinto”.
Estos son objetivos loables. Sin embargo, no es verdad. Hay un sistema de justicia distinto para los ricos. También hay un sistema de admisión distinto para los ricos que es bastante legal. Pero quizás con esta acusación nos acercaremos un poco a cambiar ese injusto statu quo.
(Traducción de Mariana Campos)