Nota del editor: Adrian Jofre Bosch es analista de conflictos internacionales y socio-políticos para CNN en Español. Graduado por Columbia University en el máster de Negociación y Resolución de Conflictos. Profesor en diferentes universidades españolas en materia de mediación, negociación y resolución de conflictos. Compagina su actividad docente y de investigación con el asesoramiento a instituciones públicas y privadas en su campo de especialización
(CNN Español) – Lo que en abril de 2018 comenzó como una controvertida reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en apenas 5 días, se convirtió en uno de los periodos de mayor convulsión social desde el fin del régimen de la familia Somoza en Nicaragua.
La nefasta gestión de las protestas ciudadanas por parte del gobierno dirigido por el sandinista Daniel Ortega derivaron en la violación sistemática de los derechos humanos según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Orquestados por un aparato represivo de marcado corte personalista que distaba del monopolio de la violencia legítima que un Estado de derecho puede ejercer.
El conflicto escaló rápidamente y las intervenciones de Ortega, lejos de frenar la hemorragia, incendiaban más el ánimo en las calles. Entre sus desatinos cabe destacar los cortes televisivos que fomentaron la viralización de las protestas o la movilización de la policía antidisturbios y las milicias paramilitares disparando el número de muertos a 325 y miles de heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pronto las manifestaciones cuestionaron sus 23 años en el poder, divididos en dos periodos, durante los últimos 40 años de la historia política de Nicaragua.
Esta enmienda a la totalidad de sus políticas en los últimos 12 años de gobierno ininterrumpido aunó a estudiantes, sociedad civil y empresarios que constituyeron de facto una oposición extraparlamentaria. Extraparlamentaria dado que el partido del presidente Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, sigue contando hoy en día con 71 de los 92 diputados de Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, correspondiente a un 77% del Parlamento. Con los grupos de oposición organizados a través del Movimiento Universitario 19 de Abril, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la patronal, la Conferencia Episcopal de Nicaragua trató de realizar el primer acercamiento.
El 16 de mayo del 2018 tuvo lugar en el Seminario de Nuestra Señora Fátima el inicio del Diálogo Nacional y debido a la imposibilidad de llegar a acuerdos, el 23 de ese mismo mes, se suspendió indefinidamente. El segundo intento se inició el 27 de febrero de este año, con características y resultados similares. Actualmente, a un mes del primer aniversario de las revueltas, se está realizando el tercer asalto y esta vez las características son marcadamente diferentes.
En primer lugar, el contexto internacional es diametralmente diferente al de hace un año. La crisis en Venezuela es total, implicando dos grandes consecuencias que influyen directamente en el proceso de negociación nicaragüense. Por un lado, el gobierno de Ortega ya no puede contar con el soporte de su principal aliado internacional, Venezuela, que tiene demasiado en su plato como para ocuparse de la situación interna de un socio, para Maduro, menor. El colapso económico de Venezuela hace imposible el suministro de petróleo subsidiado y, mucho menos, la contribución de ayuda al desarrollo con la que Chávez y Maduro premiaban la fidelidad del país centroamericano. Como consecuencia del trato preferencial derivado de los acuerdos comerciales establecidos entre Caracas y Managua, la economía nicaragüense se ha acostumbrado a los bajos costos de la energía, lo que dificulta ahora su competitividad. A esto se suma la imposibilidad de mantener las preferencias arancelarias de compras de bienes manufacturados nicaragüenses por parte de Venezuela, dada la situación económica y política del país bolivariano.
- Mira: Continúa el diálogo en Nicaragua luego que Ortega anunciará que liberará a los manifestantes detenidos
Por otro lado, la situación actual de Venezuela capta toda la atención de la opinión pública internacional. Las cancillerías y aparatos diplomáticos de medio mundo están concentrados en la crisis venezolana siendo el nuevo escenario donde medir fuerzas de un mundo multipolar; donde China, Rusia, Turquía, Brasil, México o la Unión Europea, aparte de EE.UU., tienen algo que decir al respecto. Estas potencias están demasiado ocupadas en marcar sus posiciones en la arena venezolana como para enfangarse en otro conflicto de dimensiones cuantitativas menores desde la perspectiva geográfica, demográfica o de recursos naturales.
Respecto a las presiones internacionales, el gobierno de Trump fue el primero en imponer sanciones económicas contra altos cargos del gobierno nicaragüense y ordenó el cese de los préstamos multilaterales a través de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. tras el primer fracaso del diálogo nacional. Posteriormente, en enero, un grupo de eurodiputados visitó Nicaragua de forma oficial. Se cree que esta visita impulsó el segundo intento del diálogo nacional bajo la amenaza de más sanciones por parte de la Unión Europea.
El 21 de marzo, el mismo día que el Parlamento Europeo pidió sanciones económicas contra personalidades cercanas a Ortega, se reanudaron por tercera vez las negociaciones entre gobierno y oposición. Estas nuevas negociaciones llegan tras una ronda de reuniones entre Daniel Ortega y Rosario Murillo -primera dama y vicepresidenta de Nicaragua- con las principales fortunas del país. Es notable el control de la patronal en este asalto, donde la iglesia pasa a ejercer un papel testimonial, junto a la Organización de Estados Americanos, y los encuentros se producen en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. El nuevo pragmatismo empresarial ha desplazado a los grupos estudiantiles de la mesa de negociación, cuya base social, más reaccionaria e intransigente con el gobierno de Nicaragua, no les permitía sentarse de nuevo con Ortega sin la liberación previa de los más de 700 presos detenidos por manifestarse en contra del gobierno. El viernes 22 de marzo comenzó la liberación de los primeros presos políticos como muestra de buena voluntad por parte de la administración sandinista. Las manifestaciones del sábado no fueron impedidas por la policía nacional y los detenidos quedaron en libertad el mismo día.
Todo parece indicar que el plan de excarcelaciones pactado en los primeros días de negociaciones se cumplirá de forma lenta pero progresiva. No obstante, aún son muchos los críticos que creen que este movimiento in extremis de Ortega se produce ante el recelo de la aplicación de sanciones por parte de los estados miembros de la Unión Europea, quienes tienen el poder ejecutivo real para sancionar, tras el llamado formal del Parlamento que no tiene capacidad coercitiva.
Una vez resuelto el punto de las excarcelaciones, la negociación deberá avanzar hacia puntos sensibles para Ortega como el reingreso en el país de las organizaciones internacionales o el adelanto de las elecciones, actualmente previstas para 2021. Adicionalmente, en esta nueva fase de las negociaciones se renueva la voz principal de la Alianza Cívica que estará representada por el antiguo embajador en EE.UU., Carlos Tünnermann, presente también en los intentos anteriores en segundo plano. El académico, reconocido por los organismos internacionales, puede aportar un tono sereno y conciliador en esta nueva y, quizá, última oportunidad.
Tras un invierno relativamente calmado en las calles de Nicaragua y bajo este nuevo enfoque pragmático y moderado, de menor calado ideológico y con las voces más disonantes representadas, pero fuera de la mesa, se espera una tercera ronda de negociaciones capaz de llegar a acuerdos efectivos que alivien el sufrimiento de la población nicaragüense. Paralelamente, habrá que ver cuáles son las intenciones reales de un Ortega solitario en el plano internacional y consciente de que tras los dos fracasos previos del diálogo nacional, su credibilidad y buena fe es cada vez más cuestionada tanto dentro como fuera del país. A todo esto, se debe sumar la presión externa de la Unión Europea y la profunda crisis económica por la que pasa el país incapaz de implantar la reforma fiscal y de la administración pública que necesita hasta la regeneración legítima de sus instituciones y el acuerdo de amplios grupos sociales.