(CNN) – La gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, firmó el lunes un proyecto de ley que exige que una persona condenada por un delito sexual contra un niño menor de 13 años comience la castración química un mes antes de ser liberada de la custodia.
La ley exige que las personas condenadas por tal delito continúen con los tratamientos hasta que un tribunal considere que el tratamiento ya no es necesario. Dice que los delincuentes deben pagar por el tratamiento y no se les puede negar la libertad condicional únicamente por la incapacidad de pagar.
“Este proyecto de ley es un paso hacia la protección de los niños en Alabama”, dijo Ivey.
Ambas cámaras de la Legislatura de Alabama aprobaron la legislación a fines del mes pasado, luego de que fue presentada por el representante estatal del Partido Republicano Steve Hurst.
La castración química implica administrar medicamentos, a través de tabletas o inyección, para inhibir el deseo sexual y hacer imposible que una persona realice actos sexuales. Si la persona deja de tomar el medicamento, los efectos pueden revertirse.
Varios estados tienen versiones de la castración química en sus leyes.
La legislación define la castración química como “la recepción de medicamentos, incluido, entre otros, el tratamiento con acetato de medroxiprogesterona o su equivalente químico, que, entre otras cosas, reduce, inhibe o bloquea la producción de testosterona, hormonas u otros productos químicos en el cuerpo de una persona “.
Según la ley, si un delincuente decide dejar de recibir el tratamiento, estará en violación de la libertad condicional y será obligado a regresar a la custodia.
El uso de la castración química es internacionalmente controvertido y los críticos dicen que cuando es forzada viola los derechos humanos.
Eli Watkins de CNN contribuyó a este informe.