(CNN Español) – Un informe del comisionado por Carlos Johnny Méndez, presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, determinó que sí existen bases jurídicas para un juicio político contra el gobernador Ricardo Rosselló. Tras más de una semana de protestas contra Rosselló —después de la divulgación de mensajes ofensivos de un chat grupal entre el gobernador y miembros de su círculo íntimo a principios de este mes— el juicio político (conocido en Puerto Rico como residenciamiento) pondría la presión final contra el dirigente.
Los manifestantes han pedido que el gobernador y otros altos funcionarios renuncien de inmediato. Rosselló ha dicho que permanecerá en su cargo, pero no buscará la reelección en 2020. Los manifestantes dicen que los mensajes filtrados son solo una de las muchas razones por las cuales el gobierno de Puerto Rico debe cambiar.
El reporte de los juristas lo elaboraron en un periodo que empezó el viernes y culminó el martes. Participaron tres juristas nombrados por Carlos Johnny Méndez, presidente de la Cámara.
Uno de los juristas que entregó el informe, Enrique Colón, dijo que la evidencia que ellos examinaron concluyó que “efectivamente” su recomendación es que se proceda con el juicio de Gobierno que es “la presentación de un documento de acusación para que continúen los procedimientos en la Cámara correspondiente que es el Senado de Puerto Rico”. Colón aclaró que el residenciamiento no conlleva una valoración penal sino los elementos de un posible delito.
¿Cómo funciona el proceso de juicio político en Puerto Rico?
Edgardo Román Espada, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico explicó a CNN en Español el proceso. Estos son los puntos más relevantes:
El reporte ya está en manos de la Legislatura. Ahora el presidente de la Cámara de Representantes debe distribuirlo entre todos los miembros y formar una comisión especial.
Los posibles cargos contra el gobernador que se incluyen en el informe son (1) aprovechamiento ilícito de trabajo por servicios públicos, (2) malversación de fondos públicos, (3) negligencia en el cumplimiento del deber y (4,5) dos cargos por faltas a la ley de ética gubernamental.
La comisión especial de la Cámara baja tendrá que evaluar y definir de qué manera va a hacer la evaluación.
Una vez que esté lista la evaluación, la determinación sobre si se recomienda un juicio político la toma el pleno de la cámara. Necesitan 2/3 de los votos para determinar si existe causa que justifique el juicio político. La cámara baja tiene 51 miembros hacen falta 34 votos.
En el Senado es el juicio político. En el Senado se necesitarían ¾ partes de los miembros de sus miembros para destituir al gobernador en un juicio político. Eso significa que 23 miembros tienen que votar en su contra de 30 miembros en total.
“Un proceso de esta naturaleza no va a pasar en un día. Lo importante es que no se prolongue excesivamente para que no vaya a ocurrir una tragedia”, dijo Román.
La Cámara baja y el Senado tienen facultad de citar al gobernador a declarar sobre las acusaciones.
Si Rosselló renuncia, se convoca a la secretaria de Justicia —Wanda Vázquez— para que la juramente el Tribunal Supremo.
Con información de Rafael Romo