Nota del editor: Oscar Díaz Moscoso es comunicador social de la Universidad de Lima, analista político y conferencista internacional. Ganador de cuatro premios nacionales de prensa. CEO de Viceversa Consulting S.A. Las opiniones expresadas en esta columna son propias del autor.
(CNN Español) – Los estimaciones más pesimistas calculan que Perú cerrará el año con un crecimiento de 2,5%, muy por encima del 0,6% promedio de la región y bastante más lejos del penoso -1,6% que amenaza a Argentina. Asimismo, el país de los incas cumplirá este 2019 nada menos que 21 años de crecimiento ininterrumpido, seguido por Colombia que cumplirá 20.
Por eso, no le faltaba razón al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, cuando al exponer en Toronto, en el Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) de este año, dijo bromeando que el ministro de Economía de México daría un riñón para crecer al ritmo del Perú.
Sin embargo, la envidiable salud económica de la que goza Perú no se condice con la crisis política que cubre con un nubarrón de incertidumbre esta república que en 2021 cumple el bicentenario de su independencia.
Valgan verdades: desde que el presidente Martín Vizcarra propusiera en su discurso de Fiestas Patrias que el Congreso de la República apruebe una enmienda constitucional que permita adelantar las elecciones presidenciales y parlamentariass un año, es decir a 2020, se ha desatado una pandemonio que ha dividido a la opinión pública y a la clase política y empresarial en dos bandos.
Si bien el argumento presidencial es que esta medida radical sería la única manera de salir del entrampamiento político que tiene enfrentados al Poder Ejecutivo y al Parlamento desde que ganó las elecciones Pedro Pablo Kuczynski –quien tuvo que renunciar y dejar la presidencia a Vizcarra– no queda muy claro que esta sea la mejor salida.
Incluso, muchos dudan de que las discrepancias entre los poderes ameriten un cambio constitucional, cuando el partido que ganó las elecciones y el que ostenta la mayoría parlamentaria de oposición son opciones de centro derecha muy parecidas en lo económico, lejanas de la clásica izquierda sudamericana. Por eso, muchos se preguntan si es realmente imposible entenderse entre pares, sin tener que hacer que la sangre llegue al río.
Sin embargo, el daño está hecho y las inversiones públicas y privadas han sufrido un freno repentino, aunque todavía no llegan a sacudir las cifras macroeconómicas peruanas.
Entre tanto, las apuestas se inclinan por esperar un choque entre poderes que hará que el Parlamento rechace la propuesta presidencial de adelanto de elecciones, obteniendo como respuesta presidencial el pedido, por segunda vez, de una Cuestión de Confianza que de ser rechazada (la primera fue en septiembre del 2017) habilitaría al primer mandatario peruano para cerrar el Congreso de la República y convocar a nuevas elecciones en cuatro meses, para que los nuevos elegidos completen el periodo parlamentario hasta 2021.
Es ante este posible escenario político que la comunidad internacional se pregunta cómo es posible que un país que crece como pocos en el continente y que ha contado desde 2001 con seis presidentes, esté enfrentando una crisis que puede tirar por los suelos todo lo avanzado.
La respuesta se encuentra en la fragilidad institucional del Perú y de muchos países latinoamericanos que no se acostumbran a vivir en democracia. Que creen que solo gobiernos de mano fuerte pueden darles estabilidad.
Esta es sin duda una tara de nuestras jóvenes democracias, más acostumbradas a los caudillos que a los procesos democráticos con partidos políticos fuertes, en los cuales las discrepancias son vistas como escollos insalvables, cuando en realidad son justamente la esencia del ejercicio democrático.
Si a esto le sumamos la escasa preparación que hoy ostenta la mayoría de la clase política peruana y latinoamericana, podemos entender mejor lo que pasa en Perú, que no es muy distinto de lo que ocurre en otros países de América Central y del Sur.
Así las cosas, ciudadanos y empresarios peruanos están a la expectativa, esperando el inminente desenlace del desencuentro del Gobierno y la oposición parlamentaria, en medio de una lucha anticorrupción que ha llevado a la cárcel a la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori; la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y que amenaza con hacer lo propio con otras personalidades de la política y el empresariado nacional.