(CNN Español) – La sangre y el terror que han recorrido al departamento del Cauca, en el suroccidente Colombia, durante la última semana vuelve a recordar la historia de violencia que parece haberse ensañado contra este territorio desde que se desató el conflicto armado en el país. Primero fue el asesinato a tiros de cinco indígenas en Tacueyó, área de Toribío, cuando este martes habrían intentado impedir el ingreso de grupos armados a su territorio. Dos días después, se conoció el homicidio de cuatro personas que realizaban labores de topografía en Corinto y, en un hecho diferente, el hallazgo de un cadáver en el corregimiento de Huasanó.
Además, la Unidad Nacional de Protección dijo este sábado que un escolta fue asesinado por supuestos disidentes de las FARC.
Mientras el presidente Iván Duque anunció que enviará 2.500 militares y pidió el traslado a la región del ministro de Defensa Guillermo Botero y del comandante de las Fuerzas Militares, autoridades indígenas han rechazado la presencia de las tropas en el territorio. La Asociación de Cabildos Indígenas (ACIN) publicó este jueves en Twitter que “la comunidad de Tacueyó y proyecto nasa en asamblea extraordinaria dijo no más actores armados en nuestros territorios, sean legales o ilegales”.
En ese sentido, Diego Jaramillo, de la Red de Derechos Humanos del Cauca, le explicó a CNN en Español que en el territorio hay preocupación por las consecuencias de aumentar el pie de fuerza. “El temor de las comunidades es que el incremento militar, como se ha anunciado, radicalice mucho más la reacción de las organizaciones armadas en contra de la población”, indicó. Y agregó que “se ha visto muchas veces que el Ejército entra en la zona y no respeta la jurisdicción indígena, ni la autoridad indígena”.
¿Asesinatos aislados? No, según las cifras
Las dos masacres perpetradas esta semana en el Cauca también han llevado a que los organismos internacionales vuelvan su mirada a la región y expongan escenarios preocupantes. Por ejemplo, la portavoz de la de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, aseguró este miércoles que en lo que va del año la entidad ha documentado 52 asesinatos en territorios nasa, una de las comunidades indígenas del territorio. Once de esas personas asesinadas eran defensores de derechos humanos. Y justamente, un comunicado de esta dependencia de la ONU, destaca que “los defensores y defensoras de los derechos de pueblos indígenas, en particular, han sido acosados y atacados violentamente por su labor”. Hurtado añadió que el Cauca cada vez es más afectada por la violencia que viene de grupos criminales contra los pueblos indígenas que intentan evitar que entren y operen en sus territorios ancestrales”.
Lamentablemente, no es una situación reciente. Desde noviembre de 2018, la Defensoría del Pueblo alertó sobre los peligros en el territorio: según sus cifras, el Cauca ocupa el primer lugar a nivel nacional en las estadísticas de líderes y defensores de derechos humanos asesinados con 83 casos entre el 1 de enero de 2016 al 22 de agosto de 2018. Y se agrava al detallarse que en 2017, de los 30 líderes víctimas de homicidio en el departamento el 15 eran indígenas.
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A eso hay que sumarle que el total de asesinatos registrados en el departamento para 2018 aumentó en más del 50% con respecto a 2017, alcanzando 532 frente los 303 del año anterior, según datos de la Fiscalía General de la Nación. “Las cifras de homicidios del año 2018 presentaron un incremento luego de ocho años de continuo descenso. La reactivación de los enfrentamientos armados en el territorio colombiano, parece ser la causante de este incremento”, explico la entidad.
Walter Aldana, exasesor de paz del Departamento del Cauca, le dijo a CNN en Español que otro factor preocupante es no conocer con exactitud los grupos armados que están atacando a las comunidades. “No se sabe quiénes son, algunos se presentan sin nombre, otros como Pelusos, como fortalecimiento del ELN o como disidencias de las FARC. La comunidad tiene la incertidumbre de saber quiénes son los hombres armados y esto lleva a que el silencio se convierta en el seguro de vida: ‘yo no digo nada, yo no he visto nada’. Es una característica tenaz de la guerra”, explicó.
Los cultivos de coca, una disputa forjada con violencia
Aldana, quien trabajó en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito tras los acuerdos de paz del gobierno de Colombia y las FARC, señaló que la salida de esta guerrilla de zonas que históricamente había controlado dio espacio a que llegaran nuevo grupos armados cuyo principal objetivo tiene que ver con la droga y las rutas que permiten su salida. Lo cual lleva inherente un tema social. En sus palabras: “los grupos armados no van a permitir que nadie se oponga a su proyecto ligado fundamentalmente a los cultivos ilícitos”, incluyendo a las autoridades indígenas.
Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicado en 2018, registró que el Cauca es uno de los mayores productores de hoja de coca de Colombia. Y, al producirse el repliegue de las FARC, “y su retiro de la economía ilícita local, estos municipios registran un proceso de recomposición de poderes y control con disputas entre nuevos y viejos actores armados, legales e ilegales. Y en medio de esa conflictividad violenta se presenta una ofensiva de control militar del Estado y de oferta con los programas de sustitución o de erradicación forzada”.
En la actualidad, una vez se produjo el repliegue de las FARC y su retiro de la economía ilícita local, estos municipios registran un proceso de recomposición de poderes y control con disputas entre nuevos y viejos actores armados, legales e ilegales.
Este análisis es compartido por Jaramillo, quien destaca que la aparente tranquilidad en los primeros meses tras la firma del acuerdo y al desmovilización de las FARC “fue el tiempo que se dieron las organizaciones armadas para encontrar los territorios de los que la guerrilla había salido y son zonas donde está la minería, la producción de coca, la marihuana. Además de la cercanía al Pacífico para sacar la droga”. Según destaca, desde el año pasado y en lo corrido de 2019 el tipo de acciones en contra de la población y organizaciones sociales ha ido incrementando como consecuencia de esta situación. También destaca que en el territorio se oye decir a algunos que se encuentran “peor que cuando las FARC estaban aquí”.
Aldana añade que hay unas nueva variedades de hojas de coca que hacen que la productividad de cultivares sea mayor, llegando casi al 50%. “Si antes una hectárea producía 350-400 arrobas, ahora puede producir 700 o 750”, señala antes de añadir que ahora al año se pueden producir entre cuatro o cinco cosechas, con un precio del producto que ha aumentado considerablemente. Sin embargo, aclara que el problema no son los cultivos ilícitos en sí, sino la atención que el gobierno le está dando a la región. Primero porque, asegura, hubo fallas en la implementación para la sustitución voluntaria de cultivos, pues el Estado solo logró atender a un bajo porcentaje de familias, y segundo porque la única solución no puede ser que el Ejército entre para “combatir el narcotráfico”, cuando lo que termina haciendo es “golpear la autonomía de las comunidades”.
Entre el Bloque Calima de las AUC y las FARC sembraron el terror durante décadas
El conflicto armado colombiano arrasó con esta región, en las que se registran 257.234 víctimas, según cifras de la Unidad de Víctimas al 1 de octubre de 2019. De ellas, 21.536 sufrieron directamente desaparición forzada u homicidio.
El Cauca fue el departamento que sufrió más incursiones guerrilleras entre 1965 y 2013, con un total de 309, seguido por el Amazonas con 252, de acuerdo al informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Tomas y ataques guerrilleros. La mayoría de ellas fueron de las FARC.
La explicación, según la entidad, es que las acciones obedecieron a la lógica de las FARC de “mantener despejado de fuerza pública un corredor de movilidad que comunicara el norte del Cauca con los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, y Huila” y además “profundizar el influjo en zonas indígenas con la aspiración de adherirlas a su agenda política”.
Justamente, desde los primeros años de esta guerrilla el Cauca estuvo entre sus planes pues desde 1969, cuando se realiza la tercera conferencia en la región del Guayabero, se despliega fuerza hacia este departamento, enfatizando en la importancia de la guerrilla móvil.
Pero la arremetida guerrillera no fue lo único que sufrió la zona. Los paramilitares también quisieron tener presencia en el territorio, más específicamente desde el año 2000 con la expansión del Bloque Calima. Su objetivo en este caso fue la “la adquisición de predios en la zona del norte del Cauca y Jamundí y en la consolidación de un corredor para la salida de droga hacia el Pacífico”, para así disputarles el “negocio” a las FARC, como registró el Centro Nacional de Memoria Histórica.