Nota del editor: Vaclav Masek Sánchez recibió su maestría en el Centro para Estudios Latinoamericanos y el Caribe (CLACS) de la Universidad de Nueva York (NYU), donde actualmente es instructor adjunto. Su investigación académica se centra en las historias políticas en Centroamérica.
(CNN Español) – Aunque las convulsiones sociales recientes se concentran en Sudamérica, la efervescencia en Guatemala, Honduras y especialmente Nicaragua apuntaría a que la región será la siguiente en llegar a un punto de inflexión.
En algunos rubros, los escenarios en cada país representarían una aberración para cualquier latinoamericano actualmente involucrado en una lucha en favor de los ideales democráticos y por la igualdad. Pero el burdo liderazgo político sigue poniendo a prueba la capacidad de indignación de los centroamericanos.
Y es que los hechos en la región, que ya llevan siendo statu quo durante la mayor parte de la década, remiten a pasajes de ficción literaria.
En Guatemala, el gobierno saliente, que será recordado como uno de los peores de la historia, continúa gozando del largo período de transición para salvar su propio pellejo realizando ademanes circenses en la legislatura.
Como si la espera no ha sido lo suficientemente destructiva para los pocos avances logrados en la última década, un grupo de diputados de múltiples bancadas—una nefasta amalgama de tránsfugas, dinosaurios e incompetentes—pretende modificar las leyes para protegerse de cualquier investigación en su contra. De paso, dejarían un vacío legal para que opere libremente el crimen organizado. Estafadores, extorsionistas y diputados, los únicos ganadores del régimen de la impunidad que vuelve a instaurarse de facto y de jure en el país.
Mientras tanto, la factura que deja la administración de Jimmy Morales es una deuda social intergeneracional. La tasa de desnutrición crónica infantil aumentó, entre 2018 y octubre de 2019, en 18 de los 22 departamentos de Guatemala.
Los niños del interior del país se mueren de hambre y si sobreviven, trabajan desde pequeños en el campo. En el peor de los casos, se quitan la vida por presiones laborales, como lo hizo Fredy Oswaldo Xicol Caal, un niño de 9 años, en una finca de café en Baja Verapaz.
En El Salvador, donde los índices de violencia continúan a la baja y la aprobación del presidente sigue sobresaliente, las sospechas comienzan a surgir. ¿Qué ha hecho Bukele para lograr esto? El índice de homicidios en el país ha disminuido progresivamente desde que el joven presidente asumió el mando e implementó el Plan de Control Territorial, que invertirá US$ 31 millones en operativos policíacos en El Salvador.
Y como menciona el cronista Óscar Martínez en su reciente columna de El País, los salvadoreños le piden al gabinete de seguridad “mano dura, ministro; mano dura presidente.”
Con apenas cinco meses, el gobierno de Bukele es indescriptible desde un punto de vista técnico. Claramente, se opone al bolivarianismo de la década pasada y corteja con Washington, logrando pactar con la administración de Trump una módica extensión para los tepesianos salvadoreños. Su nivel de conservadurismo se evidenciará en temas como la poca protección a la comunidad LGTBQ, a los agricultores y los defensores de derechos humanos.
En Honduras algunos se preguntan si el suyo es un país controlado por el narcotráfico y los militares y si el narcoestado ha pasado de ser un concepto que circulaba por círculos tildados de cínicos a ser una realidad a toda luz. Y es que, aunque el presidente no enfrenta cargos, a su hermano lo encontraron culpable de todos los cargos que se le presentaron incluido transportar drogas a Estados Unidos.
Mientras tanto, el gobierno de Juan Orlando Hernández otorgó un insólito contrato millonario al ejército, concediéndole la potestad de desarrollador agrícola en el interior. Regresa el papel protagónico de las fuerzas armadas.
En Honduras, la llama de protesta desfallece, pero no se apaga. La reciente sentencia a 7 personas por el asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres dejó un sabor agridulce. Su familia critica que quienes cree que son los verdaderos responsables de su muerte sigan en la calle.
Agitan la llama el asesinato del periodista José Arita, a quién lo esperaban cuatro sicarios a la salida de la estación Canal 12 en Puerto Cortés. Y pensar que sólo 7 de los 84 asesinatos a periodistas han sido resueltos desde 2001, según lo afirmado por Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras.
En Nicaragua, la gente ha sido llevada al hartazgo por el orteguismo, cuyo proyecto emancipatorio del siglo pasado se transformó en dictadura en 2018 por los afanes personalistas de su cúpula de poder. Este pasado 15 de noviembre, el gobierno detuvo al menos 11 personas por llevar agua a las madres de presos políticos en huelga de hambre en una iglesia de Masaya.
Mientras se enfoca en la represión interna, Ortega cierra Nicaragua al escrutinio extranjero. Tras haber negado el ingreso a la comisión especial de la OEA en septiembre, esta vez le tocó ser rechazado a Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado de España, país que busca sancionar económicamente al régimen represivo.
Y de paso, Ortega confirma al general de las Fuerzas Armadas, quien en 2025 cumpliría su decimoquinto año como comandante en jefe del Ejército. Mientras tanto, la iglesia en Masaya que refugia a las madres de los presos políticos fue dramáticamente asediada por fuerzas policiales.
Cabe preguntarnos por qué parece importarnos tan poco que los militares estén operando en los más altos sectores del gobierno o que el personal castrense ocupe puestos que en democracias son normalmente guardados para los civiles. ¿Es esto “normal”?
¿O acaso también hemos normalizado la incursión del narcotráfico en la administración pública?
¿Nos parece “normal” que los congresistas se receten amnistías mientras lo población infantil literalmente muere de hambre?
La indecencia de aquellos que se lucran con el compadrazgo criminal disfrazado de gobierno es equiparable a la desvergüenza de quienes se aferran desquiciadamente al poder y reprimen a la sociedad civil. La lucha contra la impunidad no puede ser otro capítulo incompleto en la nefasta historia de nuestra región.
Mientras muchos movimientos sindicales y campesinos, defensores de los derechos humanos, ambientalistas y protectores del agua ya están en la calle, ¿cuándo se van a levantar los centroamericanos acomodados y la clase media urbana?. El exvocero del gobierno, Fernando Barillas, calificó de “impávida y ausente” a la ciudadanía guatemalteca por los aconteceres actuales. Los hitos de 2015, donde los guatemaltecos sacaron a su gobierno a viva voz, ahora se ven lejanos.
Las mujeres han sido las primeras en tomar las calles del país, manifestándose en contra de la violencia de género llevando a cabo el performance originado por el Colectivo Las Tesis frente al Palacio de Gobierno de la capital.
Y los demás centroamericanos, ¿cuándo vamos a dejar atrás el miedo y la indiferencia?
Esta realidad remonta a una ficción de Gabriel García Márquez, quién decía en un cuento que “algo muy grave va a suceder en este pueblo”.
¿Y si sí pasa y nadie hace algo?