(CNN Español) – Las víctimas de desplazamiento forzado podrán recibir protección del Estado, según lo establece la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno que fue aprobada este jueves por la Asamblea Legislativa de El Salvador.
La norma, aprobada con 82 de 84 votos posibles, busca garantizar los derechos de las víctimas y también deja claro que las autoridades deben procurar que las familias obligadas a abandonar su vivienda por amenazas del crimen organizado o las pandillas puedan retornar a su lugar de origen o reubicarse en otro que cuente con las garantías de seguridad y dignidad necesarias.
“El desplazamiento forzado ha afectado a niños y jóvenes que han dejado sus estudios porque tuvieron que moverse”, explicó el diputado Mario Tenorio del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
El texto aprobado por los diputados también tiene como propósito la reunificación familiar y protección especial para que las personas puedan continuar con su vida.
“La ley establece que una persona no va a perder su trabajo porque tiene que moverse de lugar de residencia. Se deben buscar las alternativas”, agregó Tenorio.
La reglamentación aprobada por los diputados contempla la creación de albergues temporales para resguardar a las personas que sean protegidas.
“Muchas familias abandonan sus hogares porque buscan proteger a sus hijos para evitar que sean atacados por las pandillas”, aseguró Rodrigo Ávila, del partido Alianza Republicana y Nacionalista (ARENA)
Los diputados esperan que el Ministerio de Hacienda incluya en el presupuesto de 2021 los fondos necesarios para su aplicación.
La Asamblea Legislativa comenzó el estudio de esta ley por orden de la Corte Suprema de Justicia que en julio de 2018 emitió una sentencia en la que amparó a una familia que vivió dos desplazamientos forzados.
En esa sentencia los magistrados de la Sala de lo Constitucional ordenaron al gobierno a reconocer la existencia de este problema y a los diputados a legislar sobre esta materia.
Por su parte, Cristosal, una organización con presencia en El Salvador, Honduras y Guatemala, pidió al presidente Nayib Bukele que no vete la ley.
Celia Medrano, directora de esta organización que defiende los derechos de víctimas de la violencia, consideró que la ley reunía requisitos mínimos e hizo votos para su implementación.
Según el procedimiento de la creación de una ley, los diputados deben enviar el decreto a Casa Presidencial para que el mandatario observe, sancione o vete la normativa.