Nota del editor: Carlos G. Guerrero es presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano. Ha sido profesor adjunto de Derecho Administrativo en la Escuela Libre de Derecho (México) y ha colaborado como articulista en diversos medios como Revista Nexos, GTDT: Market Intelligence, Revista Internacional de Transparencia e Integridad, CNN en Español, entre otros. Es abogado y maestro en Gobierno y Administración Pública.
(CNN Español) – Un juez federal en México decidirá esta semana si el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, designó debidamente a María de la Luz Mijangos Borja como fiscal anticorrupción de la nación. Una resolución judicial podrá constatar el desdén por la participación ciudadana y por la transparencia de quien conduce la procuración de justicia en México.
Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de México, pasó a la historia como la primera persona que comandaría un nuevo y renovado órgano de procuración de justicia. Pocas semanas antes de su designación, en enero de 2019, el país entero fue testigo de cómo la Procuraduría General de la República –la de las prácticas deleznables y la protección presidencial continua– cambiaba de piel para convertirse en una fiscalía autónoma e independiente del poder político.
Pero el augurio no era del todo esperanzador para quienes habían seguido la designación del titular de la Fiscalía General de la República, pues no solamente la terna había sido integrada por personas afines al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sino porque Gertz Manero era en ese momento el encargado de la Procuraduría. Se concretó así el “pase automático” y con ello, lo que a mi juicio sería la materialización del primer acto de corrupción del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación –como el primer mandatario denomina a su gestión–.
El árbol ya había empezado a crecer torcido y sus frutos no podían haber sido perfectos ni puros. Con el desarrollo de la gestión de Gertz, el intocable, habrían, al parecer, también empezado a reproducirse actos viciados y negligentes en la conformación de los equipos y en la designación de los titulares de las Fiscalías Especializadas.
Las Fiscalías Especializadas, por disposición de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, deben ser independientes. No serían simples subprocuradurías al servicio del procurador, sino Fiscalías Especializadas con facultades especiales y con autonomía técnica y de gestión.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no era la excepción. Como el órgano más importante del país en la lucha contra el fenómeno de la corrupción –es el brazo del Estado que investiga delitos de corrupción y los castiga con cárcel–, esa Fiscalía merecía contar con una cabeza que tuviera el consenso de la sociedad civil, en cuyo proceso de designación se respetaran los principios de transparencia proactiva y participación de todos los sectores para decidir qué persona era idónea para representar al Estado en esa tarea.
Ello no solamente era el deseo de los arquitectos de un nuevo paradigma en el combate a la corrupción, sino también una disposición expresa de los legisladores –incluso de una mayoría aplastadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente López Obrador–. La Ley Orgánica de la Fiscalía lo establece con claridad.
Sin embargo, nada de aquello fue respetado por el fiscal general de México. En un proceso plagado de irregularidades, en el que no hubo convocatoria pública, ni participación de organizaciones expertas, ni un resquicio de transparencia, menos aún de decisiones motivadas, fue como, al parecer con la complicidad del Senado de México –bajo una abrumadora mayoría de legisladores de Morena–, en marzo de 2019, fue elegida María de la Luz Mijangos Borja como la titular de la Fiscalía Anticorrupción.
Al llamado de tremendo acto de corrupción, la sociedad civil se mostró agraviada y perjudicada. A través de la organización Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, fue presentado un juicio impugnando el ilegal nombramiento ante la violación del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción y a contar con una buena administración pública.
El proceso, en el que el fiscal general y “su” fiscal anticorrupción han dejado claro que aquel tiene la facultad indelegable de nombramiento –sobre lo cual ninguna organización de la sociedad civil tiene derecho a intervenir, menos aún a cuestionar–, está a punto de llegar a su fin.
En esta segunda semana de enero de 2020, el juez décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México decidirá si el fiscal general de la República cumplió con los estándares internacionales y con la ley en materia de designaciones de altos cargos públicos de la Fiscalía. En el expediente, habría elementos suficientes para sentenciar al fiscal general a designar a una nueva persona bajo los parámetros que aseguren la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción de México.