Nota del editor: William S. Cohen sirvió como representante, senador, y secretario de Defensa entre los años 1972 a 2001. En 1973, como miembro de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, fue uno de los primeros republicanos en apartarse de la línea partidista y exigir el juicio político de Richard Nixon. Las opiniones expresadas en este comentario son propias del autor.
(CNN) – El Senado está sometiendo a juicio al presidente Donald Trump para determinar si falló en ejecutar de manera fiel las tareas de su alto cargo y cometió delitos procesables. El líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell ha declarado públicamente que no tiene intención de actuar con imparcialidad. Además, cree que el Senado no debería permitir la declaración de testigos adicionales ni que se les presenten más pruebas documentales a los senadores. En su opinión, el caso para el juicio político está cerrado.
Pero gracias a un pequeño grupo de republicanos liderados por los senadores Susan Collins y Lisa Murkowski, que parecen abiertas a ir contra de los deseos de McConnell, algunos de los testigos y documentos retenidos durante la investigación de la Cámara de Representantes podrían ser presentados durante el juicio en el Senado.
Si bien pocos creen que el Senado condenará al presidente de delito alguno y lo expulsará de su cargo, sigue teniendo una importancia crítica que el Senado ejerza su poder y responsabilidad asegurándose de que toda prueba relevante sea divulgada para que el pueblo estadounidense pueda estar plenamente informado de las acciones del presidente que no solo afectan directamente nuestra seguridad nacional sino también nuestro honor nacional.
Los hechos que están actualmente ante el Senado no están seriamente en disputa. En un llamado el 25 de julio de 2019 al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el presidente Trump indicó que estaba dispuesto a ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia, pero quería un favor a cambio, uno que implicaba que Ucrania investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter por posible corrupción.
Poco después del llamado, la ayuda asignada por el Congreso para Ucrania fue retenida. Múltiples testigos declararon bajo juramento que la asistencia no debía ser cedida hasta que Zelensky anunciara públicamente que abriría una investigación sobre los Biden.
El president Trump insiste en que el llamado telefónico a Zelensky fue “perfecto”, mientras que sus simpatizantes afirman que su llamado y acciones fueron completamente apropiados o que, en el peor de los casos, solo fueron imprudentes.
Al juzgar si el pedido del presidente –o su intención– fue inocente o corrupto, los senadores deberían considerar el comportamiento del presidente en el pasado.
Cuando Sally Yates, una funcionaria de carrera del Departamento de Justicia, le advirtió al presidente que el teniente general Michael Flynn tenía serios conflictos de intereses y no debía ser designado como consejero de seguridad nacional, ella comprendió que en el mundo del presidente Trump, toda buena acción es castigada. El presidente contrató a Flynn y se disgustó con Yates. Poco después la despidió por no defender su decreto de prohibición de ingreso a EE.UU.
Cuando el entonces director del FBI James Comey se negó a decir públicamente que Trump no era el objetivo en la investigación de la trama rusa, el presidente despidió a Comey.
Cuando el entonces secretario de Justicia Jeff Sessions se negó a revertir su retirada de la investigación de los contactos del presidente con Rusia, que lo hubiera capacitado para despedir al entonces fiscal especial Robert Mueller, el presidente despidió a Sessions.
Cuando el exdirector de Inteligencia Nacional Dan Coats se negó a respaldar la propaganda rusa de que fue Ucrania –y no Rusia– la que atacó nuestra democracia durante la elección del 2016 y presentó pruebas que contradecían las declaraciones públicas del presidente respecto de Rusia, Corea del Norte e Irán, el presidente criticó a Coats. Coats entonces renunció para no continuar siendo desautorizado y denigrado.
Cuando la distinguida diplomática Marie Yovanovitch comenzó a ser un obstáculo para que el presidente Zelensky cumpliera con lo que el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton había sugerido –según la ex principal experta sobre Rusia Fional Hill– que era un “negocio de drogas” político, Trump despidió a Yovanovitch.
Trump sabe que su presidencia ha sido manchada aún cuando el Senado no lo declare culpable
Los padres fundadores de EE.UU. sabían lo que significaba vivir bajo la bota del dominio imperial. Ellos también conocían la naturaleza humana y sabían que una ambición descontrolada en una sociedad libre puede conducir a la anarquía o a la tiranía. Entendían que el poder le debe ser confiado a alguien pero que no debe confiarse en nadie con poder.
El presidente Trump es sin duda el tipo de persona que los fundadores tenían en mente cuando le otorgaron el poder al Congreso de controlar a un presidente abusivo, un presidente que insiste en que no puede ser procesado por actividad criminal o ser investigado por mal comportamiento constitucional.
El Senado quizás intente terminar rápidamente con los Artículos de Juicio Político, y ofrezca múltiples justificaciones: la investigación de la Cámara de Representantes fue injusta; las pruebas obtenidas son insuficientes para probar un delito; el abuso de poder y la obstrucción al Congreso no están definidos en la Constitución como ofensas procesables; y que sería injusto que el Senado tome alguna acción para remover al presidente a tan solo 10 meses de la elección presidencial.
El estado de derecho es central para nuestra existencia como país democrático, el precepto que declara que nadie está por encima de sus prohibiciones y nadie está por debajo de sus protecciones. El estado de derecho debe ser más que un mantra que repetimos pero que no respetamos. Es el hilo invisible que cohesiona la Constitución, que une a un pueblo diverso en la causa de proteger nuestra seguridad colectiva y de preservar nuestras libertades personales. El pueblo estadounidense tiene el derecho de elegir a un presidente que es grosero, cruel e inmoral, pero el Congreso tiene el poder y el deber de remover a uno que ha corrompido su cargo al usarlo al servicio de sus ambiciones privadas.