Nota del editor: Steve Tobocman es exrepresentante de la Cámara por el estado de Michigan y presidente ejecutivo de Global Detroit, una organización sin fines de lucro enfocada en estrategias de desarrollo económico inclusivas para inmigrantes. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
(CNN) – El pasado 27 de enero, la Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino para la implementación de los cambios en la llamada regla de “carga pública”, que fueron impulsados por el gobierno de Donald Trump. Se trata de una modificación monumental en la política federal de inmigración que se proyecta puede impactar a unos 24 millones de estadounidenses y a otros millones más de personas que están buscando llegar a Estados Unidos.
Esencialmente, la nueva regla crea una prueba de riqueza para inmigrantes que se basa en factores como su edad, salud, educación, ingresos y recursos. Los funcionarios de inmigración de EE.UU. pueden usar los resultados de esta evaluación para negar las solicitudes de quienes buscan ser admitidos en el país o de aquellos que tratan de obtener la residencia permanente legal (comúnmente conocida como “green card”), bajo la probabilidad de que la persona se convierta en “carga pública” al necesitar beneficios del gobierno.
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Irónicamente, el cambio en la regla de carga pública de Trump promete devastadoras consecuencias económicas. En un informe publicado en noviembre de 2019, el Instituto de Política Fiscal, una organización de investigación independiente y no partidista, predijo que la nueva medida reduciría la economía del país en 24.000 millones de dólares al año, con una pérdida relacionada de 164.000 empleos en todo el país y detrimento de ingresos fiscales en todos los estados. Cuando Estados Unidos cierra sus puertas a quienes buscan oportunidades económicas y el “sueño americano”, así como a los que desean reunirse con la familia que ya está aquí, cerramos las puertas a las futuras generaciones de nuestra economía.
La nueva regla les permite a los funcionarios rechazar las solicitudes de residencia permanente o de inmigración de aquellos que algún día podrían usar beneficios públicos, llegando a sugerir incluso que solo las familias que ganan más del 250% del nivel federal de pobreza o 64.375 dólares para una familia de cuatro deben ser calificadas favorablemente al tomar decisiones de carga pública.
Más de media docena de apelaciones legales fueron presentadas cuando se anunció la medida y cinco tribunales de distrito otorgaron medidas cautelares temporales, lo que puso en pausa la implementación de la nueva regla de carga pública hasta que esos casos pudieran ser juzgados por completo. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema deja sin efecto esas medidas cautelares y permite los cambios entren en vigencia esta semana. Las apelaciones seguirán su curso en los tribunales federales, pero ahora millones de familias de EE.UU. pueden estar frente a la decisión de escoger entre acceder a alimentos, vivienda y beneficios de atención médica –a los cuales califican legalmente– o poder buscar cambios futuros en su estado migratorio, como solicitar una “green card”.
La regla de carga pública de Trump reestructura nuestra política nacional de inmigración. Estoy bastante seguro de que mi abuelo no habría pasado la prueba cuando llegó a Estados Unidos huyendo del antisemitismo (justo a tiempo para evitar el Holocausto) y sospecho que decenas de millones de estadounidenses también rastrean su linaje a familiares inmigrantes que no habrían podido demostrar ganancias que alcanzaran el tipo de umbrales implementados por la nueva medida.
Los economistas predicen (y los defensores afirman que ya lo han observado) que el cambio en la regla tendrá un “efecto paralizador” en las familias inmigrantes –incluidas aquellas con hijos que son ciudadanos estadounidenses–, disuadiéndolas de acceder a programas de vivienda, alimentación y nutrición, así como a atención médica, incluido el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés), al que tienen derecho legal. Este “efecto paralizador” ocurre porque, incluso si la nueva regla no les aplica a ellos, las familias inmigrantes pueden preocuparse de que el acceso a estos beneficios ponga en peligro su estatus legal.
El “efecto paralizador” también significa que menos familias inmigrantes accederán a estos programas y, por lo tanto, habrá menos gasto en las tiendas de comestibles donde se canjean los beneficios de la estampilla SNAP, así como a lo largo de la cadena de producción de alimentos, incluida la entrega, el almacenamiento, el procesamiento e incluso agricultura. Habrá menos gasto en vivienda. Los hospitales y otros proveedores de atención médica que atienden a los clientes de Medicaid y CHIP también pagarán costos significativos. La política aumentará la atención no compensada y la de de emergencias.
Pero los costos económicos reales son mucho mayores. De hecho, dar la bienvenida a los inmigrantes ha sido el motor de la prosperidad de Estados Unidos durante siglos. Cerrar esa puerta a todos aquellos que no pueden pasar una prueba de ingresos bastante sustancial cambia nuestro carácter nacional.