(CNN) – La Corte Suprema de Estados Unidos estableció este martes que los padres de un joven mexicano que murió en la frontera luego de que un agente de la Patrulla Fronteriza le disparara –desde territorio estadounidense– no pueden intentar demandar por daños al funcionario en tribunales de EE.UU.
El fallo representa una victoria para el agente y el gobierno de Estados Unidos, que argumentó que no debería permitirse el avance del caso. Esta decisión hará que sea más difícil para las personas demandar a los funcionarios federales cuando se violan sus derechos constitucionales.
La medida, que tuvo una votación 5-4, se dio bajo líneas ideológicas claras de los magistrados, con los cinco jueces conservadores de la corte poniéndose del lado del gobierno y los otros cuatro magistrados liberales manifestando su desacuerdo.
El juez Samuel Alito, escribiendo en nombre de la mayoría, dijo que “regular la conducta de los agentes en la frontera incuestionablemente tiene implicaciones de seguridad nacional” y que cualquier riesgo que pueda socavar la seguridad fronteriza proporciona “una razón para dudar”.
El magistrado conservador enfatizó en que las circunstancias que rodearon el caso fueron “trágicas”, pero señaló que es el Congreso el que debe actuar, en lugar de las cortes.
En 2010, Sergio Hernández, un adolescente mexicano de 15 años, estaba con sus amigos en una alcantarilla de cemento que separa El Paso, Texas, de Ciudad Juárez, México. La frontera internacional pasa justo en medio de la alcantarilla.
Los padres de Hernández dicen que su hijo y los demás estaban jugando a cruzar la frontera, tocar una valla y luego volver corriendo al suelo mexicano. Ellos acusaron a Jesús Mesa Jr., el agente de la Patrulla Fronteriza, de llegar al lugar y disparar fatalmente a su hijo mientras Mesa se encontraba en suelo estadounidense.
La familia quería demandar a Mesa por violar la Cuarta y Quinta Enmienda.
Según el gobierno, Mesa recurrió a utilizar la fuerza solo después de que Hernández se negara a seguir órdenes de dejar de arrojar piedras.
La jueza Ruth Bader Ginsburg, a la que se unieron los otros jueces liberales, estuvo en desacuerdo con el fallo y aseguró que la denuncia debería ser escuchado. Ginsburg también se refirió a los problemas en la frontera entre Estados Unidos y México que datan de hace casi una década
“Lamentablemente, la muerte de Hernández no es un incidente aislado”, escribió.
“Un informe revisó más de 800 denuncias de presuntos abusos físicos, verbales o sexuales presentados contra agentes de la Patrulla Fronteriza entre 2009 y 2012; en el 97% de las denuncias que resultaron en decisiones formales no se tomaron medidas”, agregó Ginsburg, refiriéndose a un documento presentado al alto tribunal.
Ginsburg también escribió que “todavía no hay una buena razón por la cual los padres de Hernández deben enfrentarse a que las puertas de los tribunales se les cierren”, y señaló que las circunstancias habrían sido diferentes si Hernández hubiera estado “subiendo o bajando por el lado estadounidense del terraplén”.
La ubicación de Hernández “en el momento preciso en que cayó la bala no debería importar un ápice”, continuó Ginsburg, llamando a Mesa, el agente, “pícaro”.
En desacuerdo con Alito, Ginsburg escribió que “ni la política exterior de Estados Unidos ni la seguridad nacional están en peligro por el litigio”.
El Departamento de Justicia se negó a presentar un cargo penal contra Mesa en 2012 y apoyó al agente en la corte, argumentando que la familia no puede acudir a los tribunales de Estados Unidos y demandar por daños y perjuicios.
El procurador general Noel Francisco instó a los jueces en un informe judicial que “imponer un remedio de daños a los extranjeros heridos fuera del territorio por parte de funcionarios del gobierno de EE.UU. implicaría consideraciones de política exterior que están comprometidas con las ramas políticas” y llevaría a los tribunales asuntos delicados de diplomacia internacional que “amenazarían con socavar la capacidad del gobierno de hablar con una sola voz en los asuntos internacionales”.