(CNN Español) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó el 19 de abril, a través de su cuenta de twitter, que recibió testimonios de defensores y víctimas que describen una nueva etapa de “represión estatal” en Nicaragua, desde el inicio de las protestas antigubernamentales que comenzaron en 2018.
La CIDH enlista 328 muertes, cerca de 2.000 heridos, miles de encarcelados, más de 100.000 exiliados, cientos de trabajadores despedidos, y más de 90 comunicadores y periodistas exiliados. El gobierno sólo reconoce 200 fallecidos, y ha hecho llamados a
los nicaragüenses para regresar al país de forma segura.
En un video publicado este domingo por CIDH en twitter Wendy Flores, defensora de derechos humanos exiliada en Costa Rica expresa que “desde junio de 2019 a la fecha hemos identificado que la represión se mantiene, principalmente en contra de los excarcelados,
en contra de los líderes. Además, según expresan hay limitaciones en el acceso a la educación, salud y acceso al trabajo para ellos y sus familiares”.
En el mismo video, Carmen Jirón, madre de un opositor detenido, pidió la libertad de su hijo en el contexto de la pandemia. “Nosotros como madres no podemos salir a la calle porque nos sigue la policía, no podemos salir a pedir la libertad de nuestros hijos, porque nosotros exigimos su libertad, aún en estos tiempos de pandemia”.
El presidente Daniel Ortega ha reiterado que su gobierno fue víctima de un fallido intento de golpe de Estado, financiado por Estados Unidos y apoyado por la Iglesia Católica. CNN ha buscado una reacción del gobierno de Nicaragua a estos mensajes de la CIDH,
a través del consejo de comunicación y ciudadanía que coordina la vicepresidenta Rosario Murillo, pero hasta el momento no responden a nuestra solicitud.
En su discurso de este 15 de abril, luego de 35 días de ausencia en el contexto de la pandemia mundial por coronavirus, minimizó el impacto del covid-19 en Nicaragua, aseguró que tenía los recursos técnicos, profesionales de la salud e insumos para responder
a la pandemia.
Agregó que no podía cancelar las actividades laborales y productivas porque el país se moriría.
La CIDH a través del mecanismo de seguimiento a Nicaragua, la OPS y la Oficina del alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos, ha hecho pública su preocupación por la falta de aplicación de medidas de distanciamiento social, transparencia
en la información pública y trazabilidad en los casos, también el acceso a pruebas de detección de covid-19.
Por su parte, Michael G, Kozak, secretario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó este domingo en su cuenta de twitter: “Patéticamente irónico, en momentos de la pandemia global de covid-19, Ortega desalienta uso de mascarillas protectoras del personal de salud, a la vez que obliga a sus matones a esconderse detrás de ellas, los nicaragüenses necesitan un gobierno responsable, no miedo e intimidación”.