(CNN Español) – El ministro de Salud de Bolivia, Marcelo Navajas, fue aprehendido este miércoles por la Policía en coordinación con la Fiscalía bajo cargos de delitos de corrupción pública. Navajas fue conducido hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para prestar declaración dentro de la investigación por la presunta compra irregular de 170 respiradores para la lucha contra el covid-19. Aún se espera la imputación formal por parte del Ministerio Público.
La aprehensión de Navajas fue confirmada a la prensa por el Comandante General de la Fuerza Espacial de Lucha contra el Crimen, coronel Iván Rojas.
Rosario Canedo, abogada del exministro, dijo en contacto con la prensa que su cliente es inocente de irregularidades en la adquisición de los respiradores y denunció que la detención de Navajas vulneró sus derechos. Además afirmó que sufrió violencia moral y psicológica.
Horas después, en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, informó que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, determinó apartar de su cargo a Navajas y a todos los funcionarios públicos que estén investigados por la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores.
Más temprano, Juan Lanchipa, fiscal general de Bolivia, anunció en una conferencia de prensa que se ha instruido a la Fiscalía departamental de La Paz la realización de una investigación de los autores y partícipes en la adquisición de 170 respiradores de procedencia española que realizó el Ministerio de Salud en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país por el covid-19.
El fiscal general también se refirió a las detenciones que tuvieron lugar el martes del director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y del director de la Agencia de Infraestructura en Salud Equipamiento Médico, Giovanni Pacheco, además de otros dos funcionarios de esa dependencia. Todos serán puestos a consideración de la autoridad jurisdiccional para definir su situación procesal.
La abogada defensora de Giovanni Pacheco, Rosvi Zapata, dijo en contacto con el canal estatal este miércoles que su cliente es acusado por contratos lesivos al estado, pero que, en este caso, él es solo un ejecutor de las disposiciones del Ministerio de Salud. Los defensores de los otros detenidos aún no se han pronunciado.
El pasado 18 de mayo, en conferencia de prensa, el ahora exministro Navajas negó que hubiera sobreprecio en la compra de los respiradores, pero reconoció que se pagaron 27.683 dólares por cada uno de ellos.
“Los compramos por un monto de 27.683 dólares la unidad a través del Banco Interamericano de Desarrollo, cumpliendo con los procedimientos establecidos con el Decreto Supremo 4274 del 4 marzo del 2020, que autoriza la adquisición directa de equipos para la atención de la emergencia sanitaria,” dijo Navajas.
El fiscal general agregó: “La comisión de fiscales establecerá el grado de participación de cada uno de los involucrados y vinculados en el flujo del proceso de contratación de compra directa, desde la unidad solicitante hasta la conclusión del proceso de adquisición; además de la participación de servidores públicos bolivianos en el exterior, vía Cancillería, si efectivamente existe la participación de empresas intermediarias, número de proveedores que se presentaron. Adicionalmente vamos a solicitar, por las instancias diplomáticas, un informe al Banco Interamericano de Desarrollo” (sic).
A través de un mensaje grabado, Áñez manifestó su indignación y molestia por la presunta corrupción e instó a que se realice una investigación transparente “caiga quien caiga”.
La mandataria se comprometió a “trabajar para que cada centavo que se hubiera robado sea devuelto”. Dijo, además, que impulsará que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de este presunto hecho de corrupción.